Justicia distributiva

14.11.08 -
ARMANDO F. BARTOLOMÉ COORDINADOR LOCAL DE UP Y D DE GIJÓN


E L VI Informe Foessa sobre Exclusión y Desarrollo Social en España 2008, que se ha presentado recientemente y en el que se hace una radiografía de la realidad social de nuestro país entre 1994 y 2007, es demoledor y deja a las claras que, tratándose de justicia distributiva (la socialmente progresista a medio plazo), una cosa es la propaganda política partidista y otra la cruda realidad. Según dicho informe, en España, desde comienzos de los años 90, por tanto con gobiernos del PP y del PSOE, se ha producido en el desarrollo social un cambio silencioso (a peor) de gran relevancia. La manifestación más notable de ese cambio es el truncamiento, en un contexto de crecimiento económico, de la tendencia de reducción continuada de la desigualdad y la pobreza en España. Por primera vez en las últimas cuatro décadas, ni la desigualdad ni las situaciones de pobreza monetaria se han reducido en un contexto de modernización económica. El cacareado crecimiento del PIB y la creación de empleo no han supuesto recortar las distancias entre ricos y pobres. Y aún más, un factor determinante de la evolución de la desigualdad ha sido el territorial y con razón alerta el informe sobre la posibilidad de que esas diferencias aumenten como consecuencia de la descentralización de algunos de los servicios básicos de Bienestar Social (ejemplo: la aplicación de la Ley de Dependencia).
El citado estudio, patrocinado por Cáritas e impagable por su rigor e independencia, constata que la pobreza afectaba en 2007 a la quinta parte de los hogares españoles y que en la estructura social española permanecía enquistado un segmento de pobreza extrema que afectaría a entre un 2,6% y un 4% de la población. En fin, una política retrógrada la practicada por socialistas y populares durante tres lustros y sin poder excusarse por la actual crisis financiera internacional. Se ha ganado mucho dinero en España, pero se ha repartido mal. Los manidos pactos políticos y sociales de nuestro país y nuestra comunidad no deben escamotear las responsabilidades de cada uno ante la situación generada durante esos años y ahora agravada hasta el patetismo. También hay que destacar que fueron los mismos partidos -y sus cómplices patronales, sindicales y mediáticos- los que desoyeron y acallaron todas las voces que alertaban sobre la 'burbuja inmobiliaria' y el debilitamiento estructural de nuestro modelo productivo, el déficit exterior, el fraude fiscal, la hipertrofia administrativa, la baja productividad, el descenso de la natalidad, el trabajo precario o las deficiencias del sistema educativo y del modelo de financiación territorial. Ahora se terminó la fiesta y toca pagar a los de siempre .
A quí en casa, y con este panorama, no lo tiene fácil la futura consejera de Bienestar Social, aunque no va a necesitar ni 20 días de gracia para superar la nefasta gestión de su predecesora, cuyo nombramiento sólo es explicable en claves del nepotismo tribal que una parte del socialismo asturiano lleva practicando desde hace años. En todo caso y por muy importante y necesario que sea trabajar sobre los efectos de la pobreza y de las desigualdades sociales, el nuevo Gobierno asturiano, fruto del 'pacto progresista', no debe olvidar que la verdadera política ha de ir dirigida especialmente a atajar sus causas. Los años precedentes y los acuerdos firmados no nos dan muchos motivos para el optimismo. En fin, algo obvio: en política no se trata de hacer caridad ni solidaridad, sino justicia.
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