JOSÉ MARÍA RUIZ SOROA
EL PAÍS - Opinión - 26-08-2010
Supongamos, que ya es mucho suponer, que es posible un debate público sobre la fiscalidad en España con unos gobernantes socialistas que en menos de dos años han pasado de decir que se podía devolver a los ciudadanos parte de sus impuestos, porque sobraba recaudación, a afirmar ahora que los ciudadanos pagan pocos impuestos para financiar los servicios públicos. Supongamos, que ya es mucho suponer, que es posible un debate sobre la cuestión con unos gobernantes que utilizan como argumento el dato bruto de la presión fiscal comparada entre países distintos, cuando cualquiera sabe hoy que la única comparación válida entre países es la del índice de esfuerzo fiscal de la población, ese que tiene en cuenta la distinta capacidad para pagar impuestos en función de la renta disponible.
Pues bien, aun suponiendo lo anterior, resultaría que a los ciudadanos nos falta un elemento de juicio esencial para poder debatir razonablemente sobre la relación entre impuestos y servicios públicos, un elemento que se nos oculta con alevosía y premeditación por nuestros gobernantes de toda laya, sean los estatales, los autonómicos o los locales. Hablo de los datos económicos sobre la eficiencia del gasto público en la prestación de los diversos servicios, es decir, de los datos que nos muestren cuánto invierten nuestras Administraciones Públicas para lograr unos determinados servicios, cuál es el coste comparativo de un mismo servicio tal como una operación cardiaca concreta prestado en España o en Suecia, o en Bilbao y Sevilla. Porque hablar solo del volumen del gasto público, sin contar con los datos mínimos acerca de la eficiencia de ese gasto, es un diálogo de tontos.
En uno de los pocos sectores en que existe una comparativa internacional continuada en el tiempo acerca de resultados del gasto público a nivel internacional, como es el sector de la enseñanza no universitaria, los sucesivos Informes PISA han puesto de manifiesto que no existe relación ninguna entre volumen total del gasto público por alumno y la competencia cognitiva o aprovechamiento obtenido por éstos (Julio Carabaña). Que hay países, como Dinamarca y Noruega, que obtienen peores resultados que otros que invierten mucho menos que ellos, como la República Checa. Que hay Comunidades Autónomas que invierten 8.858 euros anuales por alumno (País Vasco) y obtienen peores resultados que otras que invierten 5.791 (La Rioja). Que la enseñanza concertada obtiene los mismos resultados educativos que la pública con un coste inferior en más de un 40%. Vamos, que la calidad de los servicios públicos no depende en exclusiva del volumen global de la financiación a ellos destinada, sino también depende mucho de la eficiencia de la organización y gestión del servicio.
Y sobre este punto carecemos de datos: con lo que llegamos a la escasamente democrática situación de que a los ciudadanos se nos piden los impuestos, pero no se nos facilitan a cambio los índices de eficiencia comparativa de los Gobiernos en la gestión de esos impuestos. Se nos trata en esta cuestión (mejor dicho, nos dejamos tratar) como súbditos y no como ciudadanos.
En una reciente obra sobre la financiación de las autonomías, el hacendista Carlos Monasterio ha puesto de manifiesto la perversión a que ha conducido la falta de información contrastada y fiable sobre el grado de eficiencia en la gestión de los servicios públicos por los Gobiernos autonómicos, que son los que prestan la mayor parte de ellos (sanidad y educación, por ejemplo). Los ciudadanos carecemos de la información mínima para juzgar la gestión de nuestros respectivos Gobiernos, no sabemos si lo hacen peor o mejor, no podemos someterles a un verdadero juicio político en su gestión. Esa famosa democratic accountability que los políticos no se quitan de la boca en sus discursos, la hacen en realidad imposible en su práctica cotidiana.
Es más, nuestros gobernantes autonómicos han conseguido algo verdaderamente pasmoso: no solo que no podamos juzgar su gestión y corregirla en su caso en las urnas, sino que han logrado que el debate público se desplace siempre a la presunta cicatería de la Administración Central en la financiación. El mensaje que propalan y que ha calado en un público indefenso es el de que cualquier deficiencia de gestión se debe a una insuficiente provisión de financiación procedente del Estado, nunca a su gestión mejor o peor del dinero a su disposición. Con lo que el juego político permanente que presenciamos es el de la permanente renegociación de la distribución de recursos entre Estado y Comunidades, como si esa fuera la cuestión relevante y no la gestión que realmente se hace de los recursos disponibles.
Para poder establecer un debate público serio e informado sobre impuestos y servicios públicos es preciso que los gobernantes nos muestren la parte de la cuestión que sistemáticamente nos ocultan: la de sus índices de gestión y resultados. Sin ellos lo que tenemos no es debate, sino palabrería barata.
http://www.elpais.com/solotexto/articulo.html?xref=20100826elpepiopi_5&type=Tes&anchor=elpepiopi
jueves, 26 de agosto de 2010
Denuncian a la fiscalía el relleno de arena en la playa de San Lorenzo
El relleno de arena que la Dirección General de Costas tiene previsto iniciar en septiembre para «regenerar» la playa de San Lorenzo tras la pérdida de soporte que ha sufrido en los últimos meses ya cuenta con su primer obstáculo legal. Marcelino Laruelo Roa, escritor y antiguo líder obrerista, ha presentado ante la fiscalía de Medio Ambiente una denuncia para que se frene lo que denomina como la «mediterraneización» de la bahía gijonesa. Según alega en su demanda -que se añade a la presentada contra la extracción de 24 millones de metros cúbicos del mismo material para la ampliación de El Musel-, la principal playa del concejo no necesita «recuperar su imagen» mediante un vertido que «la transformará en algo nuevo y radicalmente diferente en beneficio de los intereses crematísticos de unos cuantos».
La Dirección General de Costas anunció en el mes de julio que procedería al aporte de 155.000 metros cúbicos de arena en San Lorenzo tras las pérdidas sufridas durante el invierno y por las riadas que provocaron las fuertes lluvias del mes de junio. Esta operación, que está prevista para dentro de unas semanas y tendrá un coste de 2,6 millones de euros, aparecía incluida en el estudio de impacto ambiental que la Autoridad Portuaria presentó para las obras de ampliación de El Musel. Sin embargo, Laruelo Roa considera que su finalidad es «elevar el nivel de la arena en unos cinco metros de altura para tratar de crear una franja de unos treinta metros de ancho a lo largo de la concha, que no alcance a cubrir la mar en las pleamares».
El denunciante vincula estos trabajos con el proyecto aprobado en la década de los 80 por el PSOE, Izquierda Unida y el CDS para construir un dique «semisumergido» que evitara las pérdidas de áridos en San Lorenzo. «Ahora ya no les hace falta dicho dique porque con la ampliación del puerto se ha construido otro quince veces mayor», señala Laruelo Roa. El escritor utiliza este punto para lanzar un duro ataque político a los impulsores de ese viejo plan, que «han ascendido puestos en el escalafón». En este sentido, señala que el entonces alcalde, Vicente Álvarez Areces, «es ahora presidente autonómico asturiano» y los que «entonces aparecieron como autores-padres del proyecto, Miguel Velasco y Ramón Galán son subdirector general de Sostenibilidad de las Costas, en el Ministerio, y jefe de la Demarcación de Costas de Asturias, respectivamente».
Para justificar su escrito, el denunciante incluye además varios estudios que defienden que las labores de extracción de arena para la construcción del superpuerto no acarrearían problemas para la playa de San Lorenzo. Ahora, la fiscalía de Medio Ambiente tendrá la última palabra sobre las labores previstas tras la temporada de baños
http://www.lne.es/gijon/2010/08/26/denuncian-fiscalia-relleno-arena-playa-san-lorenzo/959639.html
La Dirección General de Costas anunció en el mes de julio que procedería al aporte de 155.000 metros cúbicos de arena en San Lorenzo tras las pérdidas sufridas durante el invierno y por las riadas que provocaron las fuertes lluvias del mes de junio. Esta operación, que está prevista para dentro de unas semanas y tendrá un coste de 2,6 millones de euros, aparecía incluida en el estudio de impacto ambiental que la Autoridad Portuaria presentó para las obras de ampliación de El Musel. Sin embargo, Laruelo Roa considera que su finalidad es «elevar el nivel de la arena en unos cinco metros de altura para tratar de crear una franja de unos treinta metros de ancho a lo largo de la concha, que no alcance a cubrir la mar en las pleamares».
El denunciante vincula estos trabajos con el proyecto aprobado en la década de los 80 por el PSOE, Izquierda Unida y el CDS para construir un dique «semisumergido» que evitara las pérdidas de áridos en San Lorenzo. «Ahora ya no les hace falta dicho dique porque con la ampliación del puerto se ha construido otro quince veces mayor», señala Laruelo Roa. El escritor utiliza este punto para lanzar un duro ataque político a los impulsores de ese viejo plan, que «han ascendido puestos en el escalafón». En este sentido, señala que el entonces alcalde, Vicente Álvarez Areces, «es ahora presidente autonómico asturiano» y los que «entonces aparecieron como autores-padres del proyecto, Miguel Velasco y Ramón Galán son subdirector general de Sostenibilidad de las Costas, en el Ministerio, y jefe de la Demarcación de Costas de Asturias, respectivamente».
Para justificar su escrito, el denunciante incluye además varios estudios que defienden que las labores de extracción de arena para la construcción del superpuerto no acarrearían problemas para la playa de San Lorenzo. Ahora, la fiscalía de Medio Ambiente tendrá la última palabra sobre las labores previstas tras la temporada de baños
http://www.lne.es/gijon/2010/08/26/denuncian-fiscalia-relleno-arena-playa-san-lorenzo/959639.html
martes, 17 de agosto de 2010
Decreto 109/2010, de 4 de agosto, de estructura orgánica básica de la Consejería de Educación y Ciencia.
El Decreto 36/2009, de 27 de mayo, establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Educación. Con posterioridad es objeto de dos modificaciones sucesivas por sendos decretos 108/2009 y 5/2010. Consolidada ya la estructura, y con el fin de optimizar los recursos humanos y económicos de la Consejería de Educación y Ciencia, se estima conveniente abordar una nueva distribución de competencias que permita, a través de una simplificación de la estructura existente, conseguir los objetivos encomendados con una mayor eficacia.
Para ello se propone un nuevo esquema en el que, junto a la supresión de la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología, se contempla la reunificación de las competencias antes atribuidas tanto a la Dirección General de Planificación, Centros e Infraestructuras como a la Dirección General de Personal Docente en una única Dirección General (Dirección General de Planificación Educativa y Personal Docente), dada la clara interrelación entre ambas, con el fin de conseguir una gestión integrada en este ámbito. Asimismo, se suprime el Servicio de Enseñanzas Artísticas, cuyas competencias se integran dentro de la estructura ya existente.
Por este motivo, se ha optado por aprobar un nuevo Decreto en lugar de modificar el ya existente, dada la entidad de la reestructuración que se acomete, y toda vez que el Decreto 36/2009, de 27 de mayo, ya ha experimentado dos modificaciones.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Educación y Ciencia, y previo Acuerdo del Consejo de Gobierno, en su reunión de 4 de agosto de 2010.
DISPONGO
I.—ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA CONSEJERÍA
Artículo 1.—Estructura general.
1. La Consejería de Educación y Ciencia se estructura para el desarrollo de sus funciones en los siguientes órganos administrativos, bajo la inmediata dirección de su titular:
a) Órganos centrales:
1º. Secretaría General Técnica.
2º. Dirección General de Planificación Educativa y Personal Docente
3º. Dirección General de Políticas Educativas, Ordenación Académica y Formación Profesional.
4º. Dirección General de Universidades.
b) Como órganos de asesoramiento y apoyo se hallan adscritos a la Consejería de Educación y Ciencia, los siguientes:
1º. Consejo Escolar del Principado de Asturias.
2º. Consejo Asturiano de Formación Profesional.
3º. Consejo Asturiano de Ciencia, Tecnología e Innovación.
2. Directamente dependientes del titular de la Consejería de Educación y Ciencia existirá un Servicio de Inspección Educativa y una Oficina de I+D+i, esta última con nivel orgánico de Servicio.
3. Para asistir a quien sea titular de la Consejería en la determinación de las directrices de actuación de los Centros directivos y en la coordinación de las actuaciones de la Consejería, funcionará, como órgano interno, un Consejo de Dirección que estará presidido por el titular de la Consejería y del que formarán parte quienes sean titulares de los órganos centrales, y en su caso, desconcentrados de la Consejería, con rango al menos de Dirección General, sin perjuicio de la asistencia a sus reuniones del personal que, en cada caso, sea convocado por la Presidencia.
II.—SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
Artículo 2.—Funciones y estructura.
1. Corresponde a la Secretaría General Técnica la dirección de los servicios comunes y, más concretamente, el ejercicio de las siguientes funciones:
a) Estudio, informe y, en su caso, elaboración de los proyectos de disposiciones de carácter general que corresponda dictar o proponer a la Consejería, así como la realización de informes relativos a los asuntos que se sometan al Consejo de Gobierno, Comisiones Delegadas y Comisión de Secretarios Generales Técnicos por la Consejería. A estos efectos coordinará las iniciativas normativas del resto de los órganos del departamento.
b) La realización de estudios e informes en las materias competencia de la Consejería.
c) Seguimiento, análisis y control de la ejecución presupuestaria.
d) La gestión y administración, con carácter general, de los recursos humanos adscritos a la Consejería y cuya competencia no esté atribuida a otros órganos del Departamento, sin perjuicio en todo caso de la jefatura inmediata de quienes ostenten la responsabilidad directa de los distintos órganos, así como la coordinación de la elaboración de las relaciones de puestos de trabajo de la Consejería.
e) La actuación como órgano de comunicación general de la Consejería con las demás que integran la Administración del Principado de Asturias y con otras Administraciones Públicas, organismos y entidades públicas y privadas, sin perjuicio de las competencias asignadas a otros órganos directivos adscritos a la Consejería de Educación y Ciencia.
f) En general, las funciones de gestión de régimen interior, gestión de personal, contratación, control y coordinación de los servicios de la Consejería así como cuantas funciones no estén encomendadas a los restantes órganos centrales.
2. Dependen de la Secretaría General Técnica las siguientes unidades administrativas:
a) Servicio de Asuntos Generales.
b) Servicio de Contratación y Responsabilidad Patrimonial
c) Servicio de Apoyo Técnico.
Artículo 3.—Servicio de Asuntos Generales.
El Servicio de Asuntos Generales tendrá a su cargo las funciones referidas al régimen interior de personal no docente y en general cuantas funciones relacionadas con la gestión interna de la Consejería no estén atribuidas a los restantes órganos de la Secretaría General Técnica.
Artículo 4.—Servicio de Contratación y Responsabilidad Patrimonial.
El Servicio de Contratación y Responsabilidad Patrimonial tendrá a su cargo las funciones referidas a la tramitación de expedientes de contratación administrativa, responsabilidad patrimonial en el ámbito educativo y expropiaciones.
Artículo 5.—Servicio de Apoyo Técnico.
Corresponde al Servicio de Apoyo Técnico la ordenación de los trámites, el seguimiento, análisis y control presupuestarios y la autorización de documentos contables, con excepción de aquellos que sean soporte del acto administrativo de reconocimiento de obligaciones, en cuyo caso serán autorizados por quien ostente esta competencia, así como las funciones de elaboración, coordinación y tramitación del anteproyecto de presupuesto de la Consejería.
Asimismo tiene atribuidas las funciones de apoyo e informe jurídico a los órganos centrales de la Consejería, análisis de la legislación educativa y evaluación de sus modificaciones.
III.—DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA Y PERSONAL DOCENTE
Artículo 6.—Funciones y estructura.
1. A la Dirección General de Planificación Educativa y Personal Docente le corresponde el ejercicio de las siguientes competencias respecto al personal docente no universitario:
a) Las atribuidas a los titulares de las Consejerías por la normativa autonómica en materia de función pública.
b) Las relativas a la gestión de dicho personal docente no universitario recogidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que sean delegadas a la Consejería de Educación y Ciencia por la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.
c) Las funciones en materia de centros en los niveles no universitarios, la planificación de la red de centros y la gestión económica de los mismos, así como la planificación y ejecución de las inversiones.
2. La Dirección General se estructura en los siguientes órganos:
a) Servicio de Personal Docente
b) Servicio de Planificación, Centros y Prestaciones complementarias
c) Servicio de Gestión Económica y Transporte escolar.
d) Servicio de Relaciones Laborales y Salud Laboral
Artículo 7.—Servicio de Personal Docente.
Al Servicio de Personal Docente le corresponden, en relación con el personal docente de cuerpos regulados por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y el personal laboral y especialista docente las siguientes funciones:
a) La planificación de las plantillas y necesidades de profesorado de los centros docentes de titularidad pública dependientes de la Consejería de Educación y Ciencia.
b) La evaluación y control económico de las plantillas, así como de las propuestas de variación que sobre las mismas se formulen.
c) La provisión de los puestos vacantes y sustituciones cuya cobertura sea necesaria para el funcionamiento de los centros.
Artículo 8.—Servicio de Planificación, Centros y Prestaciones complementarias.
