Gumersindo Rodríguez: «Defendemos la evaluación docente con uñas y dientes»

Oviedo, Eduardo GARCÍA

«Mantener nuestros nueve delegados, que representan casi el 25% del profesorado de la red pública», es el objetivo con el que Gumersindo Rodríguez, presidente de ANPE Asturias y profesor de Educación Física del IES Doctor Fleming de Oviedo, encara las elecciones del 2 de diciembre.

Rodríguez reivindica la independencia de la organización por la que se presenta como candidato. «Somos un sindicato exclusivamente profesional. No hacemos el caldo gordo a la Administración ni a ningún partido político», subraya. Así que se permite criticar abiertamente al Principado. «Ha cometido errores de bulto, para empezar negando la representatividad de los sindicatos». Para él resulta «inconcebible que la mesa sectorial de Educación estuviera parada tres años. Se rompió esa inacción gracias a que ANPE acudió a los tribunales». Además, «atribuir las competencias de personal educativo a Administraciones Públicas fue algo terrible. La política de personal tiene que volver a Educación».

ANPE es uno de los sindicatos que firmó el acuerdo de evaluación e incentivos, «y lo seguimos defendiendo con uñas y dientes. Lo único que lamentamos son las dilaciones interesadas. Hay mil y pico profesores que quieren cobrar el incentivo, que cumplen los requisitos y no cobran porque la Administración asturiana no ha hecho los deberes».

Ahora, al encarar las elecciones sindicales, para ANPE es irrenunciable «recuperar las condiciones de trabajo y el poder adquisitivo, y romper de una vez la inestabilidad laboral. Hay un 18% de interinos entre el profesorado de la red pública, cuando el compromiso con el Ministerio en 2005 era reducir esa tasa de interinidad al 8%».

ANPE, explica su presidente, quiere que los docentes con más de treinta años de servicio y 60 años, como mínimo de edad, tengan acceso a la jubilación.

Los profesores, dice, se sienten discriminados. «Ni siquiera nos equiparamos en el horario con los demás funcionarios regionales. Ellos tienen 35 horas semanales, nosotros 37 y media. Y encima un papeleo que nos lleva inundando desde la puesta en marcha del sistema "logsiano". Horas y horas de burocracia, y cuanta más burocracia, menos educación». «Se les obliga a trabajar más y en peores condiciones y encima se les baja el sueldo», agrega.

UPyD recrimina al Ayuntamiento la falta de apoyo a los comercios de Los Moros

«Las obras de la calle Los Moros son un ejemplo más de la mala gestión del Ayuntamiento en la ejecución y planificación de sus obras así como su falta de sensibilidad hacia el comercio local». Es la opinión de los portavoces de Unión, Progreso y Democracia, con la que se han querido sumar a la preocupación y el enfado de los comerciantes de la citada vía.

Para Armando Fernández Bartolomé, candidato de UPyD a la alcaldía, la obligación de las administraciones debe ser «minimizar al máximo las molestias que siempre van a causar unas obras. Y máxime hay esa obligación cuando se interfiere en actividad comercial y, por tanto, económica de la ciudad». De ahí que sea injustificable que «a pocos días de la campaña navideña», haya calles comerciales que aún presenten un aspecto muy afectado por las reformas y obras en general.

Sobre las declaraciones de Javier Fernández en Sobrescobio

UPyD Asturias quiere expresar que el gobierno de España del PSOE ha variado su política de vivienda a nivel nacional por considerar que la coyuntura ha variado. Existe el consenso general de que es innecesario sostener económicamente un sector sobredimensionado como el de la construcción. Declarar que el Principado "no va a cambiar la política de vivienda" revela su desconexión con la realidad económica asturiana, o lo que es peor, la supeditación de las políticas presupuestarias al acuerdo con las consejerías de Izquierda Unida por encima de las necesidades de los ciudadanos.

Ignacio Prendes ha declarado “Javier Fernández no puede defender no cambiar la política de vivienda del Principado, plantear una política de defensa de los fondos mineros, de la cual los socialistas han sido fracasados gestores, decir que «el modelo a seguir por Asturias es lo que se ha hecho en las cuencas mineras»  donde se han perdido 19.000 habitantes en el periodo 00/10, declarar que es necesario “ ir ganando tiempo en la defensa del carbón autóctono” y al mismo tiempo solicitar un cambio de modelo productivo «flexible, moderno y orientado al exterior». Al candidato socialista se le debe exigir que explique de manera clara que nuevo modelo sanitario, educativo y económico propone, si este pasa por un hipotético “modelo cuencas mineras” de que consta de manera exacta tal modelo y si pretende exportarlo al resto de Asturias. “

Respecto a las declaraciones del Consejero de Economía y Hacienda Sr. D. Jaime Rabanal sobre los presupuestos del Principado de Asturias.

