Les Caseríes cuestiona la legalidad de incluir de nuevo planes del PGO anulado por los tribunales
El tratamiento de los núcleos rurales ha sido una de las cuestiones principales que los vecinos de las parroquias del concejo han tenido en cuenta desde el inicio de esta nueva revisión del Plan General de Ordenación. Ya lo dejaron claro con el documento de prioridades, y en las alegaciones lo han vuelto a hacer. En concreto, la cuarta alegación de las once que incluye el documento que la federación rural Les Caseríes entregó ayer habla del «incumplimiento del PGO de concretar los requisitos necesarios para que una agrupación poblacional pueda ser clasificada como núcleo rural». Según el Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo (ROTU), el PGO debería recoger dichas características. En caso contrario, dice el colectivo vecinal, la propia normativa habla de un mínimo de cinco viviendas para considerar un núcleo, además de algunas otras cuestiones.
Así las cosas, Les Caseríes considera que debería determinarse la creación de nuevos núcleos. Y, de forma paralela, aprobar un catálogo que los enumere todos y sus características, muy distintas para unos y otros casos. En eso se basan para pedir que se flexibilicen las condiciones de edificación en algunos casos. Ahora es necesario contar con una parcela mínima de 2.000 metros cuadrados para construir, en todos los casos. «Esa superficie podría llegar a entenderse en aquellos núcleos de conformación más dispersa, pero no se entienden en la mayoría de los núcleos compactos, dotados de todos los servicios y suministros».
Les Caseríes va más allá al considerar que los cambios que ellos proponen ayudarían a «descartar la imagen fija y pasada de moda, que sobre las necesidades de uso residencial en suelo no urbanizable proyecta la administración, cuando reiteradamente y de forma automática y machacona equipara dichas necesidades de vivienda con la tipología de 'chalecito'». Los vecinos están convencidos de que es el propio Ayuntamiento, al exigir esa parcela mínima de 2.000 metros para poder edificar 250 metros cuadrados, la que «perpetúa dicha tipología dejando al margen otras equiparaciones más realistas en las que sin duda tienen cabida menores superficies edificables por parcela».
El documento es mucho más amplio, y abarca cuestiones sobre casi todas las tipologías de suelo, sin olvidar el porqué de esta nueva revisión urbanística. El documento al que se alega hace referencia a una revisión del plan aprobado en 1999, a la vez que se incluyen planes parciales especiales, estudios de detalle y otros derivados del plan de 2005, anulado por los tribunales. «El planeador debe ser claro al determinar qué plan está en vigor, pues podría encontrarse en la situación de haber conformado en falso, la base de un puzzle donde importantes piezas no encajarían por pertenecer a un puzle distinto». Otra de las grandes preocupaciones de la federación son todas las edificaciones que quedan fuera de ordenación, además de asegurar que la previsión de crecimiento potencial edificatorio de los núcleos es «desproporcionada».
«Coherente y funcional»
Rechazo a la ampliación del vertedero de Cogersa sin conocer su uso futuro, a la construcción de la ZALIA o el incremento desmesurado de viviendas, especialmente las de segunda residencia en núcleos rurales o edificios en altura en áreas protegidas como Cabueñes. Estos son los principales contenidos de las alegaciones presentadas por la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies al nuevo PGO, en las que aprovechan para defender el uso de las energías renovables, y para plantear la mejora de los saneamientos, la protección de los bosques autóctonos o la calidad de las aguas de las fuentes públicas, entre otros asuntos.
Los ecologistas abogan, en su documento, por alcanzar un modelo «coherente y funcional» que minimice el consumo del suelo y permita, dicen, optimizar la disponibilidad de recursos.
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