1. Al Servicio de Planificación, Centros y Prestaciones complementarias, le corresponde el ejercicio de las siguientes funciones:
a) Propuesta de creación, modificación, transformación, supresión, autorización y organización de unidades y centros escolares de titularidad pública y privada, así como la planificación del servicio de comedores escolares y escuelas-hogar.
b) Gestión del registro de centros educativos.
c) Estudio de la demanda educativa en los diferentes niveles, modalidades, etapas y ciclos, así como la puesta al día del mapa escolar.
d) Escolarización del alumnado y la elaboración de las normas para ello.
e) Elaboración del calendario y jornada escolar y, en su caso, su flexibilización.
f) Programación, coordinación y ejecución de las inversiones en equipamiento e infraestructuras que se hallen dentro del ámbito educativo.
g) Elaboración de instrucciones sobre construcción y mantenimiento de los inmuebles destinados a actividades docentes.
h) Elaboración y tramitación de los proyectos y dirección de obras programadas por la Consejería, así como la elaboración de los pliegos de prescripciones técnicas para su contratación.
i) Tramitación de los expedientes para la formalización y control de los conciertos educativos, así como la gestión de subvenciones a centros privados de enseñanza concertada.
j) Diseño y localización de la red de centros de enseñanza no universitaria.
k) Tramitación de los expedientes de concesiones de becas y ayudas al alumnado.
l) Gestión y explotación de datos de los programas informáticos de gestión de centros docentes.
2. Dependen de este Servicio los centros de enseñanza no universitaria de titularidad del Principado de Asturias.
Artículo 9.—Servicio de Gestión Económica y Transporte Escolar.
Al Servicio de Gestión Económica y Transporte Escolar le corresponde el ejercicio de las siguientes funciones respecto de los centros docentes de enseñanza no universitaria:
a) Elaboración de estudios y propuestas para la asignación de recursos económicos a los centros docentes, así como el control interno y la evaluación de la gestión económica de los mismos.
b) Elaboración de propuestas de optimización de los recursos económicos y estudios relativos a la viabilidad de su implantación en el marco de la programación y ejecución del presupuesto de la Consejería.
c) Análisis y contabilidad de costes en relación con la ejecución del presupuesto.
d) Elaboración del anteproyecto de presupuesto de la Consejería directamente vinculado a la gestión económica de la enseñanza no universitaria, en colaboración con la Secretaría General Técnica.
e) Gestión del Servicio de Transporte escolar.
f) Gestión y explotación de datos de los programas informáticos de gestión económica de centros docentes.
Artículo 10.—Servicio de Relaciones Laborales y Salud Laboral.
Al Servicio de Relaciones Laborales y Salud Laboral le corresponden, en relación con el personal docente de cuerpos regulados por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y el personal laboral y especialista docente, las siguientes funciones:
a) Colaboración y coordinación con el órgano de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno competente en materia de relaciones laborales y salud laboral.
b) Control y propuesta de medidas en materia de salud laboral y prevención de riesgos laborales en centros docentes dependientes de la Consejería de Educación y Ciencia.
c) Interlocución sindical en el ámbito de la enseñanza pública, sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.
d) Negociación en el ámbito de la enseñanza concertada.
IV.—DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS EDUCATIVAS, ORDENACIÓN ACADÉMICA Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Artículo 11.—Funciones y estructura.
1. La Dirección General de Políticas Educativas, Ordenación Académica y Formación Profesional ejerce las competencias de la Consejería de Educación y Ciencia, en los niveles no universitarios, en materia de programas de alumnado, familias y participación educativa, orientación educativa y atención a la diversidad, formación del profesorado, en coordinación con el órgano competente en materia de formación de la Administración autonómica, innovación educativa, tecnologías digitales educativas, programas institucionales de cooperación educativa, ordenación de las enseñanzas y del régimen de funcionamiento de los centros e impulso sobre gestión de la calidad en los centros, así como la formación profesional inicial y el aprendizaje permanente.
2. La Dirección General se estructura en los siguientes órganos:
a) Servicio de Participación y Orientación Educativa.
b) Servicio de Ordenación Académica, Formación del Profesorado y Tecnologías Educativas.
c) Servicio de Formación Profesional Inicial y Aprendizaje Permanente.
Artículo 12.—Servicio de Participación y Orientación Educativa.
Al Servicio de Participación y Orientación Educativa le corresponde el ejercicio de las siguientes funciones:
a) Gestión y coordinación de programas educativos de cooperación territorial.
b) Promoción y gestión de iniciativas institucionales para familias y fomento de su participación en los centros y apoyo institucional a asociaciones de padres y madres de alumnado.
c) Promoción y coordinación de la información y la atención al usuario de los servicios educativos.
d) Elaboración de propuestas de actuación en materia de orientación educativa y psicopedagógica y atención a la diversidad.
e) Organización y coordinación de los equipos y recursos dispuestos por la Consejería de Educación y Ciencia para el apoyo a la orientación educativa y la atención a las necesidades educativas especiales.
f) Gestión y coordinación de programas y actuaciones en materia de educación especial.
g) Gestión y coordinación de programas y actuaciones en materia de promoción educativa y escolarización de inmigrantes, minorías y alumnado en riesgo de exclusión.
h) Cooperación interinstitucional para la promoción educativa y la atención a la diversidad.
Artículo 13.—Servicio de Ordenación Académica, Formación del Profesorado y Tecnologías Educativas.
Al Servicio de Ordenación Académica, Formación del Profesorado y Tecnologías Educativas le corresponde el ejercicio de las siguientes funciones:
a) Gestión y coordinación de programas institucionales y convenios de apoyo a la acción educativa.
b) Gestión y mantenimiento del portal Educastur, en la versión pública en modo Internet y en la versión corporativa en modo Intranet, así como el fomento y apoyo de los correspondientes servicios educativos en línea.
c) Promoción del uso de la informática y las tecnologías digitales con fines educativos.
d) Promoción y edición de materiales de innovación didáctica y de apoyo a la acción educativa.
e) Registro, expedición y convalidación de los títulos académicos, así como la regularización de expedientes académicos.
f) Ordenación y definición de los currículos de las enseñanzas de régimen general y de régimen especial, así como la adaptación de los currículos y de la organización de la Enseñanza Básica y del Bachillerato a la Educación de Adultos.
g) Elaboración de los reglamentos orgánicos y demás normas de organización y funcionamiento de los centros docentes.
h) Estudio de la oferta educativa de los centros de enseñanzas artísticas y adopción de medidas para garantizar el funcionamiento armónico de la red y la consolidación del sistema.
i) Elaboración de la normativa sobre evaluación del alumnado y de los documentos oficiales de evaluación.
j) Regulación de las pruebas de acceso a enseñanzas regladas y las conducentes a la obtención de títulos académicos.
k) Realización de estudios e informes de evaluación del sistema educativo asturiano en los niveles anteriores a los universitarios.
l) Desarrollo y ejecución de las evaluaciones de diagnóstico sobre las competencias básicas del currículo en el ámbito de las competencias de la Comunidad Autónoma.
Artículo 14.—Servicio de Formación Profesional Inicial y Aprendizaje Permanente.
El Servicio de Formación Profesional Inicial y Aprendizaje Permanente ejercerá las siguientes funciones:
a) Planificación y seguimiento de la oferta de Formación Profesional Inicial.
b) Análisis de la oferta de Formación Profesional y seguimiento estadístico de las acciones programadas, elaborando para ello un mapa formativo integrado.
c) Fomento de la creación de una red de centros integrados de Formación Profesional que impartan formación profesional inicial.
d) Fomento de la colaboración con empresas e instituciones, para la Formación en Centros de Trabajo del alumnado, así como promoción de acuerdos entre el mundo académico y el laboral que faciliten la formación del profesorado en las empresas.
e) Ampliación de los programas destinados a la formación a lo largo de toda la vida, desarrollando proyectos de base territorial diferenciados para cada uno de los nueve ámbitos de la Red de Centros Públicos de Educación de Personas Adultas.
f) Gestión de los procesos de escolarización en los ciclos formativos en coordinación con la Dirección General de Planificación Educativa y Personal Docente.
g) Desarrollo de las actuaciones de Formación Profesional a distancia, dirigidas a incrementar las oportunidades formativas de trabajadores y trabajadoras en activo y personas en situación de desempleo, priorizando las actuaciones desarrolladas en el entorno rural y las destinadas a aquellos colectivos con mayores dificultades de acceso a la formación presencial.
V.—DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES
Artículo 15.—Funciones y estructura.
1. La Dirección General de Universidades ejercerá el desarrollo de la política de la Comunidad Autónoma en relación con la institución universitaria y otros centros superiores, en el marco de la legislación estatal y autonómica y la autonomía universitaria.
2. De la Dirección General de Universidades depende el Servicio de Gestión Universitaria.
Artículo 16.—Servicio de Gestión Universitaria.
El Servicio de Gestión Universitaria ejercerá las funciones generales de gestión, informe, asesoramiento y propuesta en relación con la enseñanza superior, y en particular las siguientes:
a) Estudio de asignación presupuestaria a la Universidad de Oviedo y seguimiento de su ejecución.
b) Gestión de la creación, supresión, adscripción e integración, según corresponda, de centros y titulaciones universitarias o superiores de carácter oficial y de validez nacional de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de Universidades, así como las peticiones relativas a centros en el extranjero o que impartan enseñanzas con arreglo a sistemas educativos extranjeros, siempre que su creación no corresponda a la Universidad.
c) Gestión administrativa que genere la relación con los órganos unipersonales de gestión de la Universidad de Oviedo, centros adscritos a la misma y Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Asturias, así como la formulación de las propuestas de contratación relativas a infraestructuras y equipamientos destinados a la Universidad de Oviedo.
VI.—OFICINA DE I+D+i
Artículo 17.—Oficina de I+D+i.
La Oficina de I+D+i, con nivel orgánico de Servicio, y directamente dependiente del titular de la Consejería, ejercerá las funciones generales de gestión, informe, asesoramiento y propuesta en relación con la investigación científica y tecnológica, y en particular las siguientes:
a) Gestión de los fondos públicos destinados a fomentar la investigación de las diferentes entidades e instituciones en el marco del Plan de I+D+i.
b) Contribución al fomento de la investigación científica y tecnológica y gestión administrativa de las funciones que, en el ámbito de dichas investigaciones, le fueran encomendadas a la Consejería.
c) Seguimiento de los Centros Propios de Investigación del Principado de Asturias cuya gestión le fuera encomendada.
d) Elaboración de los proyectos de los Planes Regionales de Investigación y Desarrollo e Innovación Tecnológica, que le sean encomendados en desarrollo de las funciones de planificación atribuidas a la Oficina de I+D+i.
e) Coordinación del seguimiento y evaluación de los Planes Regionales de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica.
f) Programación, gestión y seguimiento de los convenios de investigación y desarrollo tecnológico cuya competencia le sea encomendada a la Consejería.
g) Promoción del establecimiento de las conexiones necesarias con los sistemas informáticos de apoyo a la investigación, a fin de disponer de los datos estadísticos precisos para la optimización de sus funciones de promoción, apoyo y coordinación de la investigación científica y tecnológica.
h) Impulso y promoción de la constitución de centros de investigación, centros tecnológicos y unidades de I+D en empresas.
i) Coordinación y colaboración con la Red de Centros Tecnológicos del Principado de Asturias y Oficinas de Transferencia de Resultados de la Investigación (OTRIs), para mejorar la transferencia de tecnología.
j) Participación, en coordinación y colaboración con la Administración General del Estado, en el desarrollo del Observatorio de I+D.
VII.—SERVICIO DE INSPECCIÓN EDUCATIVA
Artículo 18.—Servicio de Inspección Educativa.
Al Servicio de Inspección Educativa, directamente dependiente del titular de la Consejería, le corresponde el ejercicio de las siguientes funciones:
a) Velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes que afecten al sistema educativo.
b) Control y supervisión, desde el punto de vista pedagógico y organizativo, del funcionamiento de los centros educativos, tanto de titularidad pública como privada.
c) Asesoramiento, información y orientación a los distintos sectores de la comunidad educativa en el ejercicio de sus derechos y obligaciones.
d) Colaboración en la mejora de la práctica docente y del funcionamiento en este sentido de los centros, así como en los procesos de reforma educativa y de renovación pedagógica.
e) Participación en la evaluación del sistema educativo, especialmente en la que corresponde a los centros escolares, a la función directiva y a la función docente, a través del análisis de la organización, funcionamiento y resultados de los mismos, así como mediante la elaboración de planes de evaluación de centros. Asimismo elaborará indicadores para la evaluación de los centros, el profesorado y la función directiva.
f) Información sobre los programas y actividades de carácter educativo promovidos o autorizados por las administraciones competentes, así como sobre cualquier aspecto relacionado con la enseñanza que le sea requerido por la autoridad competente o que conozca en el ejercicio de sus funciones, a través de los cauces reglamentarios.
g) Cuantas otras le sean encomendadas en el ámbito de la inspección educativa.
Disposición transitoria única.—Subsistencia de unidades administrativas.
Las unidades administrativas con nivel orgánico inferior a Servicio continuarán subsistentes y serán retribuidas con cargo a los mismos créditos presupuestarios, hasta tanto no se aprueben las correspondientes relaciones de puestos de trabajo adaptadas a la nueva estructura orgánica. Dichas unidades administrativas se adscribirán provisionalmente mediante resolución de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, y hasta que se apruebe la nueva relación de puestos de trabajo, a los órganos regulados en el presente Decreto, en función de las atribuciones que éstos tengan asignadas.
Disposición derogatoria única.—Derogación normativa.
Se deroga el Decreto 36/2009, de 27 de mayo, de estructura orgánica básica de la Consejería de Educación.
Asimismo, se derogan cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan al presente decreto.
Disposición final única.—Entrada en vigor.
El presente decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
Dado en Oviedo, a 4 de agosto de 2010.—El Presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces.—El Consejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—17.827.
http://www.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=05/08/2010&refArticulo=2010-17827&i18n.http.lang=es
Para ello se propone un nuevo esquema en el que, junto a la supresión de la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología, se contempla la reunificación de las competencias antes atribuidas tanto a la Dirección General de Planificación, Centros e Infraestructuras como a la Dirección General de Personal Docente en una única Dirección General (Dirección General de Planificación Educativa y Personal Docente), dada la clara interrelación entre ambas, con el fin de conseguir una gestión integrada en este ámbito. Asimismo, se suprime el Servicio de Enseñanzas Artísticas, cuyas competencias se integran dentro de la estructura ya existente.
Por este motivo, se ha optado por aprobar un nuevo Decreto en lugar de modificar el ya existente, dada la entidad de la reestructuración que se acomete, y toda vez que el Decreto 36/2009, de 27 de mayo, ya ha experimentado dos modificaciones.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Educación y Ciencia, y previo Acuerdo del Consejo de Gobierno, en su reunión de 4 de agosto de 2010.
DISPONGO
I.—ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA CONSEJERÍA
Artículo 1.—Estructura general.
1. La Consejería de Educación y Ciencia se estructura para el desarrollo de sus funciones en los siguientes órganos administrativos, bajo la inmediata dirección de su titular:
a) Órganos centrales:
1º. Secretaría General Técnica.
2º. Dirección General de Planificación Educativa y Personal Docente
3º. Dirección General de Políticas Educativas, Ordenación Académica y Formación Profesional.
4º. Dirección General de Universidades.
b) Como órganos de asesoramiento y apoyo se hallan adscritos a la Consejería de Educación y Ciencia, los siguientes:
1º. Consejo Escolar del Principado de Asturias.
2º. Consejo Asturiano de Formación Profesional.
3º. Consejo Asturiano de Ciencia, Tecnología e Innovación.
2. Directamente dependientes del titular de la Consejería de Educación y Ciencia existirá un Servicio de Inspección Educativa y una Oficina de I+D+i, esta última con nivel orgánico de Servicio.
3. Para asistir a quien sea titular de la Consejería en la determinación de las directrices de actuación de los Centros directivos y en la coordinación de las actuaciones de la Consejería, funcionará, como órgano interno, un Consejo de Dirección que estará presidido por el titular de la Consejería y del que formarán parte quienes sean titulares de los órganos centrales, y en su caso, desconcentrados de la Consejería, con rango al menos de Dirección General, sin perjuicio de la asistencia a sus reuniones del personal que, en cada caso, sea convocado por la Presidencia.
II.—SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
Artículo 2.—Funciones y estructura.
1. Corresponde a la Secretaría General Técnica la dirección de los servicios comunes y, más concretamente, el ejercicio de las siguientes funciones:
a) Estudio, informe y, en su caso, elaboración de los proyectos de disposiciones de carácter general que corresponda dictar o proponer a la Consejería, así como la realización de informes relativos a los asuntos que se sometan al Consejo de Gobierno, Comisiones Delegadas y Comisión de Secretarios Generales Técnicos por la Consejería. A estos efectos coordinará las iniciativas normativas del resto de los órganos del departamento.
b) La realización de estudios e informes en las materias competencia de la Consejería.
c) Seguimiento, análisis y control de la ejecución presupuestaria.
d) La gestión y administración, con carácter general, de los recursos humanos adscritos a la Consejería y cuya competencia no esté atribuida a otros órganos del Departamento, sin perjuicio en todo caso de la jefatura inmediata de quienes ostenten la responsabilidad directa de los distintos órganos, así como la coordinación de la elaboración de las relaciones de puestos de trabajo de la Consejería.
e) La actuación como órgano de comunicación general de la Consejería con las demás que integran la Administración del Principado de Asturias y con otras Administraciones Públicas, organismos y entidades públicas y privadas, sin perjuicio de las competencias asignadas a otros órganos directivos adscritos a la Consejería de Educación y Ciencia.
f) En general, las funciones de gestión de régimen interior, gestión de personal, contratación, control y coordinación de los servicios de la Consejería así como cuantas funciones no estén encomendadas a los restantes órganos centrales.