UPyD Asturias considera que durante la aprobación de estos presupuestos se ha perdido la oportunidad de mandar un mensaje claro de unidad y rigor a la ciudadanía por parte de los partidos políticos. Si por parte del PSOE e Izquierda Unida la interpretación de estos presupuestos ha sido fundamentalmente de carácter político y clientelar, un Partido Popular perdido en cuitas internas se ha desentendido de este fundamental proceso.

UPyD quiere solicitar al Consejero de Hacienda y al gobierno socialista que no aplacen las reformas necesarias, que él mismo reconoce como necesarias en sus declaraciones, al mismo tiempo, que preparen una verdadera priorización en los ajustes presupuestarios, en los actuales y en los venideros. En este escenario de retroceso de ingresos, con el objetivo de mantener nuestro estado del bienestar, es imprescindible que se acometan aquellas reformas necesarias que garanticen a los asturianos la prestación en condiciones de calidad de aquellos servicios públicos que conforman el núcleo duro de nuestro estado del bienestar. Existe un evidente margen de mejora en cuanto al gasto superfluo, y es el momento de concentrar los esfuerzos de nuestra administración pública en lo fundamental.

Ignacio Prendes candidato de UPyD a la JGPA ha declarado “Estos son tiempo para una política responsable. UPyD ha propuesto desde hace meses el seguimiento de los compromisos de reducción del déficit y la realización de aquellas reformas estructurales necesarias para la racionalización de las administraciones públicas. Por lo tanto, al mismo tiempo que le pedimos firmeza y determinación a los partidos políticos, seremos solidarios con el Gobierno que lleve a cabo estas medidas valientes y necesarias con la intención de garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos asturianos.”

