España es un país fiscalmente atípico: los trabajadores y pensionistas tributan más que los empresarios y la diferencia se ha triplicado en 14 años. Por cada euro que ingresa el Estado en la lucha contra el fraude (4.183 y 4.715 millones en 2006 y 2007) se pierden dos por deudas canceladas por insolvencia, prescripción o anulación por los tribunales (8.237 y 7.309 millones de euros). La falta de medios humanos es una explicación al fenómeno, tal y como afirmó el Tribunal de Cuentas en un informe de 2007, pero detrás de esta escasez hay hechos sorprendentes. Según datos recogidos por este periódico, más de la cuarta parte de los inspectores de Hacienda (26% de los efectivos del cuerpo) y cerca de la mitad de los interventores y auditores (45%) disfrutan de algún tipo de excedencia.
Que haya equipos de investigación formados por un solo inspector podría parecer un dato absurdo si no fuera porque es cierto y así lo expone en sus documentos la asociación sindical de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE). Que después de miles de auditorias realizadas sobre los gastos de todos los organismos públicos, sólo se desprendan 15 informes especiales (aquellos que detectan alguna irregularidad) es producto de la incapacidad de hacer un adecuado trabajo si sólo hay 108 interventores y auditores en activo para controlar el enorme volumen de trabajo de los organismos y empresas de la Administración del Estado.
http://www.elpais.com/articulo/economia/Quien/lucha/fraude/elpepueco/20091115elpepieco_3/Tes
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