2. Dependen de la Secretaría General Técnica las siguientes unidades administrativas:
a) Servicio de Asuntos Generales.
b) Servicio de Contratación y Responsabilidad Patrimonial
c) Servicio de Apoyo Técnico.
Artículo 3.—Servicio de Asuntos Generales.
El Servicio de Asuntos Generales tendrá a su cargo las funciones referidas al régimen interior de personal no docente y en general cuantas funciones relacionadas con la gestión interna de la Consejería no estén atribuidas a los restantes órganos de la Secretaría General Técnica.
Artículo 4.—Servicio de Contratación y Responsabilidad Patrimonial.
El Servicio de Contratación y Responsabilidad Patrimonial tendrá a su cargo las funciones referidas a la tramitación de expedientes de contratación administrativa, responsabilidad patrimonial en el ámbito educativo y expropiaciones.
Artículo 5.—Servicio de Apoyo Técnico.
Corresponde al Servicio de Apoyo Técnico la ordenación de los trámites, el seguimiento, análisis y control presupuestarios y la autorización de documentos contables, con excepción de aquellos que sean soporte del acto administrativo de reconocimiento de obligaciones, en cuyo caso serán autorizados por quien ostente esta competencia, así como las funciones de elaboración, coordinación y tramitación del anteproyecto de presupuesto de la Consejería.
Asimismo tiene atribuidas las funciones de apoyo e informe jurídico a los órganos centrales de la Consejería, análisis de la legislación educativa y evaluación de sus modificaciones.
III.—DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA Y PERSONAL DOCENTE
Artículo 6.—Funciones y estructura.
1. A la Dirección General de Planificación Educativa y Personal Docente le corresponde el ejercicio de las siguientes competencias respecto al personal docente no universitario:
a) Las atribuidas a los titulares de las Consejerías por la normativa autonómica en materia de función pública.
b) Las relativas a la gestión de dicho personal docente no universitario recogidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que sean delegadas a la Consejería de Educación y Ciencia por la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.
c) Las funciones en materia de centros en los niveles no universitarios, la planificación de la red de centros y la gestión económica de los mismos, así como la planificación y ejecución de las inversiones.
2. La Dirección General se estructura en los siguientes órganos:
a) Servicio de Personal Docente
b) Servicio de Planificación, Centros y Prestaciones complementarias
c) Servicio de Gestión Económica y Transporte escolar.
d) Servicio de Relaciones Laborales y Salud Laboral
Artículo 7.—Servicio de Personal Docente.
Al Servicio de Personal Docente le corresponden, en relación con el personal docente de cuerpos regulados por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y el personal laboral y especialista docente las siguientes funciones:
a) La planificación de las plantillas y necesidades de profesorado de los centros docentes de titularidad pública dependientes de la Consejería de Educación y Ciencia.
b) La evaluación y control económico de las plantillas, así como de las propuestas de variación que sobre las mismas se formulen.
c) La provisión de los puestos vacantes y sustituciones cuya cobertura sea necesaria para el funcionamiento de los centros.
Artículo 8.—Servicio de Planificación, Centros y Prestaciones complementarias.
1. Al Servicio de Planificación, Centros y Prestaciones complementarias, le corresponde el ejercicio de las siguientes funciones:
a) Propuesta de creación, modificación, transformación, supresión, autorización y organización de unidades y centros escolares de titularidad pública y privada, así como la planificación del servicio de comedores escolares y escuelas-hogar.
b) Gestión del registro de centros educativos.
c) Estudio de la demanda educativa en los diferentes niveles, modalidades, etapas y ciclos, así como la puesta al día del mapa escolar.
d) Escolarización del alumnado y la elaboración de las normas para ello.
e) Elaboración del calendario y jornada escolar y, en su caso, su flexibilización.
f) Programación, coordinación y ejecución de las inversiones en equipamiento e infraestructuras que se hallen dentro del ámbito educativo.
g) Elaboración de instrucciones sobre construcción y mantenimiento de los inmuebles destinados a actividades docentes.
h) Elaboración y tramitación de los proyectos y dirección de obras programadas por la Consejería, así como la elaboración de los pliegos de prescripciones técnicas para su contratación.
i) Tramitación de los expedientes para la formalización y control de los conciertos educativos, así como la gestión de subvenciones a centros privados de enseñanza concertada.
j) Diseño y localización de la red de centros de enseñanza no universitaria.
k) Tramitación de los expedientes de concesiones de becas y ayudas al alumnado.
l) Gestión y explotación de datos de los programas informáticos de gestión de centros docentes.
2. Dependen de este Servicio los centros de enseñanza no universitaria de titularidad del Principado de Asturias.
Artículo 9.—Servicio de Gestión Económica y Transporte Escolar.
Al Servicio de Gestión Económica y Transporte Escolar le corresponde el ejercicio de las siguientes funciones respecto de los centros docentes de enseñanza no universitaria:
a) Elaboración de estudios y propuestas para la asignación de recursos económicos a los centros docentes, así como el control interno y la evaluación de la gestión económica de los mismos.
b) Elaboración de propuestas de optimización de los recursos económicos y estudios relativos a la viabilidad de su implantación en el marco de la programación y ejecución del presupuesto de la Consejería.
c) Análisis y contabilidad de costes en relación con la ejecución del presupuesto.
d) Elaboración del anteproyecto de presupuesto de la Consejería directamente vinculado a la gestión económica de la enseñanza no universitaria, en colaboración con la Secretaría General Técnica.
e) Gestión del Servicio de Transporte escolar.
f) Gestión y explotación de datos de los programas informáticos de gestión económica de centros docentes.
Artículo 10.—Servicio de Relaciones Laborales y Salud Laboral.
Al Servicio de Relaciones Laborales y Salud Laboral le corresponden, en relación con el personal docente de cuerpos regulados por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y el personal laboral y especialista docente, las siguientes funciones:
a) Colaboración y coordinación con el órgano de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno competente en materia de relaciones laborales y salud laboral.
b) Control y propuesta de medidas en materia de salud laboral y prevención de riesgos laborales en centros docentes dependientes de la Consejería de Educación y Ciencia.
c) Interlocución sindical en el ámbito de la enseñanza pública, sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.
d) Negociación en el ámbito de la enseñanza concertada.
IV.—DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS EDUCATIVAS, ORDENACIÓN ACADÉMICA Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Artículo 11.—Funciones y estructura.
1. La Dirección General de Políticas Educativas, Ordenación Académica y Formación Profesional ejerce las competencias de la Consejería de Educación y Ciencia, en los niveles no universitarios, en materia de programas de alumnado, familias y participación educativa, orientación educativa y atención a la diversidad, formación del profesorado, en coordinación con el órgano competente en materia de formación de la Administración autonómica, innovación educativa, tecnologías digitales educativas, programas institucionales de cooperación educativa, ordenación de las enseñanzas y del régimen de funcionamiento de los centros e impulso sobre gestión de la calidad en los centros, así como la formación profesional inicial y el aprendizaje permanente.
2. La Dirección General se estructura en los siguientes órganos:
a) Servicio de Participación y Orientación Educativa.
b) Servicio de Ordenación Académica, Formación del Profesorado y Tecnologías Educativas.
c) Servicio de Formación Profesional Inicial y Aprendizaje Permanente.
Artículo 12.—Servicio de Participación y Orientación Educativa.
Al Servicio de Participación y Orientación Educativa le corresponde el ejercicio de las siguientes funciones:
a) Gestión y coordinación de programas educativos de cooperación territorial.
b) Promoción y gestión de iniciativas institucionales para familias y fomento de su participación en los centros y apoyo institucional a asociaciones de padres y madres de alumnado.
c) Promoción y coordinación de la información y la atención al usuario de los servicios educativos.
d) Elaboración de propuestas de actuación en materia de orientación educativa y psicopedagógica y atención a la diversidad.
e) Organización y coordinación de los equipos y recursos dispuestos por la Consejería de Educación y Ciencia para el apoyo a la orientación educativa y la atención a las necesidades educativas especiales.
f) Gestión y coordinación de programas y actuaciones en materia de educación especial.
g) Gestión y coordinación de programas y actuaciones en materia de promoción educativa y escolarización de inmigrantes, minorías y alumnado en riesgo de exclusión.
h) Cooperación interinstitucional para la promoción educativa y la atención a la diversidad.
Artículo 13.—Servicio de Ordenación Académica, Formación del Profesorado y Tecnologías Educativas.
Al Servicio de Ordenación Académica, Formación del Profesorado y Tecnologías Educativas le corresponde el ejercicio de las siguientes funciones:
a) Gestión y coordinación de programas institucionales y convenios de apoyo a la acción educativa.
b) Gestión y mantenimiento del portal Educastur, en la versión pública en modo Internet y en la versión corporativa en modo Intranet, así como el fomento y apoyo de los correspondientes servicios educativos en línea.
c) Promoción del uso de la informática y las tecnologías digitales con fines educativos.
d) Promoción y edición de materiales de innovación didáctica y de apoyo a la acción educativa.
e) Registro, expedición y convalidación de los títulos académicos, así como la regularización de expedientes académicos.
f) Ordenación y definición de los currículos de las enseñanzas de régimen general y de régimen especial, así como la adaptación de los currículos y de la organización de la Enseñanza Básica y del Bachillerato a la Educación de Adultos.
g) Elaboración de los reglamentos orgánicos y demás normas de organización y funcionamiento de los centros docentes.
h) Estudio de la oferta educativa de los centros de enseñanzas artísticas y adopción de medidas para garantizar el funcionamiento armónico de la red y la consolidación del sistema.
i) Elaboración de la normativa sobre evaluación del alumnado y de los documentos oficiales de evaluación.
j) Regulación de las pruebas de acceso a enseñanzas regladas y las conducentes a la obtención de títulos académicos.
k) Realización de estudios e informes de evaluación del sistema educativo asturiano en los niveles anteriores a los universitarios.
l) Desarrollo y ejecución de las evaluaciones de diagnóstico sobre las competencias básicas del currículo en el ámbito de las competencias de la Comunidad Autónoma.
Artículo 14.—Servicio de Formación Profesional Inicial y Aprendizaje Permanente.
El Servicio de Formación Profesional Inicial y Aprendizaje Permanente ejercerá las siguientes funciones:
a) Planificación y seguimiento de la oferta de Formación Profesional Inicial.
b) Análisis de la oferta de Formación Profesional y seguimiento estadístico de las acciones programadas, elaborando para ello un mapa formativo integrado.
c) Fomento de la creación de una red de centros integrados de Formación Profesional que impartan formación profesional inicial.
d) Fomento de la colaboración con empresas e instituciones, para la Formación en Centros de Trabajo del alumnado, así como promoción de acuerdos entre el mundo académico y el laboral que faciliten la formación del profesorado en las empresas.
e) Ampliación de los programas destinados a la formación a lo largo de toda la vida, desarrollando proyectos de base territorial diferenciados para cada uno de los nueve ámbitos de la Red de Centros Públicos de Educación de Personas Adultas.
f) Gestión de los procesos de escolarización en los ciclos formativos en coordinación con la Dirección General de Planificación Educativa y Personal Docente.
g) Desarrollo de las actuaciones de Formación Profesional a distancia, dirigidas a incrementar las oportunidades formativas de trabajadores y trabajadoras en activo y personas en situación de desempleo, priorizando las actuaciones desarrolladas en el entorno rural y las destinadas a aquellos colectivos con mayores dificultades de acceso a la formación presencial.
V.—DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES
Artículo 15.—Funciones y estructura.
1. La Dirección General de Universidades ejercerá el desarrollo de la política de la Comunidad Autónoma en relación con la institución universitaria y otros centros superiores, en el marco de la legislación estatal y autonómica y la autonomía universitaria.
2. De la Dirección General de Universidades depende el Servicio de Gestión Universitaria.
Artículo 16.—Servicio de Gestión Universitaria.
El Servicio de Gestión Universitaria ejercerá las funciones generales de gestión, informe, asesoramiento y propuesta en relación con la enseñanza superior, y en particular las siguientes:
a) Estudio de asignación presupuestaria a la Universidad de Oviedo y seguimiento de su ejecución.
b) Gestión de la creación, supresión, adscripción e integración, según corresponda, de centros y titulaciones universitarias o superiores de carácter oficial y de validez nacional de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de Universidades, así como las peticiones relativas a centros en el extranjero o que impartan enseñanzas con arreglo a sistemas educativos extranjeros, siempre que su creación no corresponda a la Universidad.
c) Gestión administrativa que genere la relación con los órganos unipersonales de gestión de la Universidad de Oviedo, centros adscritos a la misma y Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Asturias, así como la formulación de las propuestas de contratación relativas a infraestructuras y equipamientos destinados a la Universidad de Oviedo.
VI.—OFICINA DE I+D+i
Artículo 17.—Oficina de I+D+i.
La Oficina de I+D+i, con nivel orgánico de Servicio, y directamente dependiente del titular de la Consejería, ejercerá las funciones generales de gestión, informe, asesoramiento y propuesta en relación con la investigación científica y tecnológica, y en particular las siguientes:
a) Gestión de los fondos públicos destinados a fomentar la investigación de las diferentes entidades e instituciones en el marco del Plan de I+D+i.
b) Contribución al fomento de la investigación científica y tecnológica y gestión administrativa de las funciones que, en el ámbito de dichas investigaciones, le fueran encomendadas a la Consejería.
c) Seguimiento de los Centros Propios de Investigación del Principado de Asturias cuya gestión le fuera encomendada.
d) Elaboración de los proyectos de los Planes Regionales de Investigación y Desarrollo e Innovación Tecnológica, que le sean encomendados en desarrollo de las funciones de planificación atribuidas a la Oficina de I+D+i.
e) Coordinación del seguimiento y evaluación de los Planes Regionales de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica.
f) Programación, gestión y seguimiento de los convenios de investigación y desarrollo tecnológico cuya competencia le sea encomendada a la Consejería.
g) Promoción del establecimiento de las conexiones necesarias con los sistemas informáticos de apoyo a la investigación, a fin de disponer de los datos estadísticos precisos para la optimización de sus funciones de promoción, apoyo y coordinación de la investigación científica y tecnológica.
h) Impulso y promoción de la constitución de centros de investigación, centros tecnológicos y unidades de I+D en empresas.
i) Coordinación y colaboración con la Red de Centros Tecnológicos del Principado de Asturias y Oficinas de Transferencia de Resultados de la Investigación (OTRIs), para mejorar la transferencia de tecnología.
j) Participación, en coordinación y colaboración con la Administración General del Estado, en el desarrollo del Observatorio de I+D.
VII.—SERVICIO DE INSPECCIÓN EDUCATIVA
Artículo 18.—Servicio de Inspección Educativa.
Al Servicio de Inspección Educativa, directamente dependiente del titular de la Consejería, le corresponde el ejercicio de las siguientes funciones:
a) Velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes que afecten al sistema educativo.
b) Control y supervisión, desde el punto de vista pedagógico y organizativo, del funcionamiento de los centros educativos, tanto de titularidad pública como privada.
c) Asesoramiento, información y orientación a los distintos sectores de la comunidad educativa en el ejercicio de sus derechos y obligaciones.
d) Colaboración en la mejora de la práctica docente y del funcionamiento en este sentido de los centros, así como en los procesos de reforma educativa y de renovación pedagógica.
e) Participación en la evaluación del sistema educativo, especialmente en la que corresponde a los centros escolares, a la función directiva y a la función docente, a través del análisis de la organización, funcionamiento y resultados de los mismos, así como mediante la elaboración de planes de evaluación de centros. Asimismo elaborará indicadores para la evaluación de los centros, el profesorado y la función directiva.
f) Información sobre los programas y actividades de carácter educativo promovidos o autorizados por las administraciones competentes, así como sobre cualquier aspecto relacionado con la enseñanza que le sea requerido por la autoridad competente o que conozca en el ejercicio de sus funciones, a través de los cauces reglamentarios.
g) Cuantas otras le sean encomendadas en el ámbito de la inspección educativa.
Disposición transitoria única.—Subsistencia de unidades administrativas.
Las unidades administrativas con nivel orgánico inferior a Servicio continuarán subsistentes y serán retribuidas con cargo a los mismos créditos presupuestarios, hasta tanto no se aprueben las correspondientes relaciones de puestos de trabajo adaptadas a la nueva estructura orgánica. Dichas unidades administrativas se adscribirán provisionalmente mediante resolución de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, y hasta que se apruebe la nueva relación de puestos de trabajo, a los órganos regulados en el presente Decreto, en función de las atribuciones que éstos tengan asignadas.
Disposición derogatoria única.—Derogación normativa.
Se deroga el Decreto 36/2009, de 27 de mayo, de estructura orgánica básica de la Consejería de Educación.
Asimismo, se derogan cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan al presente decreto.
Disposición final única.—Entrada en vigor.
