JUAN CARLOS RÍO Y CARMEN SUÁREZ Hace ahora seis años en las calles de Gijón se comenzó a pedir clamorosamente aquello de «que los burros no tracen los caminos». Era la sugerencia vecinal, que estampada en camisetas verdes, se pretendía hacer llegar a nuestros gobernantes desde la zona rural, tras conocerse el pastel urbanístico que aquel PGOU reservaba para Gijón.
Todo sonaba a desbarajuste: se hubo que enterar por el periódico de todo ello; con miles de pisos vacíos se saltaba la ronda y se proyectaban pisos, «bulevares» y «villas» en la aldea; había vecinos que tendrían que pagar para que tiraran su propia casa, y hasta decían que Gijón tenía «sierra» -como Madrid-. Como remate de cinismo, el mismo que decía que «el valor de los terrenos de los aldeanos era cero», colmaba las apetencias de cierto empresario local, recalificando sus terrenos en Castiello, que ya no valían cero precisamente (las plusvalías del arquitecto municipal en Cabueñes todavía no se conocían).
En vista de estos desmanes, que nadie entendía, pero que sonaban a insulto a quienes conocían el sudor de la tierra -eso que sale cuando se trabaja- y a engaño a quienes necesitaban de verdad una vivienda -pues todos sabemos cómo de barata nos la ponen-, atribuir cualidades de jumento a los responsables de semejante desatino urbanístico fue algo tan natural como irrefrenable. Con tal chapuza que acumula ya cerca de 40 suspensos -uno por cada sentencia de contenciosos de vecinos y asociaciones-, estos sempiternos gobernantes de Gijón podrían colocar a nuestra ciudad en el circuito de los récords «Guinness», pues cuesta creer que haya más ayuntamientos de comparable currículum.
Suspender en la calle y en los tribunales de forma tan abrumadora -con el agravante de desatender las advertencias vecinales sobre las irregularidades jurídicas en que incurría el Plan de Urbanismo- debería tener algún coste, alguna responsabilidad. Nada, los únicos costes los pagamos nosotros de dos formas: la primera, con dinero público, al sufragar lo que costó la redacción del primer plan, los recursos del Ayuntamiento a los contenciosos y la redacción del nuevo, y la segunda, con el particular, al tener que afrontar los gastos de la batalla legal.
Y con este nuevo PGO, vuelta la burra al prau. ¿Qué es lo que necesita Gijón? El documento de prioridades ni define ni analiza las necesidades del municipio, y, por lo tanto, quedan sin justificar las actuaciones que planea. Confunde alternativas con modelos, y muestra tres grados de invasión rural que responden a valores muy dispares de viviendas.
¿Qué tipo de criterio, distintos de los que las leyes establecen para la ordenación de un territorio, tienen en cuenta, entonces? Después de lo visto estos años, pensamos que la respuesta es de cajón. De caja, mejor. Y es que, como en los seminarios, las vocaciones también van desapareciendo de la escena pública. El servicio al bien común ya no es asunto filantrópico, sino un oficio en el que sus agentes se sirven más que sirven y apenas necesitan creer en lo que dicen. Hasta en ocasiones parece que de la democracia sólo les interesa que de ella se puede vivir muy bien.
¿A que resulta muy difícil imaginar un escenario con nuestros regidores retornando a sus «antiguas profesiones»? Asunción de responsabilidades, dimisiones... son términos que no figuran en su código. En ese marco es fácil comprender que quien maneja el dinero tenga mucho que decir en el planeamiento de la ciudad. Ahora, con el documento de prioridades del PGO, no sabemos lo que necesita Gijón, pero cuando se apruebe el borrador inicial sabremos lo que quieren los constructores.
El cajón público, a su disposición. Como no se venden viviendas libres, éstas se recalifican ad hoc, con algún «grado de protección» para poder recibir subvenciones: decenas de millones de euros de dinero público a parar a los bolsillos de estos devotos del Tío Gilito. Dinero que ya no puede llegar a los servicios sociales, a la sanidad y a quien necesita de verdad una vivienda. Nos quieren convencer del interés social de la vivienda protegida, pero en realidad es su nuevo chollo.
Las VPC (viviendas de precio concertado, como las de Roces) no van destinadas a quien no tiene recursos para acceder a una vivienda, sino a personas con cualquier tipo de ingresos y que pueden tener otras viviendas. Así se muestra sin rubor en los anuncios publicitarios. ¿Éste es el interés general con el que se expropió en Roces?
Tenemos una ciudad con crecimiento vegetativo negativo, con índices de paro que duplican la media nacional, y contra eso los únicos proyectos que defienden son los que vienen impuestos desde fuera, que no generan empleo significativo y sí graves daños para la población y el medio ambiente, secuestrados deliberadamente del debate público y, por supuesto, del PGO: regasificadora, incineradora, ciclos combinados...
Es imprescindible ordenar el territorio de forma jurídicamente segura, de forma sostenible y atendiendo a las verdaderas necesidades de sus ciudadanos, pero hay fundadas razones que apuntan a que este nuevo PGO se tumbará de nuevo en los tribunales, con lo que todo ello significa.
No es su necedad lo que más nos crispa, aunque buenos cuartos nos cuesta. Es su disposición absoluta para ofrecer la grupa a los poderosos y el corvejón a los ciudadanos. Haxa salú.
No hay comentarios:
Publicar un comentario