Presupuesto irresponsable

El presupuesto para el año 2011 que acaba de ser aprobado por el Gobierno del Principado incurre en uno de los peores vicios en que cualquier presupuesto puede caer, no se ajusta a la realidad económica asturiana ni española, y ese defecto, cuando ya sabemos que la ocultación consciente de la realidad ha sido una de las principales causas de que la crisis económica nacida con carácter internacional tenga en España especial virulencia, es un auténtico ejercicio de irresponsabilidad.
Según los cálculos más sensatos y razonables, tal como el propio consejero Rabanal reconoció en sus primeras estimaciones y llegando al máximo endeudamiento posible, la capacidad de gasto de Asturias para el próximo año rondará como mucho los 3.700-3.800 millones de euros. Por lo tanto, estos presupuestos que se estiran hasta la cifra de los 4.133 millones son irresponsables por irreales. Al plantear un nivel de gasto que no se corresponde con los ingresos que se van a obtener seguramente estaremos abocados a partir del segundo semestre de 2011 a dejar partidas sin ejecutar además de aplicar nuevos recortes y diferir gastos hacia el futuro.
En esa situación pueden quedar debilitadas preciosamente partidas del presupuesto que en todo caso habría que proteger.
Al mismo tiempo, esta actitud hace que no se acometa ninguna medida de racionalización administrativa, lo que en el actual contexto resulta inevitable e inaplazable, perdiéndose de nuevo un tiempo precioso por sus posibles consecuencias para la población asturiana, imperdonable en un Gobierno que pretenda defender el interés general por encima de los intereses partidistas. Traslada por tanto al Gobierno salido de las próximas elecciones de mayo de 2011 una responsabilidad que se niega a asumir.
En cuanto a los ahorros que se presentan como más relevantes, entre los que se encuentra el acometido en la Consejería de Sanidad, el ahorro real sobre el gasto ejecutado el pasado año no será del 5% que se viene anunciando, sino de poco más del 2%, y este vendrá dado fundamentalmente por el recorte en el sueldo de los funcionarios siguiendo los recortes aprobados en mayo ya por el Gobierno Zapatero y seguramente por recortes en las sustituciones del personal sanitario. El otro ahorro relevante viene motivado por los acuerdos con las farmacéuticas, que también se han generado a nivel nacional. Sin embargo, la inercia en el incremento del gasto sanitario que no se ha parado exige de profundas medidas de reforma en el ámbito autonómico y también nacional, lo que en ningún caso se acomete.
En lo que se refiere a política de vivienda, las medidas aprobadas van en contra de la política del Gobierno socialista a nivel nacional, lo que llama la atención; así, mientras Zapatero ha suprimido los incentivos fiscales y las ayudas a la compra de vivienda, en Asturias se aumentan de 21 a 29 millones de euros –lo que supone, por ejemplo, una cuantía superior al presupuesto anual de un Hospital Comarcal como el de Arriondas–. La incoherencia de sostener artificialmente en el actual escenario de crisis y riesgo un sector sobredimensionado revela el penoso coste económico de un pacto de gobierno que van a pagar todos los asturianos.
Por otra parte, resulta tremendamente preocupante el permanente recurso a artificios contables, como la venta de viviendas a la entidad Vipasa para generar unos ingresos ficticios de 102 millones de euros, el traslado a entidades y entes externos a la Administración de importantes partidas de gasto con el fin de que no consoliden en el presupuesto aunque se trate de entidades 100% públicas o el sistemático retraso de las deudas con proveedores que a tantas pequeñas y medianas empresas perjudica; todas estas maniobras suponen cerrar los ojos a la cruda realidad por el viejo método de «barrer debajo de la alfombra», generan confusión, falta de credibilidad y confianza, que es lo que más necesitamos en este momento, y hacen caer a todos los asturianos en un engaño sobre nuestra situación real y verdadero nivel de deuda.
En UPyD consideramos que en este momento resulta más necesario que nunca mantener los servicios públicos ligados al Estado del Bienestar: educación, sanidad, justicia, servicios sociales, pero hay un importante campo de mejora dentro del entramado de nuestra Administración autonómica para ganar eficacia y eficiencia en el gasto que requiere valentía y un gobierno fuerte que apueste por un nuevo modelo económico, administrativo y social. Como ejemplo, no es posible que no existan fondos para el Campus de la Excelencia de la Universidad de Oviedo, los nuevos Centros de Investigación y Desarrollo o los convenios sanitarios mientras se consumen casi cuarenta millones de euros en un Ente de Radio Televisión Pública (RTPA) perfectamente prescindible.
Por eso este presupuesto es un ejercicio de hipocresía política del Partido Socialista y de su candidato, Javier Fernández, que se hace evidente cuando habla recurrentemente de un cambio de modelo productivo mientras no toma ninguna medida de calado que lo promueva y apuesta por ir a remolque de la realidad.
J. Ignacio Prendes,

Zapatero descubre la agenda social

28.11.2010 -

JOSÉ IGNACIO PRENDES

ABOGADO Y CANDIDATO DE UPYD A LA PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO

Reunión con los treinta mayores grupos empresariales a la búsqueda de ideas, pleno en el Congreso sobre el desempleo y nuevo plan de veintiséis leyes hasta mayo para retomar la iniciativa -con cuestiones tan vitales para la recuperación económica como la regulación de la muerte digna o los consejos de justicia autonómicos-, la creación de la denominada Comisión Nacional de Competitividad, anunciada en la última entrevista dominical, encargada nada más y nada menos que de «definir, evaluar y promover la competitividad de nuestra economía»... ¿Qué vendrá después? Con todo lo que ha llovido, todos los discursos, todas las reformas publicitadas, todos los pactos anunciados -¿alguien se acuerda ya del fracasado Pacto de Zurbano?-, asistimos a la constatación de que la impotencia se extiende hasta el corazón del nuevo Gobierno. Y es que el optimismo irracional de nuestro presidente nos ha hecho perder demasiado tiempo atisbando «brotes verdes», anticipando la salida del túnel para el «próximo trimestre» o anunciando la creación de «un millón de empleos verdes» en los próximos diez años. Tiempo perdido sin adoptar ninguna de las reformas profundas y estructurales que nuestra economía y nuestro país necesitan, mientras crece la inestabilidad en la zona euro. Una vez cobrada la pieza de Irlanda, el gran problema de Europa sigue siendo la falta de confianza en España, que no es otra cosa que la falta de credibilidad de este Gobierno, del Gobierno de Zapatero.