El presente decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
Dado en Oviedo, a 4 de agosto de 2010.—El Presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces.—El Consejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—17.827.
http://www.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=05/08/2010&refArticulo=2010-17827&i18n.http.lang=es
Ley de la morosidad
Plazos
La ley de la morosidad que acaba de entrar en vigor fija unos plazos máximos para el pago a los proveedores de 60 días para las empresas y 30 días para las administraciones públicas, con un período de adaptación que se extiende hasta el año 2013 en ambos casos.
Administraciones
El período transitorio para las administraciones marca la siguiente escala en el pago a proveedores: 50 días para lo que resta de este ejercicio y el año 2011, 45 días para el año 2012 y 30 días a partir del 1 de enero de 2013.
Empresas
En el caso de las empresas privadas los límites marcados son: 85 días desde la entrada en vigor de esta ley y el año 2011, 75 días para el año 2012 y 60 días en el año 2013. El sector de la alimentación y los productos perecederos está obligado a pagar en 30 días. La ley marca unos límites especiales para los pagos de constructoras de obra pública a sus proveedores y subcontratistas que quedan marcados ahora en 120 días, 90 días en 2012 y los 60 días reglamentarios en 2013.
Ayuntamientos
A nivel general son una de las administraciones que peor pagan, lo que genera graves problemas en todas las empresas que les prestan servicios. La media nacional está en 240 días de demora entre el servicio y su pago en el caso de las administraciones municipales. Gijón tiene una media de pago a sus proveedores de 62 días. La nueva ley de la morosidad plantea articular a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) una línea de crédito directo dirigida a los ayuntamientos para hacer frente al pago de sus deudas con empresas y autónomos.
http://www.lne.es/gijon/2010/08/17/gijon-morosidad/956013.html
El Ayuntamiento paga sus facturas en 62 días, frente a los 240 de la media nacional
La actual solvencia en las entregas a los proveedores facilita el ajuste a
la nueva ley de la morosidad, que impone a los municipios liquidar en un m
http://www.lne.es/gijon/2010/08/17/ayuntamiento-paga-facturas-62-dias-frente-240-media-nacional/956012.html
La ley de la morosidad que acaba de entrar en vigor fija unos plazos máximos para el pago a los proveedores de 60 días para las empresas y 30 días para las administraciones públicas, con un período de adaptación que se extiende hasta el año 2013 en ambos casos.
Administraciones
El período transitorio para las administraciones marca la siguiente escala en el pago a proveedores: 50 días para lo que resta de este ejercicio y el año 2011, 45 días para el año 2012 y 30 días a partir del 1 de enero de 2013.
Empresas
En el caso de las empresas privadas los límites marcados son: 85 días desde la entrada en vigor de esta ley y el año 2011, 75 días para el año 2012 y 60 días en el año 2013. El sector de la alimentación y los productos perecederos está obligado a pagar en 30 días. La ley marca unos límites especiales para los pagos de constructoras de obra pública a sus proveedores y subcontratistas que quedan marcados ahora en 120 días, 90 días en 2012 y los 60 días reglamentarios en 2013.
Ayuntamientos
A nivel general son una de las administraciones que peor pagan, lo que genera graves problemas en todas las empresas que les prestan servicios. La media nacional está en 240 días de demora entre el servicio y su pago en el caso de las administraciones municipales. Gijón tiene una media de pago a sus proveedores de 62 días. La nueva ley de la morosidad plantea articular a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) una línea de crédito directo dirigida a los ayuntamientos para hacer frente al pago de sus deudas con empresas y autónomos.
http://www.lne.es/gijon/2010/08/17/gijon-morosidad/956013.html
El Ayuntamiento paga sus facturas en 62 días, frente a los 240 de la media nacional
La actual solvencia en las entregas a los proveedores facilita el ajuste a
la nueva ley de la morosidad, que impone a los municipios liquidar en un m
http://www.lne.es/gijon/2010/08/17/ayuntamiento-paga-facturas-62-dias-frente-240-media-nacional/956012.html
sábado, 14 de agosto de 2010
Fin de ciclo
14.08.2010 - ARMANDO F. BARTOLOMÉ
La dimisión del señor Riopedre nos lleva a felicitarle por su merecida jubilación y a evaluar políticamente su labor como consejero de Educación que se ha caracterizado, por lo que respecta a las enseñanzas medias, por dos coordenadas fundamentales: la primera es que don José Luis ha sido el factótum político del presidente Areces y a esta fidelidad ha subordinado muchas de sus actuaciones, y la segunda viene enmarcada por su seguidismo de un sistema educativo, el inspirado en la LOGSE, que ya antes de las transferencias (1999) mostraba signos estrepitosos de fracaso y que, tras larga agonía, ahora se presenta como inmantenible.
La impronta del presidente Areces llevó al consejero dimisionario a pactar 'todo' con los sindicatos, especialmente los afines, buscando una 'paz social' que, en muchos casos, encubría intereses partidarios y corporativos en detrimento del interés público y que tuvo en la dialéctica 'escuela pública/concertada' su gran coartada ideológica y sentimental. Aunque, eso si, manteniendo inmovible la doble red de centros y ninguneando a los sindicatos de la concertada. Todo muy sutil y efectivo. También es cierto que contó con la inestimable colaboración del PP que ha sido incapaz de llevar de forma seria y rigurosa el debate educativo a su lugar natural: el parlamento asturiano .
Como consecuencias destacadas de este desgobierno polisindical hay que señalar el pertinaz mantenimiento de un sistema de oposiciones injusto que prima la mediocridad y en donde el opositor libre a lo que realmente puede aspirar es a entrar en una bolsa de trabajo para interinos. También es denunciable la alegre planificación de plantillas (sin prospectiva demográfica) que aguantó durante los 'años de vino y rosas' y que ahora con la crisis muestra todas sus inconsistencias y excesos. .Como no recordar también la colonización de la Consejería con múltiples cargos discrecionales y asesores que, en muchos casos, exhibían como única credencial una docilidad acrítica al poder cuando no claramente su afiliación política o sindical; mal ejemplo para una organización educativa que dice valorar la excelencia y la meritocracia. Por no hablar del tema de la carrera profesional y la evaluación docente que en estos últimos años nos ha llevado a un 'aquelarre judicia' incomprensible hasta para los propios docentes o el malgasto asociado a un sistema de formación permanente del profesorado que ya hace años que está agotado.
Y para no aburrir, destacar por último, y como marca de la casa, el grandonismo y la constante la afición por la propaganda que, por ejemplo, nos ha querido vender la moto de las NNTT (confundiendo lo que es un medio con un fin) como la nueva panacea de la educación o los necesarios refuerzos en la enseñanza del Inglés llamados pomposamente bilingüismo y que maquillan un auténtico déficit en el aprendizaje de lenguas extranjeras.
Desde un punto de vista mas estrictamente educativo cabe destacar que faltó valentía para cambiar lo que ya manifiestamente no funcionaba desde finales de los 90. Es cierto que el consejero impulsó nuevos programas, aumentó la financiación y bajó las ratios profesor/alumno, pero no fue a la raíz del problema. La organización escolar no mejora sólo con más dinero y más profesores; es también necesario una gestión moderna y profesional con mayor autonomía para los centros. Con las transferencias. la Consejería se encontró con dinero, decenas de centros y miles de profesores pero también heredó unos modelos de gestión obsoletos que nos impiden responder agilmente a problemas gravísimos que han debilitado día a día al sistema educativo. Medidas que propiciaban avances evidentes han sido sistemáticamente soslayadas por prejuicios ideológicos o por intereses corporativos: reconocimiento del profesorado como autoridad pública; fortalecimiento del poder de los equipos directivos frente a la ineficacia de los consejos escolares y ante una creciente conflictividad en las aulas; mayor autonomía organizativa y financiera de los centros; controles de calidad y evaluación; una formación profesional de calidad accesible a partir de los 14 años; introducción de una verdadera carrera docente que prime el mérito y la asunción de responsabilidades; reducción realista del curriculum primando la instrucción; importancia de un bachillerato mas largo, sólido y riguroso..etc.
No corregir a tiempo errores evidentes nos ha dejado como resultado una década educativa mediocre, a pesar de la positiva comparación de Asturias con la catastrófica situación del resto de España, que tiene como consecuencia más dolorosa el abandono progresivo de las clases medias del sistema educativo público lo cual nos está llevando a un modelo dual que tiende a reproducir las desigualdades que el propio sistema justamente debería contribuir a superar. Y da la impresión de que lo peor está por venir . Al señor Riopedre, humanista, educador y profesor le ha tenido que llenar de pena y ansiedad el caos producido por las erráticas actuaciones del gobierno asturiano vaciando de competencias su Consejería en materia de personal a favor de administraciones públicas y todavía más, si cabe, los apresurados recortes que se están realizando 'a bultu' tanto en recursos humanos como materiales (apertura de centros, bibliotecas.etc). Efectivamente: mejor marchar y no ver. por salud.
articulo
La dimisión del señor Riopedre nos lleva a felicitarle por su merecida jubilación y a evaluar políticamente su labor como consejero de Educación que se ha caracterizado, por lo que respecta a las enseñanzas medias, por dos coordenadas fundamentales: la primera es que don José Luis ha sido el factótum político del presidente Areces y a esta fidelidad ha subordinado muchas de sus actuaciones, y la segunda viene enmarcada por su seguidismo de un sistema educativo, el inspirado en la LOGSE, que ya antes de las transferencias (1999) mostraba signos estrepitosos de fracaso y que, tras larga agonía, ahora se presenta como inmantenible.
La impronta del presidente Areces llevó al consejero dimisionario a pactar 'todo' con los sindicatos, especialmente los afines, buscando una 'paz social' que, en muchos casos, encubría intereses partidarios y corporativos en detrimento del interés público y que tuvo en la dialéctica 'escuela pública/concertada' su gran coartada ideológica y sentimental. Aunque, eso si, manteniendo inmovible la doble red de centros y ninguneando a los sindicatos de la concertada. Todo muy sutil y efectivo. También es cierto que contó con la inestimable colaboración del PP que ha sido incapaz de llevar de forma seria y rigurosa el debate educativo a su lugar natural: el parlamento asturiano .
Como consecuencias destacadas de este desgobierno polisindical hay que señalar el pertinaz mantenimiento de un sistema de oposiciones injusto que prima la mediocridad y en donde el opositor libre a lo que realmente puede aspirar es a entrar en una bolsa de trabajo para interinos. También es denunciable la alegre planificación de plantillas (sin prospectiva demográfica) que aguantó durante los 'años de vino y rosas' y que ahora con la crisis muestra todas sus inconsistencias y excesos. .Como no recordar también la colonización de la Consejería con múltiples cargos discrecionales y asesores que, en muchos casos, exhibían como única credencial una docilidad acrítica al poder cuando no claramente su afiliación política o sindical; mal ejemplo para una organización educativa que dice valorar la excelencia y la meritocracia. Por no hablar del tema de la carrera profesional y la evaluación docente que en estos últimos años nos ha llevado a un 'aquelarre judicia' incomprensible hasta para los propios docentes o el malgasto asociado a un sistema de formación permanente del profesorado que ya hace años que está agotado.
Y para no aburrir, destacar por último, y como marca de la casa, el grandonismo y la constante la afición por la propaganda que, por ejemplo, nos ha querido vender la moto de las NNTT (confundiendo lo que es un medio con un fin) como la nueva panacea de la educación o los necesarios refuerzos en la enseñanza del Inglés llamados pomposamente bilingüismo y que maquillan un auténtico déficit en el aprendizaje de lenguas extranjeras.
Desde un punto de vista mas estrictamente educativo cabe destacar que faltó valentía para cambiar lo que ya manifiestamente no funcionaba desde finales de los 90. Es cierto que el consejero impulsó nuevos programas, aumentó la financiación y bajó las ratios profesor/alumno, pero no fue a la raíz del problema. La organización escolar no mejora sólo con más dinero y más profesores; es también necesario una gestión moderna y profesional con mayor autonomía para los centros. Con las transferencias. la Consejería se encontró con dinero, decenas de centros y miles de profesores pero también heredó unos modelos de gestión obsoletos que nos impiden responder agilmente a problemas gravísimos que han debilitado día a día al sistema educativo. Medidas que propiciaban avances evidentes han sido sistemáticamente soslayadas por prejuicios ideológicos o por intereses corporativos: reconocimiento del profesorado como autoridad pública; fortalecimiento del poder de los equipos directivos frente a la ineficacia de los consejos escolares y ante una creciente conflictividad en las aulas; mayor autonomía organizativa y financiera de los centros; controles de calidad y evaluación; una formación profesional de calidad accesible a partir de los 14 años; introducción de una verdadera carrera docente que prime el mérito y la asunción de responsabilidades; reducción realista del curriculum primando la instrucción; importancia de un bachillerato mas largo, sólido y riguroso..etc.
No corregir a tiempo errores evidentes nos ha dejado como resultado una década educativa mediocre, a pesar de la positiva comparación de Asturias con la catastrófica situación del resto de España, que tiene como consecuencia más dolorosa el abandono progresivo de las clases medias del sistema educativo público lo cual nos está llevando a un modelo dual que tiende a reproducir las desigualdades que el propio sistema justamente debería contribuir a superar. Y da la impresión de que lo peor está por venir . Al señor Riopedre, humanista, educador y profesor le ha tenido que llenar de pena y ansiedad el caos producido por las erráticas actuaciones del gobierno asturiano vaciando de competencias su Consejería en materia de personal a favor de administraciones públicas y todavía más, si cabe, los apresurados recortes que se están realizando 'a bultu' tanto en recursos humanos como materiales (apertura de centros, bibliotecas.etc). Efectivamente: mejor marchar y no ver. por salud.
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viernes, 13 de agosto de 2010
La ciudad ensamblada
R. VALLE
Seis distritos para una ciudad y una ciudad para seis distritos. El Plan General de Ordenación (PGO) que ahora mismo está en proceso de información pública para conocimiento de todos los gijoneses plantea el desarrollo de Gijón teniendo en cuenta su división territorial en seis distritos. Para todos y cada uno de ellos se establece en el planeamiento urbanístico una estrategia de acción, un resumen de los proyectos en marcha para los próximos años y varias actuaciones singulares a tener en cuenta. A nivel general, la intención del plan es rellenar los vacíos de la ciudad consolidada entre la Ronda Sur y la Autovía Minera, que se convierten en las grandes vías de salida y entrada de la ciudad al tiempo que ejes de la distribución de los tráficos de la periferia urbana.
l Distrito Oeste. «Es quizás el distrito que más transformación sufrirá en la próxima década», se puede leer en la documentación del PGO. Y en esa transformación mucho tiene que ver tanto el proceso de ampliación del puerto de El Musel como el denominado «plan de vías» que coloca en Moreda la estación intermodal, generando toda una nueva trama urbana entre la zona oeste y el centro urbano. En el límite sur de ese distrito, los viales de acceso a El Musel, la ZALIA y los polígonos industriales buscan definir un «espacio industrial racional compatible con el uso residencial». Más allá de estos ambiciosos proyectos estratégicos y sus consecuencias directas en el terreno está la intención de rematar la mejora de la fachada marítima con la urbanización de El Arbeyal y la conversión del terreno que ocupase Naval Gijón en un suelo industrial abierto al mar donde convivirían empresas tecnológicas con firmas comerciales y hosteleras.
A nivel residencial se destaca la operación de vivienda protegida en Jove, con una previsión de unos 1.900 pisos, y se pone sobre la mesa la intención de realizar una gran operación de cirugía urbanística en el entorno de la avenida del Príncipe de Asturias que se rodearía de 767 viviendas. El plan de actuaciones del PGO también habla de la conversión del actual barrio de El Muselín en un parque y del desdoblamiento de la avenida de Juan Carlos I en el tramo comprendido entre la calle Agustín Argüelles y el parque de Moreda. Esta última obra tiene un coste de seis millones de euros.
l Distrito Este. El nuevo Plan General de Ordenación mantiene viva la intención municipal de conseguir la transformación de la fachada marítima de San Lorenzo gracias al plan especial de rehabilitación del Muro. A esa operación se suman las remodelaciones de las avenidas de Castilla y Pablo Iglesias y el desarrollo de la estación de El Bibio para «crear una nueva imagen de esta parte de la ciudad». Todo ello sin olvidar la reforma integral de El Molinón y su conversión en espacio comercial y hostelero. En el límite entre el distrito Este y el distrito periurbano está el plan de reforma interior de la costa este entre El Rinconín y La Guía, que busca recuperar para el uso de todos los ciudadanos espacios actualmente degradados.
El Plan General hace también especial mención a la conexión con el nuevo espacio urbano de Cabueñes que suponen las avenidas de Albert Einstein y la Pecuaria y recuerda que, al sur de este ámbito territorial, los enlaces a través de La Coría y Viñao con los nuevos urbanizables de Castiello y Granda consolidan ese espacio urbano del distrito.
Dos actuaciones especiales vinculadas a este ámbito territorial son el desarrollo del plan director del recinto ferial Luis Adaro y el espacio de aparcamientos del entorno de la Laboral, que tiene un coste ya estimado de siete millones de euros.
l Distrito Centro. Al denominado centro urbano se vinculan proyectos tan llamativos como la conversión de la Fábrica de Tabacos en el Museo de Gijón (15 millones) o la reurbanización del paseo de Fomento (1 millón), sin olvidar el cambio que supondrá en ese ámbito la operación de penetración del ferrocarril con su urbanístico «plan de vías». Y así en la documentación del plan se puede leer que «el nuevo diseño de la plaza de El Humedal con la estación intermodal, la urbanización de la zona de vías y la estación subterránea de la plaza de Europa cambiarán el aspecto de un centro urbano al que hay que dotar también de un nuevo equipamiento deportivo y administrativo con la reserva de dotaciones previstas para servicios públicos».