Siguiendo esa tendencia tan querida para el presidente Zapatero de convertir la política en un híbrido de marketing y demoscopia, ha descubierto un nuevo nicho de iniciativa con el que insuflar ánimo a los suyos, lanzar lo que ha denominado una nueva 'agenda social' en la que ocupa lugar relevante la reforma de las políticas activas de empleo. Nuevo descubrimiento, recibido con alborozo por los barones de su partido, que no es sino la constatación de algo de sobra conocido: tenemos un grave problema, con la situación económica estancada (el último dato del PIB es demoledor) y más de 4.600.000 parados, resulta que las políticas activas de empleo no funcionan.

Los datos facilitados hace escasos días por el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias son esclarecedores: más de la mitad de los fondos destinados a subvencionar las contrataciones de parados por las empresas asturianas ni siquiera se han gastado: de una partida de 20 millones de euros, sólo se emplearon 9 millones. Síntoma evidente de que las subvenciones a la contratación no sirven para fomentar la creación de empleo; a otros fines, quizá; a este, desde luego no. Desde hace mucho tiempo, esto es un lugar común para la mayoría de los expertos que se han preocupado por estudiar nuestro mercado laboral, al igual que el hecho de que la formación para el empleo, controlada en gran parte por los agentes sociales y de la que desconocemos muchos datos, y la actual estructura de los servicios públicos de empleo, tampoco son un instrumento adecuado para luchar contra el paro. Desgraciadamente, en un ejercicio de auténtica irresponsabilidad política, la reforma de todos estos instrumentos no fue un asunto prioritario para el Gobierno y el PSOE en la reciente e inane reforma laboral, negociada durante más de dos años y que se acabó imponiendo por decreto.

A todos aquellos que defendemos la necesidad urgente de reforzar la columna vertebral y común del Estado, las líneas generales de esta nueva reforma apuntadas por uno de los últimos portavoces del Gobierno, José María Barreda, pueden parecernos un primer paso. Pero las dudas afloran de inmediato, y es que la credibilidad de este Gobierno roza mínimos históricos ganados a pulso.

Es el mismo Gobierno y el mismo partido que acaba de pactar con el PNV una nueva ruptura de la cohesión, un nuevo privilegio, un paso más (y van..) hacia la deconstrucción del Estado: la transferencia de las políticas activas de empleo a cambio de año y medio de estabilidad parlamentaria. Un pacto en absoluto inocuo como se ha querido vender, ya que supone abrir una grieta estimable en uno de los últimos reductos de la solidaridad interterritorial que resistía incólume en España: la caja única de la Seguridad Social. En esta cuestión, el meollo no está tanto en qué se ha cedido, sino en cómo se ha hecho. Para atender al 2,36% de los parados españoles que son vascos -la tasa de paro en el País Vasco es la más baja de España- se han transferido a esa comunidad 472 millones de euros, el 6,24% de los fondos estatales para políticas activas de empleo, porcentaje calculado según el ventajoso e injusto sistema de cálculo del cupo. Así, cada parado vasco dispondrá de 4.298 euros de media para las políticas activas que fomenten su recolocación, mientras que un parado asturiano medio (o extremeño, murciano, gallego.) dispondrá de 1.688 euros para los mismos fines. Amén de la cesión en igual porcentaje de las bonificaciones a las cuotas empresariales a la Seguridad Social, lo que afecta al corazón mismo de la caja única: la capacidad de recaudación. Una contradicción evidente con lo que se dice pretender con esta nueva 'agenda social'.

La hoja de ruta trazada se antoja complicada y difícil. Se anuncia un periodo de diálogo con los agentes sociales a la búsqueda de consensos, y nada hace presagiar que los que no fueron capaces de pactar una reforma laboral digna de ese nombre, ahora van a ser capaces de aceptar los cambios radicales y necesarios en cuestiones vitales como la formación continua o la formación ocupacional. Y por si esto fuera poco, la ruta negociadora continuará con el intento de coordinación de los diecisiete responsables de las comunidades autónomas. En este contexto de extrema debilidad política del Gobierno, este nuevo intento de 'coordinación' vuelve a parecer un obstáculo infranqueable. Y es que un modelo de Estado que ha convertido al Gobierno de España en mero coordinador de intereses territoriales introduce unas debilidades en nuestro sistema que no nos podemos permitir. Es bueno que los ciudadanos tomemos conciencia de ello. Las decisiones que habrá que tomar en el futuro así lo exigen.

400.000 asturianos cobran nómina pública

Oviedo, Luis GANCEDO
Asturias, antaño tan subordinada a la actividad y al empleo de las empresas industriales del Estado -superaban los 50.000 puestos de trabajo a principios de los años ochenta-, mantiene, tres décadas después, una elevada dependencia de las funciones económicas que desempeña la Administración. Casi 400.000 asturianos, entre pensionistas, funcionarios, parados y beneficiarios de otros subsidios, están en la nómina del sector público, según datos recogidos en un documento de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE). Sus números trazan un perfil de Asturias que, a decir de la misma patronal y de algunos expertos, condiciona el porvenir de la región y puede hacerla más vulnerable cuando, como en esta crisis, están comprometidos los recursos de todas las administraciones.

Las cuentas de FADE están basadas en fuentes estadísticas oficiales y reflejan aspectos como los que se sintetizan a continuación.

l Entre pensionistas, desempleados que cobran prestaciones, empleados públicos y beneficiarios del salario social del Principado y de la ley de Dependencia, Asturias tiene unas 400.000 personas cuyos ingresos dependen de las administraciones públicas. Esto es, 43 de cada 100 asturianos mayores de 16 años están en esa situación.

l Los asturianos cobran algo más de 293.000 pensiones contributivas, cifras que no coinciden exactamente con el número de pensionistas, porque no son infrecuentes los casos de individuos que tienen derecho a dos pagas. Según otra estimación de la Agencia Tributaria, Asturias tiene unos 260.000 pensionistas. Sus ingresos anuales, superiores a los 3.000 millones de euros, tienen una relevancia capital en la renta de las familias. Aportan el equivalente al 15% del producto interior bruto (PIB), una proporción que no se alcanza en ninguna otra comunidad. La singularidad asturiana se explica por el envejecimiento de la población, por la temprana salida del mercado laboral de miles de trabajadores excedentes de actividades en reconversión y por la elevada cuantía de las prestaciones, resultante de la relevancia pasada del empleo industrial, con salarios y cotizaciones más altos.

l La singularidad de Asturias en el caso de las pensiones no lo es tanto en el capítulo de los empleados públicos. La encuesta de población activa (EPA) señala que el conjunto de las administraciones y sus apéndices empresariales tienen unos 73.000 trabajadores en la región, equivalentes al 21,6% de todos los asalariados. Asturias supera ligeramente la media española (20,1%). Los salarios de los empleados públicos inyectan anualmente más de 2.000 millones.

l La gran recesión ha disparado dentro y fuera de Asturias el número de ciudadanos que dependen de las prestaciones y subsidios de desempleo. Tal nómina está formada por casi 49.000 asturianos y supone para el antiguo Inem un desembolso anual cercano a los 580 millones de euros. Otros 7.900 asturianos ingresan el salario social que abona el Principado.

l En total, las transferencias que por los comentados conceptos y por otros análogos recibe la región sobrepasan los 6.100 millones al año, tanto como el 27% del PIB.

«Los números retratan el panorama económico y social de Asturias, una situación que no nos ahoga de momento, pero que tarde o temprano lo puede hacer», expone Alberto González, economista y secretario general de la FADE. Su tesis viene a ser la siguiente: Asturias, a pesar de las transformaciones de las dos últimas décadas, tiene un severo desequilibrio entre el tamaño de su actividad productiva y la dimensión de los ingresos y prestaciones que recibe con cargo a impuestos y cotizaciones. Un déficit estructural que, sostiene González, debería ser muy tenido en cuenta por el poder político al orientar las decisiones de gasto.

A decir del también economista Joaquín Lorences, catedrático de la Universidad de Oviedo, la «posición deudora» de Asturias impone, por un lado, ser «exigentes y muy cuidadosos» con el gasto público y, por otro, desplegar una estrategia que aumente la musculatura de la economía privada y sobremanera el número de empleos.

Esa «posición deudora» convierte a Asturias en una de las regiones que más dependen de las funciones de solidaridad y redistribución de la renta, que, señalan los hacendistas, son propias del sector público en España, constitucionalmente una «economía social de mercado». Y la evolución de la renta de las familias delata, subraya Alberto González, cómo el bienestar de los asturianos sigue claramente por encima de su actividad productiva.