Los urbanistas relacionan también la mejora de la imagen del centro con el plan municipal de subvenciones para la rehabilitación de fachadas y con los proyectos de mejora de las áreas comerciales, peatonalización de espacios de uso masivo y aplicación de la modalidad de «zona 30» para aliviar la densidad del tráfico. Las estrategias de movilidad del Plan General suponen un impulso al uso del transporte público o vehículos alternativos como la bicicleta en detrimento del coche privado. En este sentido se da carácter de aparcamientos disuasorios a los subterráneos a construir cerca del Palacio de Justicia y en la conexión de la avenida de Portugal con Sanz Crespo.
A lo largo de la documentación del Plan General se hace referencia al proyecto de urbanización de la avenida de Manuel Llaneza y al diseño de una circunvalación interior en Cimadevilla con la prolongación de las calles de Honesto Batalón y Maximino Marino Fernández.
http://www.lne.es/gijon/2010/08/13/ciudad-ensamblada/954477.html
Seis distritos para una ciudad y una ciudad para seis distritos. El Plan General de Ordenación (PGO) que ahora mismo está en proceso de información pública para conocimiento de todos los gijoneses plantea el desarrollo de Gijón teniendo en cuenta su división territorial en seis distritos. Para todos y cada uno de ellos se establece en el planeamiento urbanístico una estrategia de acción, un resumen de los proyectos en marcha para los próximos años y varias actuaciones singulares a tener en cuenta. A nivel general, la intención del plan es rellenar los vacíos de la ciudad consolidada entre la Ronda Sur y la Autovía Minera, que se convierten en las grandes vías de salida y entrada de la ciudad al tiempo que ejes de la distribución de los tráficos de la periferia urbana.
l Distrito Oeste. «Es quizás el distrito que más transformación sufrirá en la próxima década», se puede leer en la documentación del PGO. Y en esa transformación mucho tiene que ver tanto el proceso de ampliación del puerto de El Musel como el denominado «plan de vías» que coloca en Moreda la estación intermodal, generando toda una nueva trama urbana entre la zona oeste y el centro urbano. En el límite sur de ese distrito, los viales de acceso a El Musel, la ZALIA y los polígonos industriales buscan definir un «espacio industrial racional compatible con el uso residencial». Más allá de estos ambiciosos proyectos estratégicos y sus consecuencias directas en el terreno está la intención de rematar la mejora de la fachada marítima con la urbanización de El Arbeyal y la conversión del terreno que ocupase Naval Gijón en un suelo industrial abierto al mar donde convivirían empresas tecnológicas con firmas comerciales y hosteleras.
A nivel residencial se destaca la operación de vivienda protegida en Jove, con una previsión de unos 1.900 pisos, y se pone sobre la mesa la intención de realizar una gran operación de cirugía urbanística en el entorno de la avenida del Príncipe de Asturias que se rodearía de 767 viviendas. El plan de actuaciones del PGO también habla de la conversión del actual barrio de El Muselín en un parque y del desdoblamiento de la avenida de Juan Carlos I en el tramo comprendido entre la calle Agustín Argüelles y el parque de Moreda. Esta última obra tiene un coste de seis millones de euros.
l Distrito Este. El nuevo Plan General de Ordenación mantiene viva la intención municipal de conseguir la transformación de la fachada marítima de San Lorenzo gracias al plan especial de rehabilitación del Muro. A esa operación se suman las remodelaciones de las avenidas de Castilla y Pablo Iglesias y el desarrollo de la estación de El Bibio para «crear una nueva imagen de esta parte de la ciudad». Todo ello sin olvidar la reforma integral de El Molinón y su conversión en espacio comercial y hostelero. En el límite entre el distrito Este y el distrito periurbano está el plan de reforma interior de la costa este entre El Rinconín y La Guía, que busca recuperar para el uso de todos los ciudadanos espacios actualmente degradados.
El Plan General hace también especial mención a la conexión con el nuevo espacio urbano de Cabueñes que suponen las avenidas de Albert Einstein y la Pecuaria y recuerda que, al sur de este ámbito territorial, los enlaces a través de La Coría y Viñao con los nuevos urbanizables de Castiello y Granda consolidan ese espacio urbano del distrito.
Dos actuaciones especiales vinculadas a este ámbito territorial son el desarrollo del plan director del recinto ferial Luis Adaro y el espacio de aparcamientos del entorno de la Laboral, que tiene un coste ya estimado de siete millones de euros.
l Distrito Centro. Al denominado centro urbano se vinculan proyectos tan llamativos como la conversión de la Fábrica de Tabacos en el Museo de Gijón (15 millones) o la reurbanización del paseo de Fomento (1 millón), sin olvidar el cambio que supondrá en ese ámbito la operación de penetración del ferrocarril con su urbanístico «plan de vías». Y así en la documentación del plan se puede leer que «el nuevo diseño de la plaza de El Humedal con la estación intermodal, la urbanización de la zona de vías y la estación subterránea de la plaza de Europa cambiarán el aspecto de un centro urbano al que hay que dotar también de un nuevo equipamiento deportivo y administrativo con la reserva de dotaciones previstas para servicios públicos».
Los urbanistas relacionan también la mejora de la imagen del centro con el plan municipal de subvenciones para la rehabilitación de fachadas y con los proyectos de mejora de las áreas comerciales, peatonalización de espacios de uso masivo y aplicación de la modalidad de «zona 30» para aliviar la densidad del tráfico. Las estrategias de movilidad del Plan General suponen un impulso al uso del transporte público o vehículos alternativos como la bicicleta en detrimento del coche privado. En este sentido se da carácter de aparcamientos disuasorios a los subterráneos a construir cerca del Palacio de Justicia y en la conexión de la avenida de Portugal con Sanz Crespo.
A lo largo de la documentación del Plan General se hace referencia al proyecto de urbanización de la avenida de Manuel Llaneza y al diseño de una circunvalación interior en Cimadevilla con la prolongación de las calles de Honesto Batalón y Maximino Marino Fernández.
http://www.lne.es/gijon/2010/08/13/ciudad-ensamblada/954477.html
jueves, 12 de agosto de 2010
Los profesores, sospechosos habituales
FRANCISCO RODRÍGUEZ MENÉNDEZ PROFESOR DEL IES ROSARIO DE ACUÑA Ayuno de sesudas teorías pedagógicas y siendo sólo un profesor de instituto con más de veinticinco años de experiencia, me atrevo a denunciar uno de los males silenciosos que, a mi juicio, aqueja nuestra educación.
Los principales problemas de la enseñanza española no son, como se suele creer, de dineros (añadiré de inmediato que todo gasto invertido en educación siempre será más rentable que muchos dispendios en los que se despilfarra el dinero público).
Para dar una buena clase de Biología, Matemáticas, Historia? hacen falta recursos -nadie lo duda-, pero en la España del siglo XXI creo que, por fortuna o desgracia, los problemas de fondo son de otra índole.
Intentaré aquí aislar uno de ellos que me parece complejo y profundo, puesto que es un problema «moral» sensu lato, y sobre el que no se suele reparar.
En todo proceso educativo intervienen siempre dos voluntades. Para que una hora de clase sea provechosa hace falta un profesor cualificado y entusiasta, pero es imprescindible, también, un grupo de alumnos deseosos de aprender y con una idea clara de para qué acuden a un centro educativo; profesores que sientan que la sociedad les respalda y confía en ellos para desarrollar su labor, pero de verdad y no sólo de boquilla; y alumnos responsables, que quieren aprender porque les han convencido de que el tiempo que invierten en su formación es lo más trascendental para su futuro personal y profesional, y para el de su país.
Ahora bien, de unos, bastantes, años a esta parte, en virtud de no sé que brillantísimas teorías peda-demagógicas, se viene apuntando al profesorado -y no es expresión metafórica- como único responsable del tan manido y horrísono fracaso escolar.
A la hora de buscar un culpable del bajo rendimiento del alumnado, del alto índice de suspensos, del notable número de abandonos?. el foco, tras hacer un barrido por la concurrida escena educativa, acaba por iluminar sólo y siempre al profesor.
De los dos protagonistas principales del acto educativo, profesor y alumno, el sospechoso siempre es el primero y nunca el segundo, considerado, por lo general, ser angelical, inocente, ansioso de saberes e irreprochable en su conducta y modales.
Esta situación puede que esté muy bien y tranquilice a políticos simplones y padres ingenuos, pero tiene algunos efectos perversos en los que quizá no se haya reparado lo suficiente. Veámoslos.
Convertir al docente en quasi único responsable de los resultados del esfuerzo educativo implica, necesariamente, descargar de toda responsabilidad al discente. Hacer «sospechoso habitual» al docente supone eximir de toda sospecha al discente. En consecuencia, los discípulos, que no suelen ser tontos, se ven, se creen del todo irresponsables de su proceso educativo, de su formación académica.
Ha calado, pues, en las mentes estudiantiles que si no siguen las indicaciones del profesor, la culpa será del profesor; si no hacen el trabajo diario que se les encomienda, la culpa será del profesor; que si no atienden en clase; que si no corrigen los ejercicios; que si no preparan los exámenes (arcaísmo por pruebas objetivas), que si molestan, que si no alcanzan los objetivos, que si dejan de esforzarse y un largo etcétera, la culpa recaerá siempre en el profesor.
Les bastará sembrar dudas ante sus devotísimos padres sobre la vagancia, incompetencia o fobias del profe, aderezadas con alguna que otra mentira que será creída sin asomo de duda. Únase a ello que para muchos de nuestros adolescentes el futuro no llega más allá del fin de semana y el cuadro de la irresponsabilidad estará completo.
Así las cosas, ya se ha encontrado un «chivo explicatorio» perfecto (en acertada expresión de «Les Luthiers»). Los políticos y muchos padres ya pueden dormir tranquilos. La política educativa consistirá, por tanto, en insinuar, de forma más o menos velada, las sospechas de incompetencia, desidia, exigencia y rigor sobrehumanos, manías persecutorias, implementando medidas que combatan estas fundadas sospechas (de vez en cuando, para que no se diga, se repetirá algún lugar común sobre la trascendencia de su labor y todo eso?).
¿Y qué tipo de medidas se han venido aplicando? Pues medidas de todo tipo: algunas, pocas, buenas, otras mediocres y muchas nefastas, pero siempre con el ingrediente común de cierta desconfianza hacia el profesorado:
? Adelgazamiento de ciertos contenidos.
? Disminución de horas de materias tradicionales y difíciles.
? Exigencia del logro «como sea» de un porcentaje de aprobados que debe mejorar cada curso (¡hasta el cien por cien y más allá!).
? Suavización de las sanciones por indisciplina.
? Control al segundo de la programación de aula.
? Control al detalle de los procedimientos de evaluación.
? Multiplicación de los requisitos formales y burocráticos para justificar un suspenso.
? Invención de una compleja casuística que facilite la promoción de curso?.
Como estoy imaginando que. desde hace un rato, no ya los focos sino las escopetas estarán apuntando hacia quien esto escribe con el recurso facilón de acusarme de corporativismo, me apresuro a decir que me gustaría que la actividad docente fuera objeto de una inspección experta, rigurosa e individualizada, que reconviniera a todo aquel funcionario, faltaría más, que no cumpliera con sus deberes.
Pero, por lo mismo, estoy convencido de que es urgente que se reequilibre la situación y que se pidan cuentas también a todos aquellos alumnos del sistema público que no están cumpliendo con su primer deber, consistente en emplear todas sus capacidades y todo su empeño en hacer rentable la inversión que la ciudadanía hace para su formación a través de los impuestos.
Los alumnos, y sus familias, con todos los grados y matices que se quieran, son también responsables de sus resultados académicos, tal como señalan con reiteración numerosos estudios, casi nunca atendidos.
Está claro que la irresponsabilidad de muchos alumnos y sus familias, debida a un abanico variado y complejo de causas, resulta más difícil e impopular de abordar por parte de una autoridad política pusilánime: ¡es siempre más fácil criticar al entrenador que a los jugadores!
Ahora bien, mientras las políticas educativas no partan de la existencia de una responsabilidad compartida en los problemas de la enseñanza, y diluciden, sin demagogias y con rigor, qué parte corresponde a cada uno, el burro seguirá indefinidamente dando vueltas a la misma noria de la que cada vez saldrá menos agua.
http://www.lne.es/gijon/2010/08/12/profesores-sospechosos-habituales/954042.html
Los principales problemas de la enseñanza española no son, como se suele creer, de dineros (añadiré de inmediato que todo gasto invertido en educación siempre será más rentable que muchos dispendios en los que se despilfarra el dinero público).
Para dar una buena clase de Biología, Matemáticas, Historia? hacen falta recursos -nadie lo duda-, pero en la España del siglo XXI creo que, por fortuna o desgracia, los problemas de fondo son de otra índole.
Intentaré aquí aislar uno de ellos que me parece complejo y profundo, puesto que es un problema «moral» sensu lato, y sobre el que no se suele reparar.
En todo proceso educativo intervienen siempre dos voluntades. Para que una hora de clase sea provechosa hace falta un profesor cualificado y entusiasta, pero es imprescindible, también, un grupo de alumnos deseosos de aprender y con una idea clara de para qué acuden a un centro educativo; profesores que sientan que la sociedad les respalda y confía en ellos para desarrollar su labor, pero de verdad y no sólo de boquilla; y alumnos responsables, que quieren aprender porque les han convencido de que el tiempo que invierten en su formación es lo más trascendental para su futuro personal y profesional, y para el de su país.
Ahora bien, de unos, bastantes, años a esta parte, en virtud de no sé que brillantísimas teorías peda-demagógicas, se viene apuntando al profesorado -y no es expresión metafórica- como único responsable del tan manido y horrísono fracaso escolar.
A la hora de buscar un culpable del bajo rendimiento del alumnado, del alto índice de suspensos, del notable número de abandonos?. el foco, tras hacer un barrido por la concurrida escena educativa, acaba por iluminar sólo y siempre al profesor.
De los dos protagonistas principales del acto educativo, profesor y alumno, el sospechoso siempre es el primero y nunca el segundo, considerado, por lo general, ser angelical, inocente, ansioso de saberes e irreprochable en su conducta y modales.
Esta situación puede que esté muy bien y tranquilice a políticos simplones y padres ingenuos, pero tiene algunos efectos perversos en los que quizá no se haya reparado lo suficiente. Veámoslos.
Convertir al docente en quasi único responsable de los resultados del esfuerzo educativo implica, necesariamente, descargar de toda responsabilidad al discente. Hacer «sospechoso habitual» al docente supone eximir de toda sospecha al discente. En consecuencia, los discípulos, que no suelen ser tontos, se ven, se creen del todo irresponsables de su proceso educativo, de su formación académica.
Ha calado, pues, en las mentes estudiantiles que si no siguen las indicaciones del profesor, la culpa será del profesor; si no hacen el trabajo diario que se les encomienda, la culpa será del profesor; que si no atienden en clase; que si no corrigen los ejercicios; que si no preparan los exámenes (arcaísmo por pruebas objetivas), que si molestan, que si no alcanzan los objetivos, que si dejan de esforzarse y un largo etcétera, la culpa recaerá siempre en el profesor.
Les bastará sembrar dudas ante sus devotísimos padres sobre la vagancia, incompetencia o fobias del profe, aderezadas con alguna que otra mentira que será creída sin asomo de duda. Únase a ello que para muchos de nuestros adolescentes el futuro no llega más allá del fin de semana y el cuadro de la irresponsabilidad estará completo.
Así las cosas, ya se ha encontrado un «chivo explicatorio» perfecto (en acertada expresión de «Les Luthiers»). Los políticos y muchos padres ya pueden dormir tranquilos. La política educativa consistirá, por tanto, en insinuar, de forma más o menos velada, las sospechas de incompetencia, desidia, exigencia y rigor sobrehumanos, manías persecutorias, implementando medidas que combatan estas fundadas sospechas (de vez en cuando, para que no se diga, se repetirá algún lugar común sobre la trascendencia de su labor y todo eso?).
¿Y qué tipo de medidas se han venido aplicando? Pues medidas de todo tipo: algunas, pocas, buenas, otras mediocres y muchas nefastas, pero siempre con el ingrediente común de cierta desconfianza hacia el profesorado:
? Adelgazamiento de ciertos contenidos.
? Disminución de horas de materias tradicionales y difíciles.
? Exigencia del logro «como sea» de un porcentaje de aprobados que debe mejorar cada curso (¡hasta el cien por cien y más allá!).
? Suavización de las sanciones por indisciplina.
? Control al segundo de la programación de aula.
? Control al detalle de los procedimientos de evaluación.
? Multiplicación de los requisitos formales y burocráticos para justificar un suspenso.
? Invención de una compleja casuística que facilite la promoción de curso?.
Como estoy imaginando que. desde hace un rato, no ya los focos sino las escopetas estarán apuntando hacia quien esto escribe con el recurso facilón de acusarme de corporativismo, me apresuro a decir que me gustaría que la actividad docente fuera objeto de una inspección experta, rigurosa e individualizada, que reconviniera a todo aquel funcionario, faltaría más, que no cumpliera con sus deberes.