La Fundación Municipal de Cultura reducirá un 6,91% su presupuesto para 2011

Vilabrille asegura que se «mantendrá el nivel de actividad», aunque se acortará la duración de algunas citas y las exposiciones se harán con fondos propios

La Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular sufrirá en 2011 un recorte en su presupuesto del 6,91% respecto al ejercicio anterior. Todo ello como consecuencia de las políticas de contención del gasto en las administraciones publicas. En total, dispondrá de 10.491.800 euros para la prestación de los servicios públicos que dependen de ella.

El concejal Justo Vilabrille aseguró que con este soporte económico se mantendrá el mismo nivel de actividad, aunque algunos programas como Danza Gijón, que antes duraba todo un mes, verán reducida su duración por la menor disponibilidad presupuestaria. Y las exposiciones que se organizarán el próximo año se harán con fondos artísticos propios para abaratar también los costes por esa vía.

El edil de Educación y Cultura también garantizó que la fundación que preside seguirá apoyando al tejido asociativo detrás del movimiento cultural de la ciudad con medio millón de euros para subvenciones. Vilabrille indicó que se atenderán sin problemas grandes citas como la Feria Europea de Teatro para Niños y Niñas (Feten) y se proseguirá la descentralización cultural a través de los centros municipales integrados. Los servicios bibliotecarios municipales, los más demandados por los ciudadanos, contarán con un presupuesto de 1,2 millones de euros.

En el apartado museístico se fijan como prioridades avanzar en el desarrollo de gran proyecto cultural del Museo de Gijón para la antigua fábrica de tabacos -a pesar de la falta de recursos-, las actuaciones y seguimiento de los procesos de conservación de los bienes exhumadnos durante las campañas de excavaciones arqueológicas en Cimadevilla y la participación en los actos conmemorativos del bicentenario de la muerte de Jovellanos.

La Universidad Popular ofertará en torno a 330 cursos con la participación de alrededor de 4.800 gijoneses. Además, el Proyecto Educativo de Ciudad dará cabida a 32.000 alumnos de los 86 centros educativos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria de Gijón.

La Camocha, para enero

Por otra parte, el concejal de Educación y Cultura también expresó ayer la «satisfacción municipal» por la resolución con acuerdo del conflicto con las educadoras del ciclo de 0 a 3 años. Vilabrille calificó la negociación llevada a cabo con ellas y los sindicatos de «responsable» y valoró la oferta económica municipal como «buena y generosa». Además, aseguró que las mejoras retributivas «redundarán en beneficio de la calidad del servicio que se presta» en el conjunto de estas escuelas para bebés.

Vilabrille también avanzó que en los próximos días saldrá la convocatoria para cubrir 39 plazas en la nueva escuela construida en La Camocha, cuya actividad empezará en enero.

Areces tiene el dedo más largo que Camps

La gestión de la Administración l Un cambio legislativo clave
La reforma de la ley de la Función Pública que impulsa el Principado se asemeja a la de Valencia, pero la supera al incluir en la libre designación a los letrados, además de a los jefes de servicio

 

El «dedo» del Principado compite con el de la Comunidad Valenciana. La reforma de la legislación de la función pública que prepara el Gobierno de Areces permite un uso de la libre designación para el nombramiento de cargos de media dirección -los fundamentales en los procesos de adjudicación de contratos públicos- por encima de lo que lo hace la ley valenciana, cuya reforma impulsó hace unos meses el Ejecutivo del popular Francisco Camps. En ambos casos se acude a la designación «a dedo» de los jefes de servicio, pero en el proyecto del Principado también se incluye en este epígrafe a los letrados, profesionales que no aparecen en el texto de Valencia, donde llegan al cargo mediante oposición.

Varios juristas consultados por este diario han puesto en tela de juicio la constitucionalidad de que se designe «a dedo» a letrados y jefes de servicio, aludiendo a un supuesto ataque contra la independencia del funcionario. Ayer mismo, los portavoces del Conceyu por Otra Función Pública en Asturias, colectivo que impulsó cuatro de las sentencias que ya han reprochado al Principado un uso abusivo de la designación «a dedo», advirtieron de que, en el caso de que el texto legal pase el filtro de la Junta General del Principado, presentarán una denuncia ante el Tribunal Constitucional, por cuanto, a su juicio, se produciría una vulneración del estatuto básico del empleado público.