Pero, por lo mismo, estoy convencido de que es urgente que se reequilibre la situación y que se pidan cuentas también a todos aquellos alumnos del sistema público que no están cumpliendo con su primer deber, consistente en emplear todas sus capacidades y todo su empeño en hacer rentable la inversión que la ciudadanía hace para su formación a través de los impuestos.
Los alumnos, y sus familias, con todos los grados y matices que se quieran, son también responsables de sus resultados académicos, tal como señalan con reiteración numerosos estudios, casi nunca atendidos.
Está claro que la irresponsabilidad de muchos alumnos y sus familias, debida a un abanico variado y complejo de causas, resulta más difícil e impopular de abordar por parte de una autoridad política pusilánime: ¡es siempre más fácil criticar al entrenador que a los jugadores!
Ahora bien, mientras las políticas educativas no partan de la existencia de una responsabilidad compartida en los problemas de la enseñanza, y diluciden, sin demagogias y con rigor, qué parte corresponde a cada uno, el burro seguirá indefinidamente dando vueltas a la misma noria de la que cada vez saldrá menos agua.
http://www.lne.es/gijon/2010/08/12/profesores-sospechosos-habituales/954042.html
Contra los creyentes
También acerca de la Ilustración dieciochesca, ese pronunciamiento cultural antisupersticioso por excelencia, se han fraguado supersticiones. Una de ellas asegura que los grandes ilustrados, cuyo epítome es Voltaire, persiguieron a los creyentes. No es cierto o, al menos, no lo es salvo que precisemos bien y de forma contraintuitiva los creyentes a quienes nos referimos. Porque en el sentido más acogedor del término, todos somos creyentes... en el siglo XVIII y hoy en día.
Los conocimientos bien fundados fueron y son demasiado escasos para lo que requieren nuestros anhelos de comprender la vida y actuar en la urgencia del momento presente. Como dijo Wittgenstein, incluso cuando tengamos todas las respuestas científicas aún no habremos comenzado a responder las preguntas que más nos importan. De modo que siempre necesitaremos creer además de saber para poder organizar racionalmente nuestra existencia humana.
Esta obviedad paradójica nunca se le escapó a Voltaire, Diderot ni al resto de los más esclarecidos miembros de la cruzada enciclopedista. Cuando ellos denunciaron y combatieron a los "creyentes", nunca pretendieron acabar con quienes conjeturan más allá de lo que pueden comprobar -ellos mismos lo hacían constantemente- sino con los que en nombre de su inverificable certidumbre persiguen y coaccionan a quienes viven según convicciones diferentes. Porque el creyente peligroso no es quien reivindica su fe como un derecho personal, sino quien pretende convertirla en un deber "para todas y todos", como dicen ahora. Voltaire les caracterizaba con el lema "piensa como yo o muere", todavía vigente hoy de forma literal en algunas siniestras teocracias aunque en nuestras sociedades democráticas haya sido sustituido por una fórmula menos sanguinaria: "Piensa como yo o muere... socialmente".
El laicismo del Estado, que es uno de los pilares -amenazados, ay- de la democracia contemporánea, no pretende erradicar creencias personales sino a aquellos que intentan prescribirlas o proscribirlas. Es decir, el Estado se mantiene laico para que los ciudadanos puedan serlo o no serlo según su criterio.
Y las convicciones de cada cual así amparadas no se refieren solamente a cuestiones religiosas o metafísicas, sino también a estilos de vida. Son estos últimos los más difíciles de soportar para los creyentes actuales, que solo se encuentran a gusto en la unanimidad de comportamiento y están dispuestos a exigirla de acuerdo con elevados principios morales... que dejan de serlo, claro, en cuanto se les impone por decreto. La institucionalización democrática no debe pretender instaurar el cielo en la tierra -lo óptimo en dignidad humana, decencia y costumbres edificantes- sino permitir el marco político en el que, dentro de una regulada convivencia, cada cual pueda ir al cielo o al infierno por el camino que prefiera, según postuló Voltaire. Lo contrario es volver a los usos teocráticos... aunque sea nominalmente para desautorizarlos y prohibirlos.
A diferencia de lo que pretenden los creyentes, el Estado laico no debe entrar en ningún tipo de polémicas religiosas. Ninguna fe puede convertirse en un eximente para incumplir las leyes civiles, pero tampoco en motivo para penalizar conductas que no se vetan explícitamente en los usos profanos. Si un conductor de autobús musulmán (el caso ha ocurrido en Reino Unido) no permite subir en su vehículo a un invidente acompañado de su perro guía, no es cosa de comenzar a discutir si realmente la saliva del animal esimpura o no según no sé qué ortodoxia: la ley de ayuda a las minusvalías debe cumplirse y punto.
De igual modo, una joven de la edad legalmente determinada debe poder comprar la píldora poscoital en la farmacia sin trabas, tenga la persona que regenta el establecimiento la opinión moral que fuere sobre esa transacción.
Pero tampoco hay derecho a prohibir velos o tocados a nadie porque se les suponga significados religiosos indeseables según el creyente persecutorio de turno (algunos muy eruditos, eso sí), cuando no despertarían recelo si se los justificase en nombre de la moda o de la extravagancia.
La indudable superioridad de las democracias laicas sobre las teocracias es que en las primeras las mujeres pueden ponerse el velo que quieran y en las otras en cambio no se lo pueden quitar. En cuanto a las disquisiciones teológicas, quedan para los ámbitos académicos y las fiestas de guardar.
Como los creyentes ejercen su santa coacción en beneficio de las almas de los demás, su presa favorita suelen ser las mujeres, cuyas almas tradicionalmente han sido consideradas más vulnerables que el espíritu de los varones.
Sea que se tapen demasiado o que se ofrezcan desnudas al mejor postor, siempre deben ser reprimidas y encauzadas porque solo llegarán a ser libres cuando se las convenza de lo dañino que es hacer lo que les dé la gana.
Antes, cuando la hembra era siempre revival de Eva tentadora, tras cada desvarío masculino alguien advertía: ¡cherchez la femme!; ahora, como ya solo están autorizadas a ser víctimas, en cuanto se recatan o se descocan demasiado los creyentes claman: ¡cherchez l'homme!
Porque se da por hecho que es un hombre siempre el que las desvía del recto sendero de la razón y la decencia. Desgraciadamente es muy frecuente que sean varones quienes las intimidan y mangonean, pero entonces será contra esos tiranuelos contra quienes habrá que actuar sin dejar de reconocer que ellas tienen también voluntad propia.
¿Que no se puede permitir la esclavitud, ni siquiera voluntaria? No hay esclavos ni esclavas felices salvo en la ópera de Arriaga y sin embargo todos nos esclavizamos gustosos de mil maneras por devoción o por ambición. Cuidado con los moralistas que sin escuchar nuestra opinión se sienten legitimados para emanciparnos a fuerza de decretos...
A lo largo de su biografía, los creyentes a veces mejoran de dogmas y pasan del comunismo a la socialdemocracia o el liberalismo, de la ortodoxia teológica al cientifismo y la evolución, de las adicciones juveniles a la salud pública, incluso hay ex caníbales que acaban vegetarianos o antitaurinos.
Pero lo que nunca pierden es el celo persecutorio que les asegura el subidón de adrenalina política. Los demás son cavernícolas oscurantistas, ellos siempre paladines ilustrados inasequibles al desaliento.
Practican lo que Michael Oakeshott llamó en un ensayo memorable la "política de la fe", es decir, tratan de imponer gubernamentalmente la perfección social según la guía de quienes ya vieron la luz de la verdad. O sea, siguen confundiendo política y religión... aunque se crean laicos.
FERNANDO SAVATER
EL PAÍS - Opinión - 11-08-2010
Los conocimientos bien fundados fueron y son demasiado escasos para lo que requieren nuestros anhelos de comprender la vida y actuar en la urgencia del momento presente. Como dijo Wittgenstein, incluso cuando tengamos todas las respuestas científicas aún no habremos comenzado a responder las preguntas que más nos importan. De modo que siempre necesitaremos creer además de saber para poder organizar racionalmente nuestra existencia humana.
Esta obviedad paradójica nunca se le escapó a Voltaire, Diderot ni al resto de los más esclarecidos miembros de la cruzada enciclopedista. Cuando ellos denunciaron y combatieron a los "creyentes", nunca pretendieron acabar con quienes conjeturan más allá de lo que pueden comprobar -ellos mismos lo hacían constantemente- sino con los que en nombre de su inverificable certidumbre persiguen y coaccionan a quienes viven según convicciones diferentes. Porque el creyente peligroso no es quien reivindica su fe como un derecho personal, sino quien pretende convertirla en un deber "para todas y todos", como dicen ahora. Voltaire les caracterizaba con el lema "piensa como yo o muere", todavía vigente hoy de forma literal en algunas siniestras teocracias aunque en nuestras sociedades democráticas haya sido sustituido por una fórmula menos sanguinaria: "Piensa como yo o muere... socialmente".
El laicismo del Estado, que es uno de los pilares -amenazados, ay- de la democracia contemporánea, no pretende erradicar creencias personales sino a aquellos que intentan prescribirlas o proscribirlas. Es decir, el Estado se mantiene laico para que los ciudadanos puedan serlo o no serlo según su criterio.
Y las convicciones de cada cual así amparadas no se refieren solamente a cuestiones religiosas o metafísicas, sino también a estilos de vida. Son estos últimos los más difíciles de soportar para los creyentes actuales, que solo se encuentran a gusto en la unanimidad de comportamiento y están dispuestos a exigirla de acuerdo con elevados principios morales... que dejan de serlo, claro, en cuanto se les impone por decreto. La institucionalización democrática no debe pretender instaurar el cielo en la tierra -lo óptimo en dignidad humana, decencia y costumbres edificantes- sino permitir el marco político en el que, dentro de una regulada convivencia, cada cual pueda ir al cielo o al infierno por el camino que prefiera, según postuló Voltaire. Lo contrario es volver a los usos teocráticos... aunque sea nominalmente para desautorizarlos y prohibirlos.
A diferencia de lo que pretenden los creyentes, el Estado laico no debe entrar en ningún tipo de polémicas religiosas. Ninguna fe puede convertirse en un eximente para incumplir las leyes civiles, pero tampoco en motivo para penalizar conductas que no se vetan explícitamente en los usos profanos. Si un conductor de autobús musulmán (el caso ha ocurrido en Reino Unido) no permite subir en su vehículo a un invidente acompañado de su perro guía, no es cosa de comenzar a discutir si realmente la saliva del animal esimpura o no según no sé qué ortodoxia: la ley de ayuda a las minusvalías debe cumplirse y punto.
De igual modo, una joven de la edad legalmente determinada debe poder comprar la píldora poscoital en la farmacia sin trabas, tenga la persona que regenta el establecimiento la opinión moral que fuere sobre esa transacción.
Pero tampoco hay derecho a prohibir velos o tocados a nadie porque se les suponga significados religiosos indeseables según el creyente persecutorio de turno (algunos muy eruditos, eso sí), cuando no despertarían recelo si se los justificase en nombre de la moda o de la extravagancia.
La indudable superioridad de las democracias laicas sobre las teocracias es que en las primeras las mujeres pueden ponerse el velo que quieran y en las otras en cambio no se lo pueden quitar. En cuanto a las disquisiciones teológicas, quedan para los ámbitos académicos y las fiestas de guardar.
Como los creyentes ejercen su santa coacción en beneficio de las almas de los demás, su presa favorita suelen ser las mujeres, cuyas almas tradicionalmente han sido consideradas más vulnerables que el espíritu de los varones.
Sea que se tapen demasiado o que se ofrezcan desnudas al mejor postor, siempre deben ser reprimidas y encauzadas porque solo llegarán a ser libres cuando se las convenza de lo dañino que es hacer lo que les dé la gana.
Antes, cuando la hembra era siempre revival de Eva tentadora, tras cada desvarío masculino alguien advertía: ¡cherchez la femme!; ahora, como ya solo están autorizadas a ser víctimas, en cuanto se recatan o se descocan demasiado los creyentes claman: ¡cherchez l'homme!
Porque se da por hecho que es un hombre siempre el que las desvía del recto sendero de la razón y la decencia. Desgraciadamente es muy frecuente que sean varones quienes las intimidan y mangonean, pero entonces será contra esos tiranuelos contra quienes habrá que actuar sin dejar de reconocer que ellas tienen también voluntad propia.
¿Que no se puede permitir la esclavitud, ni siquiera voluntaria? No hay esclavos ni esclavas felices salvo en la ópera de Arriaga y sin embargo todos nos esclavizamos gustosos de mil maneras por devoción o por ambición. Cuidado con los moralistas que sin escuchar nuestra opinión se sienten legitimados para emanciparnos a fuerza de decretos...
A lo largo de su biografía, los creyentes a veces mejoran de dogmas y pasan del comunismo a la socialdemocracia o el liberalismo, de la ortodoxia teológica al cientifismo y la evolución, de las adicciones juveniles a la salud pública, incluso hay ex caníbales que acaban vegetarianos o antitaurinos.
Pero lo que nunca pierden es el celo persecutorio que les asegura el subidón de adrenalina política. Los demás son cavernícolas oscurantistas, ellos siempre paladines ilustrados inasequibles al desaliento.
Practican lo que Michael Oakeshott llamó en un ensayo memorable la "política de la fe", es decir, tratan de imponer gubernamentalmente la perfección social según la guía de quienes ya vieron la luz de la verdad. O sea, siguen confundiendo política y religión... aunque se crean laicos.
FERNANDO SAVATER
EL PAÍS - Opinión - 11-08-2010
lunes, 9 de agosto de 2010
Discriminación bachillerato
En virtud de un Decreto vigente desde noviembre de 2008, los alumnos de Formación Profesional (FP) tienen acceso directo a la Universidad, sin necesidad de realizar examen de ingreso ni selectividad y sin que para ellos exista un cupo de plazas determinado.
Pero aún hay un problema añadido. No sólo su ingreso es directo, sino que su calificación se conforma por la nota media del ciclo con un incremento añadido a base de dos coeficientes: uno, sobre la mejor nota del expediente, y otro, sobre la segunda mejor nota. Lo que provoca que al entrar con calificaciones más altas y ahora en mayor número, la nota de corte se eleva para los alumnos procedentes de selectividad, imposibilitando su acceso a la carrera elegida. De hecho, determinados ciclos formativos de FP se cursan mayoritariamente en centros privados y que al no existir el filtro corrector de la selectividad las notas medias superan en casi dos puntos a las del bachillerato; lo cual se ve agravado con que quienes tienen que hacer la selectividad acostumbran a ver rebajada su nota en otro medio punto.
Y con esa calificación global, sin más cortapisas, los alumnos de FP tienen libre acceso a la Universidad, donde compiten con alumnos de Bachillerato, que ha tenido que superar la selectividad o Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), por las titulaciones con numerus clausus.
La supresión en la Universidad de los cupos de entrada para los estudiantes procedentes de los ciclos de FP, que no tienen necesidad de pasar por la selectividad, ha provocado una avalancha de alumnos en una veintena de carreras. La consecuencia de este “invento” ha sido que los estudios universitarios más demandados, como son Medicina, Enfermería, Fisioterapia y Odontología, se han visto invadidos por alumnos procedentes de la FP, expulsando en su acceso a los procedentes del Bachillerato, que han tenido que superar un proceso selectivo más severo.
Los responsables universitarios alertan que la incidencia y los desequilibrios son fuertes, especialmente en titulaciones importantes como las del área sanitaria o Magisterio, que es clave para la formación de un país. Sin ir más lejos, en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), por ejemplo, de las 154 plazas de primer curso de Magisterio de Educación Infantil, 139 han correspondido a alumnos de FP y sólo 15 a los que proceden de la selectividad. E incluso se da el caso de alumnos que han entrado en Magisterio que únicamente habían cursado Formación profesional administrativo. En el Institut Nacional d'Educació Física (INEF), en Barcelona, tiene un 66% de estudiantes procedentes de FP. En algunas Universidades, los titulados de FP han copado el 10% de las plazas de Medicina, el 50% de Enfermería y el 90% de Odontología.
El único elemento corrector que se introdujo por la Administración educativa fue que el plus que se puede conseguir en la nota de acceso a través de los exámenes de materias de modalidad podía llegar a ser de 4 puntos (nota máxima 14). Los de FP podían escoger entre sus mejores notas pero solamente podían sumar 2 (hasta 12). Esa limitación ha impedido a los alumnos de FP matricularse en carreras como Medicina, cuando en años anteriores se les reservaba un 10% de las plazas y en Magisterio se les reservaba el 30%.
Otro desequilibrio grave se produce debido a las materias que ya tienen convalidadas los alumnos de FP. En el caso de Educación Infantil de la UAB pueden ser 48 créditos de un total de 240. Eso significa que en segundo curso, donde se concentra la mayor parte de esas materias, los grupos estarán casi vacíos, pero deberán impartirse igual y además los alumnos no pagarán la matricula.
Resulta evidente que la FP necesitaba de un proceso de dignificación y de ofrecimiento de salidas en estudios superiores, pero nunca a cambio de allanar el camino hasta el punto de poner en el peligro el proyecto curricular de los alumnos procedentes del Bachillerato, provocar una discriminación para éstos, dando un acceso universitario privilegiado para los primeros.
La elección de los estudios universitarios en esa etapa de la vida trasciende mucho al hecho de escoger qué estudios resultan más interesantes, sino que cada alumno determina su futuro profesional para, seguramente, el resto de su vida. De ahí la importancia que este proceso se haga con arreglo a los principios de igualdad y mérito que debe regir toda la vida académica universitaria, en cualquiera de sus momentos, de su acceso como estudiante hasta el nombramiento del profesorado.
Chicos y chicas que salidos del bachillerato ven frustradas sus legitimas expectativas, a la vista de que de nada sirven sus esfuerzos de varios años y de superar la prueba de la selectividad frente a quienes han elegido otro currículo formativo, evitando tener que homologar sus conocimientos frente al resto de los sus futuros compañeros universitarios mediante una prueba de acceso.
El ministro Gabilondo y los Consejeros de Educación de las respectivas Comunidades autónomas deberían hacer una reflexión profunda sobre esta situación, pues no se pueden hacer experimentos con el futuro profesional de la juventud y que se les envíe tácitamente el mensaje de que de nada vale el esfuerzo ni los méritos en los estudios o en el mundo profesional. De continuar así, el ministro puede dinamitar el sistema educativo en una fase crucial, el del acceso a los estudios superiores, y con ello el de un montón de vocaciones profesionales en base a un Decreto absurdo e injusto, además de poner en peligro la calidad de estudios superiores de importancia para el futuro de la sociedad por haber introducido una descompensación irreflexiva y no corregida a tiempo.
En UPyD hemos propugnado que la educación de calidad es el instrumento más eficaz para avanzar hacia una igualdad real de oportunidades en una sociedad en la que no haya más desigualdades que las derivadas de la capacidad y el mérito y que la mejora de nuestro sistema educativo es crucial para posibilitar el cambio a un nuevo modelo productivo, basado en el conocimiento y la innovación tecnológica que genere empleo de calidad.
Es urgente, pues, que se establezca un cupo de plazas para los estudiantes de FP o éstos que realicen una prueba de acceso a la Universidad, la misma o similar a la segunda que realizan los de la nueva Selectividad y que está destinada, precisamente, a los estudios con numerus clausus.
Ministro, como decía el clásico; los experimentos, con gaseosa.
Pero aún hay un problema añadido. No sólo su ingreso es directo, sino que su calificación se conforma por la nota media del ciclo con un incremento añadido a base de dos coeficientes: uno, sobre la mejor nota del expediente, y otro, sobre la segunda mejor nota. Lo que provoca que al entrar con calificaciones más altas y ahora en mayor número, la nota de corte se eleva para los alumnos procedentes de selectividad, imposibilitando su acceso a la carrera elegida. De hecho, determinados ciclos formativos de FP se cursan mayoritariamente en centros privados y que al no existir el filtro corrector de la selectividad las notas medias superan en casi dos puntos a las del bachillerato; lo cual se ve agravado con que quienes tienen que hacer la selectividad acostumbran a ver rebajada su nota en otro medio punto.
Y con esa calificación global, sin más cortapisas, los alumnos de FP tienen libre acceso a la Universidad, donde compiten con alumnos de Bachillerato, que ha tenido que superar la selectividad o Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), por las titulaciones con numerus clausus.
La supresión en la Universidad de los cupos de entrada para los estudiantes procedentes de los ciclos de FP, que no tienen necesidad de pasar por la selectividad, ha provocado una avalancha de alumnos en una veintena de carreras. La consecuencia de este “invento” ha sido que los estudios universitarios más demandados, como son Medicina, Enfermería, Fisioterapia y Odontología, se han visto invadidos por alumnos procedentes de la FP, expulsando en su acceso a los procedentes del Bachillerato, que han tenido que superar un proceso selectivo más severo.
Los responsables universitarios alertan que la incidencia y los desequilibrios son fuertes, especialmente en titulaciones importantes como las del área sanitaria o Magisterio, que es clave para la formación de un país. Sin ir más lejos, en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), por ejemplo, de las 154 plazas de primer curso de Magisterio de Educación Infantil, 139 han correspondido a alumnos de FP y sólo 15 a los que proceden de la selectividad. E incluso se da el caso de alumnos que han entrado en Magisterio que únicamente habían cursado Formación profesional administrativo. En el Institut Nacional d'Educació Física (INEF), en Barcelona, tiene un 66% de estudiantes procedentes de FP. En algunas Universidades, los titulados de FP han copado el 10% de las plazas de Medicina, el 50% de Enfermería y el 90% de Odontología.
El único elemento corrector que se introdujo por la Administración educativa fue que el plus que se puede conseguir en la nota de acceso a través de los exámenes de materias de modalidad podía llegar a ser de 4 puntos (nota máxima 14). Los de FP podían escoger entre sus mejores notas pero solamente podían sumar 2 (hasta 12). Esa limitación ha impedido a los alumnos de FP matricularse en carreras como Medicina, cuando en años anteriores se les reservaba un 10% de las plazas y en Magisterio se les reservaba el 30%.
Otro desequilibrio grave se produce debido a las materias que ya tienen convalidadas los alumnos de FP. En el caso de Educación Infantil de la UAB pueden ser 48 créditos de un total de 240. Eso significa que en segundo curso, donde se concentra la mayor parte de esas materias, los grupos estarán casi vacíos, pero deberán impartirse igual y además los alumnos no pagarán la matricula.
Resulta evidente que la FP necesitaba de un proceso de dignificación y de ofrecimiento de salidas en estudios superiores, pero nunca a cambio de allanar el camino hasta el punto de poner en el peligro el proyecto curricular de los alumnos procedentes del Bachillerato, provocar una discriminación para éstos, dando un acceso universitario privilegiado para los primeros.
La elección de los estudios universitarios en esa etapa de la vida trasciende mucho al hecho de escoger qué estudios resultan más interesantes, sino que cada alumno determina su futuro profesional para, seguramente, el resto de su vida. De ahí la importancia que este proceso se haga con arreglo a los principios de igualdad y mérito que debe regir toda la vida académica universitaria, en cualquiera de sus momentos, de su acceso como estudiante hasta el nombramiento del profesorado.
Chicos y chicas que salidos del bachillerato ven frustradas sus legitimas expectativas, a la vista de que de nada sirven sus esfuerzos de varios años y de superar la prueba de la selectividad frente a quienes han elegido otro currículo formativo, evitando tener que homologar sus conocimientos frente al resto de los sus futuros compañeros universitarios mediante una prueba de acceso.
El ministro Gabilondo y los Consejeros de Educación de las respectivas Comunidades autónomas deberían hacer una reflexión profunda sobre esta situación, pues no se pueden hacer experimentos con el futuro profesional de la juventud y que se les envíe tácitamente el mensaje de que de nada vale el esfuerzo ni los méritos en los estudios o en el mundo profesional. De continuar así, el ministro puede dinamitar el sistema educativo en una fase crucial, el del acceso a los estudios superiores, y con ello el de un montón de vocaciones profesionales en base a un Decreto absurdo e injusto, además de poner en peligro la calidad de estudios superiores de importancia para el futuro de la sociedad por haber introducido una descompensación irreflexiva y no corregida a tiempo.
En UPyD hemos propugnado que la educación de calidad es el instrumento más eficaz para avanzar hacia una igualdad real de oportunidades en una sociedad en la que no haya más desigualdades que las derivadas de la capacidad y el mérito y que la mejora de nuestro sistema educativo es crucial para posibilitar el cambio a un nuevo modelo productivo, basado en el conocimiento y la innovación tecnológica que genere empleo de calidad.
Es urgente, pues, que se establezca un cupo de plazas para los estudiantes de FP o éstos que realicen una prueba de acceso a la Universidad, la misma o similar a la segunda que realizan los de la nueva Selectividad y que está destinada, precisamente, a los estudios con numerus clausus.
Ministro, como decía el clásico; los experimentos, con gaseosa.
La Campa Torres, ejemplo de desgobierno
JORGE J. URÍA Lo ocurrido en La Campa Torres con la aparición de piezas arqueológicas en un lamentable estado de abandono y posterior reconocimiento por parte de la Fiscalía de un delito contra el Patrimonio, nos ha dado pie a más de uno para reflexionar en el solaz agosteño acerca de las responsabilidades e irresponsabilidades que contraen y cometen quienes asumen trabajos propios de la función pública.
La línea que separa al político del alto funcionariado público siempre ha sido objeto de debate una vez parido el estado liberal constitucional, allá por el siglo XIX. Desde entonces se ha ido capeando el asunto, a pesar de su creciente complejidad, con mayor o menor acierto según momentos y circunstancias. Que el Director de Patrimonio del Principado, José Luis Vega, se haya descolgado diciendo hace unos días en relación al hallazgo en La Campa que no es el momento de buscar culpables sino soluciones y que al final nadie tiene responsabilidad en lo sucedido, es la mejor demostración de que a día de hoy el servilismo a los intereses partidarios de quien gobierna garantiza el mantenimiento del puesto de trabajo como funcionario, en el caso que nos ocupa de libre designación, y asegura, con un poco de empeño, el ascenso en el organigrama de la Administración. Ejemplo de ello es Francisco Cuesta, todavía director del Museo de Grandas de Salime, responsable de las excavaciones en el momento en que las piezas encontradas desaparecieron.
Desde la Dirección de Patrimonio se está amparando la comisión de un delito que no por prescrito deja de ser un escándalo, cuyas proporciones van en aumento cada vez que los máximos responsables se ponen de perfil ante la situación creada. La señora Consejera del ramo, Mercedes Álvarez, ni está ni se la espera, lo que vuelve a demostrar, más allá de los nombres propios que ilustran el caso de La Campa Torres, que por arriba, el estoque del interés partidista atraviesa la función pública protegiendo al funcionario de libre designación, quien goza de su puesto sabedor de que bajo el paraguas del partido al que sirve mantendrá su cargo, aún cuando, como gestor de los asuntos ciudadanos, no esté a la altura de lo que la sociedad demanda.
Si como a mí, los calores estivales favorecen que se les caliente la cabeza con la cosa pública, lean el libro de Alejandro Nieto «El desgobierno de lo público», altamente recomendable para despejar algunas dudas y alimentar su sentido crítico.
http://www.lne.es/opinion/2010/08/07/campa-torres-ejemplo-desgobierno/952258.html
La línea que separa al político del alto funcionariado público siempre ha sido objeto de debate una vez parido el estado liberal constitucional, allá por el siglo XIX. Desde entonces se ha ido capeando el asunto, a pesar de su creciente complejidad, con mayor o menor acierto según momentos y circunstancias. Que el Director de Patrimonio del Principado, José Luis Vega, se haya descolgado diciendo hace unos días en relación al hallazgo en La Campa que no es el momento de buscar culpables sino soluciones y que al final nadie tiene responsabilidad en lo sucedido, es la mejor demostración de que a día de hoy el servilismo a los intereses partidarios de quien gobierna garantiza el mantenimiento del puesto de trabajo como funcionario, en el caso que nos ocupa de libre designación, y asegura, con un poco de empeño, el ascenso en el organigrama de la Administración. Ejemplo de ello es Francisco Cuesta, todavía director del Museo de Grandas de Salime, responsable de las excavaciones en el momento en que las piezas encontradas desaparecieron.
Desde la Dirección de Patrimonio se está amparando la comisión de un delito que no por prescrito deja de ser un escándalo, cuyas proporciones van en aumento cada vez que los máximos responsables se ponen de perfil ante la situación creada. La señora Consejera del ramo, Mercedes Álvarez, ni está ni se la espera, lo que vuelve a demostrar, más allá de los nombres propios que ilustran el caso de La Campa Torres, que por arriba, el estoque del interés partidista atraviesa la función pública protegiendo al funcionario de libre designación, quien goza de su puesto sabedor de que bajo el paraguas del partido al que sirve mantendrá su cargo, aún cuando, como gestor de los asuntos ciudadanos, no esté a la altura de lo que la sociedad demanda.
Si como a mí, los calores estivales favorecen que se les caliente la cabeza con la cosa pública, lean el libro de Alejandro Nieto «El desgobierno de lo público», altamente recomendable para despejar algunas dudas y alimentar su sentido crítico.
http://www.lne.es/opinion/2010/08/07/campa-torres-ejemplo-desgobierno/952258.html
viernes, 6 de agosto de 2010
Riopedre: buena nota, mucho conflicto
Oviedo, Eduardo GARCÍA
En el año 2000 Asturias recibió las transferencias educativas. La Administración asturiana celebró recientemente el décimo aniversario cantando estadísticas que sitúan el sistema educativo del Principado entre los mejores de España. Aquel mismo día, el pasado 4 de febrero, frente al auditorio Príncipe Felipe, en Oviedo, los sindicatos de la enseñanza pública y la concertada coincidían en una sonora protesta en la calle. Buenas notas, pero mal ambiente.
Cuando el Ministerio de Educación transfirió las competencias, el titular del Departamento era Mariano Rajoy, y el consejero asturiano Javier Fernández Vallina. En la trastienda de las negociaciones de traspaso estaba el director regional, José Luis Iglesias Riopedre, quien anteayer dimitió como consejero. Riopedre, amigo cercano al presidente Areces, llevaba manejando los hilos educativos asturianos desde que el hoy presidente regional fue nombrado director provincial de Educación, en febrero de 1983. Pocos meses más tarde Areces lo ficha como responsable de Programas Educativos. Casi veintisiete años, media vida como quien dice.
Hace diez años Asturias tenía 176.000 alumnos no universitarios, unos cincuenta mil más que ahora. En una década, el presupuesto en educación pasó de 366 millones de euros (al cambio) a 886 millones. La realidad es ciertamente distinta, pero la mayor diferencia no está en el dinero. Iglesias Riopedre llegó a la Consejería de Educación en 2003 e inicia la consolidación del sistema a partir de acuerdos puntuales con los sindicatos. Firmó un buen número de ellos, que afectaban al día a día de la docencia. Hizo fortuna mediática nacional aquel que decretaba la exención de itinerancia a las profesoras embarazadas.
El sindicato ANPE recalca esa vertiente en la gestión del ahora dimitido consejero: «con nuestro sindicato firmó una decena de acuerdos». FETE-UGT, por su parte, recuerda que «Iglesias Riopedre no fue un consejero más. Durante su etapa Asturias se ha situado en los primeros puestos del sistema educativo español».
Aquel consejero aunaba experiencia de gestión y vocación docente. Fueron cuatro años de más luces que sombras, en los que la inversión asturiana por alumno se situó al frente del ranking de comunidades, junto a las forales del País Vasco y Navarra. Se mantiene ese puesto de privilegio acercándose ya a los 7.000 euros por estudiante y curso.
Al final de su primer mandato se conocieron los datos del informe PISA, ese «examen» planetario que evalúa a los alumnos de 15 años de los países de la OCDE. Conviene recordarlos: en Ciencias, Asturias lograba 508 puntos, veinte más que la media nacional; en Matemáticas la diferencia era de 17 puntos, y en Comprensión Lectora, de 16. Unos docentes preparados y altamente cualificados, algo reconocido por Riopedre al margen de polémicas, tenía mucho que ver en unas «notas» que no daban para echar las campanas al vuelo pero que permitían pensar que se estaban haciendo las cosas moderadamente bien.
Riopedre sobrevivió a la LODE (1984), a la LOGSE (1990) y LOE (1996), las tres leyes educativas del moderno sistema español. Cuando llegaron las elecciones regionales de 2007 y Areces volvió a ganar, no sin apuros, se especuló con que Riopedre no repetiría. Al final lo convencieron y, sin él saberlo, se iba a enfrentar a cuatro años duros, en ocasiones críticos, que hicieron mella.
El sindicato Suatea calificaba esta segunda etapa al frente de la Consejería de Educación como «de escasas luces y muchas sombras, algunas de ellas creadoras de peligrosos precedentes. Riopedre ha dejado sobre la mesa un buen número de problemas pendientes, algunos muy graves».
Educación comenzó a perder competencias. Es una de las críticas de los sindicatos, tan recurrente como cierta. En materia de personal el peso que perdió el departamento de Riopedre lo ganó la Consejería de Administraciones Públicas. Riopedre vio reducidos sus márgenes de maniobra y negociación, pero no se apartó ni un milímetro de la senda impuesta por el Ejecutivo regional. «Riopedre ha sido una víctima más de las decisiones de ese Gobierno. La gestión de personal le ha dado muchos disgustos» a juicio del sindicato Anpe, uno de los dos, junto a la UGT, que firmaron a finales de 2009 el acuerdo de la evaluación del profesorado y sus incentivos.
Ese año, el 2009, será recordado por el ya ex consejero como una sucesión de pesadillas: dos jornadas de huelga en la enseñanza pública, otra en la enseñanza concertada, movilizaciones en la calle, en algunos casos significativamente numerosas, y un rosario de conflictos judiciales de los que en su mayor parte la Administración salía trasquilada. «Educación es una máquina de perder pleitos», en palabras de un representante de la Junta de Personal Docente. Algunas de las batallas judiciales planteadas desde las instancias públicas regionales en materia de educación no contaron precisamente con el visto bueno de un consejero disciplinado al máximo. Quizás excesivamente disciplinado. «Asumo que hemos cometido errores», reconocía Riopedre a LA NUEVA ESPAÑA en febrero. «La Justicia suele fallar en contra de la Administración, tenemos que ser más rigurosos».
El fiasco de la carrera profesional y su parón en seco en los tribunales le supuso un varapalo político, paliado en parte por la satisfacción de los resultados de la Evaluación de Diagnóstico realizada por el Ministerio de Educación en colegios de toda España: Asturias es la comunidad líder en Lengua, la tercera en Matemáticas, Conocimiento del Medio, y Competencia Social y, en global, la segunda comunidad con mejores resultados en esa prueba a escolares de nueve años.
http://www.lne.es/asturias/2010/08/06/riopedre-buena-nota-conflicto/951765.html
En el año 2000 Asturias recibió las transferencias educativas. La Administración asturiana celebró recientemente el décimo aniversario cantando estadísticas que sitúan el sistema educativo del Principado entre los mejores de España. Aquel mismo día, el pasado 4 de febrero, frente al auditorio Príncipe Felipe, en Oviedo, los sindicatos de la enseñanza pública y la concertada coincidían en una sonora protesta en la calle. Buenas notas, pero mal ambiente.
Cuando el Ministerio de Educación transfirió las competencias, el titular del Departamento era Mariano Rajoy, y el consejero asturiano Javier Fernández Vallina. En la trastienda de las negociaciones de traspaso estaba el director regional, José Luis Iglesias Riopedre, quien anteayer dimitió como consejero. Riopedre, amigo cercano al presidente Areces, llevaba manejando los hilos educativos asturianos desde que el hoy presidente regional fue nombrado director provincial de Educación, en febrero de 1983. Pocos meses más tarde Areces lo ficha como responsable de Programas Educativos. Casi veintisiete años, media vida como quien dice.
Hace diez años Asturias tenía 176.000 alumnos no universitarios, unos cincuenta mil más que ahora. En una década, el presupuesto en educación pasó de 366 millones de euros (al cambio) a 886 millones. La realidad es ciertamente distinta, pero la mayor diferencia no está en el dinero. Iglesias Riopedre llegó a la Consejería de Educación en 2003 e inicia la consolidación del sistema a partir de acuerdos puntuales con los sindicatos. Firmó un buen número de ellos, que afectaban al día a día de la docencia. Hizo fortuna mediática nacional aquel que decretaba la exención de itinerancia a las profesoras embarazadas.
El sindicato ANPE recalca esa vertiente en la gestión del ahora dimitido consejero: «con nuestro sindicato firmó una decena de acuerdos». FETE-UGT, por su parte, recuerda que «Iglesias Riopedre no fue un consejero más. Durante su etapa Asturias se ha situado en los primeros puestos del sistema educativo español».
Aquel consejero aunaba experiencia de gestión y vocación docente. Fueron cuatro años de más luces que sombras, en los que la inversión asturiana por alumno se situó al frente del ranking de comunidades, junto a las forales del País Vasco y Navarra. Se mantiene ese puesto de privilegio acercándose ya a los 7.000 euros por estudiante y curso.
Al final de su primer mandato se conocieron los datos del informe PISA, ese «examen» planetario que evalúa a los alumnos de 15 años de los países de la OCDE. Conviene recordarlos: en Ciencias, Asturias lograba 508 puntos, veinte más que la media nacional; en Matemáticas la diferencia era de 17 puntos, y en Comprensión Lectora, de 16. Unos docentes preparados y altamente cualificados, algo reconocido por Riopedre al margen de polémicas, tenía mucho que ver en unas «notas» que no daban para echar las campanas al vuelo pero que permitían pensar que se estaban haciendo las cosas moderadamente bien.
Riopedre sobrevivió a la LODE (1984), a la LOGSE (1990) y LOE (1996), las tres leyes educativas del moderno sistema español. Cuando llegaron las elecciones regionales de 2007 y Areces volvió a ganar, no sin apuros, se especuló con que Riopedre no repetiría. Al final lo convencieron y, sin él saberlo, se iba a enfrentar a cuatro años duros, en ocasiones críticos, que hicieron mella.
El sindicato Suatea calificaba esta segunda etapa al frente de la Consejería de Educación como «de escasas luces y muchas sombras, algunas de ellas creadoras de peligrosos precedentes. Riopedre ha dejado sobre la mesa un buen número de problemas pendientes, algunos muy graves».
Educación comenzó a perder competencias. Es una de las críticas de los sindicatos, tan recurrente como cierta. En materia de personal el peso que perdió el departamento de Riopedre lo ganó la Consejería de Administraciones Públicas. Riopedre vio reducidos sus márgenes de maniobra y negociación, pero no se apartó ni un milímetro de la senda impuesta por el Ejecutivo regional. «Riopedre ha sido una víctima más de las decisiones de ese Gobierno. La gestión de personal le ha dado muchos disgustos» a juicio del sindicato Anpe, uno de los dos, junto a la UGT, que firmaron a finales de 2009 el acuerdo de la evaluación del profesorado y sus incentivos.
Ese año, el 2009, será recordado por el ya ex consejero como una sucesión de pesadillas: dos jornadas de huelga en la enseñanza pública, otra en la enseñanza concertada, movilizaciones en la calle, en algunos casos significativamente numerosas, y un rosario de conflictos judiciales de los que en su mayor parte la Administración salía trasquilada. «Educación es una máquina de perder pleitos», en palabras de un representante de la Junta de Personal Docente. Algunas de las batallas judiciales planteadas desde las instancias públicas regionales en materia de educación no contaron precisamente con el visto bueno de un consejero disciplinado al máximo. Quizás excesivamente disciplinado. «Asumo que hemos cometido errores», reconocía Riopedre a LA NUEVA ESPAÑA en febrero. «La Justicia suele fallar en contra de la Administración, tenemos que ser más rigurosos».
El fiasco de la carrera profesional y su parón en seco en los tribunales le supuso un varapalo político, paliado en parte por la satisfacción de los resultados de la Evaluación de Diagnóstico realizada por el Ministerio de Educación en colegios de toda España: Asturias es la comunidad líder en Lengua, la tercera en Matemáticas, Conocimiento del Medio, y Competencia Social y, en global, la segunda comunidad con mejores resultados en esa prueba a escolares de nueve años.
http://www.lne.es/asturias/2010/08/06/riopedre-buena-nota-conflicto/951765.html
lunes, 2 de agosto de 2010
La construcción del gran Musel parece alterar gravemente la morfología de la playa de San Lorenzo
2 de agosto de 2010
Unión Progreso y Democracia en Gijón ve con preocupación la alteración que está sufriendo la morfología del arenal de San Lorenzo. Siendo conscientes de que la playa es un elemento vivo sometido a la influencia constante de las mareas, es una realidad que a las corrientes marinas habituales en la bahía parece haberse incorporado otras como consecuencia de las obras de ampliación que se están llevando a cabo en el puerto de El Musel, y que repercuten de manera agresiva erosionando material, no de forma natural como corresponde a un entorno como el de una playa, sino a consecuencia de la intervención humana que, como en este caso, responde a unos fines políticos que no parecen haber calculado convenientemente sus consecuencias.
Para Armando Fernández Bartolomé, coordinador de UPyD en Gijón, “un gobierno municipal de izquierda transformadora y verde, supuestamente sensible a las cuestiones medioambientales, debería estar vigilante y ser más exigente a la hora de pedir responsabilidades en el cumplimiento de los condicionantes medioambientales que lleva aparejada una obra civil de la magnitud del gran Musel y que además, para más INRI, nos está saliendo por un ojo de la cara. Quizás sea demasiado pedir a un equipo de gobierno que nunca ha puesto en cuestión ningún aspecto medioambiental derivado de la ampliación del puerto como por ejemplo la idoneidad de una planta regasificadora, ahora en el alero, tan cercana a la ciudad o el desmonte de Aboño. Desde UPyD exigimos al PSOE e IU que hagan un ejercicio de transparencia diciendo a los gijoneses la verdad y que tomen las medidas pertinentes porque está en peligro, quizás de modo irreversible, el enclave más representativo que tenemos los playos”.
Unión Progreso y Democracia en Gijón ve con preocupación la alteración que está sufriendo la morfología del arenal de San Lorenzo. Siendo conscientes de que la playa es un elemento vivo sometido a la influencia constante de las mareas, es una realidad que a las corrientes marinas habituales en la bahía parece haberse incorporado otras como consecuencia de las obras de ampliación que se están llevando a cabo en el puerto de El Musel, y que repercuten de manera agresiva erosionando material, no de forma natural como corresponde a un entorno como el de una playa, sino a consecuencia de la intervención humana que, como en este caso, responde a unos fines políticos que no parecen haber calculado convenientemente sus consecuencias.
Para Armando Fernández Bartolomé, coordinador de UPyD en Gijón, “un gobierno municipal de izquierda transformadora y verde, supuestamente sensible a las cuestiones medioambientales, debería estar vigilante y ser más exigente a la hora de pedir responsabilidades en el cumplimiento de los condicionantes medioambientales que lleva aparejada una obra civil de la magnitud del gran Musel y que además, para más INRI, nos está saliendo por un ojo de la cara. Quizás sea demasiado pedir a un equipo de gobierno que nunca ha puesto en cuestión ningún aspecto medioambiental derivado de la ampliación del puerto como por ejemplo la idoneidad de una planta regasificadora, ahora en el alero, tan cercana a la ciudad o el desmonte de Aboño. Desde UPyD exigimos al PSOE e IU que hagan un ejercicio de transparencia diciendo a los gijoneses la verdad y que tomen las medidas pertinentes porque está en peligro, quizás de modo irreversible, el enclave más representativo que tenemos los playos”.
domingo, 1 de agosto de 2010
El guiñol municipal
30.07.2010 - ARMANDO F. BARTOLOMÉCOORDINADOR LOCAL DE UPYD DE GIJÓN
En política, como en la vida, confundir lo fundamental con lo accesorio, si se hace sin querer, es signo de poca inteligencia y si se hace queriendo levanta la sospecha de que malévolamente se busca la distracción del respetable para ocultar la verdad...Viene esto a cuento porque estamos en días de obligado balance político municipal y, entre loas mediáticas a los que van y vienen y ruidos de cascos, no sabemos si los partidos que forman la actual Corporación nos toman por tontos o nos quieren entretener con sainetes sucesorios y con su estrategia del "y tú mas", evitando así entrar en lo crudo del asunto municipal gijonés y que se resume en lo siguiente: en estos momentos, las cuestiones domésticas más importantes para los ciudadanos gijoneses están absolutamente condicionadas por la crisis del sistema político español que tiene al PSOE y al PP como principales fautores.
El debate sobre el estado municipal debería haber arrancado del reconocimiento de que los problemas fundamentales que tenemos los ciudadanos que vivimos en Gijón, a día de hoy, son básicamente los mismos que los del resto de asturianos y españoles, es decir, los derivados de una aguda crisis económica (especialmente, el empobrecimiento general y el paro) que ha desnudado otras crisis aún mayores y de consecuencias muy peligrosas: por un lado, la crisis política (y de gobernabilidad) del modelo de Estado de las autonomías surgido de la Constitución de 1978, propiciada especialmente por las "ocurrencias confederales" del PSOE con sus carísimos pactos 'contra natura' con partidos nacionalistas y, por otro, una crisis moral producida por la partitocracia que, entre "mentiras, gürteles, marbellas y pretorias", está desangrando al propio corazón de la política: la participación. ciudadana.
¿Tiene esto algo que ver con lo local? Por supuesto, porque una de las razones de que la crisis económica sea tan virulenta en Gijón y en España radica en que el entramado institucional tejido en los últimos años por PSOE y PP está anémico y ha producido una estructura administrativa bastante ineficaz, politizada, insolidaria y, en gran medida, inviable económicamente, que lastra enormemente nuestras posibilidades de recuperación y desarrollo futuro y que ha sembrado una importante desmoralización ciudadana que se materializa en una preocupante desafección por lo público. Un ejemplo sangrante, entre otros muchos, de ambos cánceres políticos es la injusticia derivada del fraude fiscal (Gijón y Asturias incluidos) que se cuantifica en España en un 23% ,el doble que la media de la UE y que incluso el mismísimo sindicato del PSOE estima en 240.000 millones de euros anuales. Esta situación es aberrante y más cuando se están subiendo impuestos, recortando sueldos, congelando pensiones y amenazando derechos sociales. Pero lo verdaderamente insoportable es que en el programa electoral del PSOE se lleve anunciando desde hace treinta años que una de sus líneas de actuación prioritaria iba a ser la lucha contra el fraude fiscal. Éste si que es un problema importante para los gijoneses: la Ineficacia de sus instituciones y las mentiras de sus gobernantes.
La conclusión es clara: las cuestiones locales fundamentales están condicionadas por la crisis del sistema político español, que es preciso regenerar de forma urgente si queremos encontrar solución a la mayoría de los problemas cotidianos
Quizás lo más relevante en este debate del teatrillo de guiñol municipal hayan sido los silencios, lo que se sabe, pero nunca se dice, la trama oculta del guión porque, si bien es cierto que los sobrecostes de El Musel, el túnel del metrotrén, los retrasos en los accesos y autovías, la congelación de pensiones, los recortes de sueldos de los funcionarios, el fantasma del plan de vías, las incertidumbres con la llegada del AVE, los recortes en sanidad y en educación, la lentitud de la Justicia, la ausente ley de financiación local y. etcétera, etcétera, no son responsabilidad directa del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Gijón, también es cierto que sí lo es del PSOE que gobierna en Asturias y en España. Es decir, del mismo partido que, con la ayuda inestimable de IU, lleva gobernando y callando tres años en Gijón.
En política, como en la vida, confundir lo fundamental con lo accesorio, si se hace sin querer, es signo de poca inteligencia y si se hace queriendo levanta la sospecha de que malévolamente se busca la distracción del respetable para ocultar la verdad...Viene esto a cuento porque estamos en días de obligado balance político municipal y, entre loas mediáticas a los que van y vienen y ruidos de cascos, no sabemos si los partidos que forman la actual Corporación nos toman por tontos o nos quieren entretener con sainetes sucesorios y con su estrategia del "y tú mas", evitando así entrar en lo crudo del asunto municipal gijonés y que se resume en lo siguiente: en estos momentos, las cuestiones domésticas más importantes para los ciudadanos gijoneses están absolutamente condicionadas por la crisis del sistema político español que tiene al PSOE y al PP como principales fautores.
El debate sobre el estado municipal debería haber arrancado del reconocimiento de que los problemas fundamentales que tenemos los ciudadanos que vivimos en Gijón, a día de hoy, son básicamente los mismos que los del resto de asturianos y españoles, es decir, los derivados de una aguda crisis económica (especialmente, el empobrecimiento general y el paro) que ha desnudado otras crisis aún mayores y de consecuencias muy peligrosas: por un lado, la crisis política (y de gobernabilidad) del modelo de Estado de las autonomías surgido de la Constitución de 1978, propiciada especialmente por las "ocurrencias confederales" del PSOE con sus carísimos pactos 'contra natura' con partidos nacionalistas y, por otro, una crisis moral producida por la partitocracia que, entre "mentiras, gürteles, marbellas y pretorias", está desangrando al propio corazón de la política: la participación. ciudadana.
¿Tiene esto algo que ver con lo local? Por supuesto, porque una de las razones de que la crisis económica sea tan virulenta en Gijón y en España radica en que el entramado institucional tejido en los últimos años por PSOE y PP está anémico y ha producido una estructura administrativa bastante ineficaz, politizada, insolidaria y, en gran medida, inviable económicamente, que lastra enormemente nuestras posibilidades de recuperación y desarrollo futuro y que ha sembrado una importante desmoralización ciudadana que se materializa en una preocupante desafección por lo público. Un ejemplo sangrante, entre otros muchos, de ambos cánceres políticos es la injusticia derivada del fraude fiscal (Gijón y Asturias incluidos) que se cuantifica en España en un 23% ,el doble que la media de la UE y que incluso el mismísimo sindicato del PSOE estima en 240.000 millones de euros anuales. Esta situación es aberrante y más cuando se están subiendo impuestos, recortando sueldos, congelando pensiones y amenazando derechos sociales. Pero lo verdaderamente insoportable es que en el programa electoral del PSOE se lleve anunciando desde hace treinta años que una de sus líneas de actuación prioritaria iba a ser la lucha contra el fraude fiscal. Éste si que es un problema importante para los gijoneses: la Ineficacia de sus instituciones y las mentiras de sus gobernantes.
La conclusión es clara: las cuestiones locales fundamentales están condicionadas por la crisis del sistema político español, que es preciso regenerar de forma urgente si queremos encontrar solución a la mayoría de los problemas cotidianos
Quizás lo más relevante en este debate del teatrillo de guiñol municipal hayan sido los silencios, lo que se sabe, pero nunca se dice, la trama oculta del guión porque, si bien es cierto que los sobrecostes de El Musel, el túnel del metrotrén, los retrasos en los accesos y autovías, la congelación de pensiones, los recortes de sueldos de los funcionarios, el fantasma del plan de vías, las incertidumbres con la llegada del AVE, los recortes en sanidad y en educación, la lentitud de la Justicia, la ausente ley de financiación local y. etcétera, etcétera, no son responsabilidad directa del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Gijón, también es cierto que sí lo es del PSOE que gobierna en Asturias y en España. Es decir, del mismo partido que, con la ayuda inestimable de IU, lleva gobernando y callando tres años en Gijón.
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