El colectivo de funcionarios sostiene que la ley aprobada hace escasos meses en Valencia es el modelo del proyecto que ha presentado el Ejecutivo de Álvarez Areces a la Mesa General de la Función Pública, donde fue aprobado con la abstención de los sindicatos Comisiones Obreras (CC OO) y UGT, después de que el Gobierno aceptara la inclusión de algunas peticiones de las centrales. Lo cierto es que, además de presentar coincidencias en aspectos formales y hasta de redacción, ambos textos coinciden en establecer como obligación, y no como opción para casos excepcionales, que un buen número de cargos autonómicos sean elegidos «a dedo».

En concreto, el texto legal aprobado en Valencia, pactado con los principales sindicatos, indica que los puestos de trabajo a cubrir bajo el sistema de libre designación son los de «rango de subdirección general o jefatura de servicio, los puestos de secretaría de altos cargos y los puestos de naturaleza funcionarial que se creen como consecuencia de Acuerdo del Consell y con las características y requisitos que en el mismo se establezcan, pertenecientes a los grupos o subgrupos profesionales A1, A2, B o C1, adscritos y directamente dependientes de las subsecretarías o de las secretarías autonómicas, con funciones de asesoramiento o coordinación y que tengan la denominación de coordinador-asesor».

Desde 2007, y a partir de que el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero aprobase el estatuto base del empleo público, han reformado la legislación sobre la función pública varias comunidades.

Según fuentes del Conceyu por Otra Función Pública en Asturias, las comunidades en las que se da mayor manga ancha al Gobierno para la designación «a dedo» de funcionarios son las de Galicia, Valencia y Asturias. Al otro lado de la balanza, en Baleares se llevó a cabo una reforma del marco legal en la que la libre designación se utiliza únicamente para algunos casos excepcionales.

El Gobierno de Álvarez Areces pretende institucionalizar la libre designación de jefes de servicio y de letrados pese a la existencia de sentencias en las que se afea un excesivo uso de este sistema para el nombramiento de funcionarios. Además, se han producido acusaciones que ponen en entredicho el modelo de adjudicación de contratos públicos por parte de la Administración del Principado. Así, expertos, letrados y responsables de colectivos y sindicatos de funcionarios consultados por este diario han abogado por reducir la presencia de empleados públicos de libre designación en este tipo de procesos, para evitar una contaminación política. También se han registrado críticas en algunos informes emitidos por la Sindicatura de Cuentas.

El Principado maquilla su presupuesto para la Universidad con dinero de la Excelencia

El consejero de Educación del Principado, Herminio Sastre, anunció ayer que el Gobierno regional dedicará a la Universidad de Oviedo 143,84 millones de euros de su Presupuesto. Según Sastre, la cifra suponía «un aumento del 4,48 por ciento» respecto a los fondos con los que cuenta la institución docente en 2010, una vez ajustados a mitad de año por la reducción del sueldo de los funcionarios. Antes del ajuste, el presupuesto era de 151,87 millones de euros. Pero desde el punto de vista de la Universidad, ese aumento no es real. Según fuentes de la institución académica, lo que ha hecho el Principado es «maquillar» las cuentas, al incluir en su propuesta 5,38 millones de euros ya asignados al Campus de Excelencia Internacional, además de dinero procedente de los Fondos Mineros.

El anuncio de Sastre pilló a la comunidad universitaria a contrapié y en festivo, por la celebración de Santa Catalina de Alejandría, patrona de la institución académica. A primera hora de la tarde el vicerrector de Planificación Económica, Santiago Álvarez, afirmaba que era necesario «analizar con calma» las diferentes partidas propuestas por el Principado. No obstante, Álvarez sí señaló que en los 143,8 millones del Gobierno regional, «casi 8 pertenecen al Campus de Excelencia y a los fondos mineros».

Además del montante destinado a investigación, la cifra que más preocupa a la Universidad es la destinada a los gastos corrientes. Según los números anunciados por Sastre, la institución académica tendrá que conformarse para su funcionamiento -lo que incluye el pago de nóminas- con 131,4 millones de euros. Otros 5,8 millones se dedicarán a inversiones directas, y 6,65 millones a transferencias de capital.

En el caso del Campus de Excelencia Internacional (CEI), de los 5,38 millones de euros incluidos en el proyecto de presupuestos del Principado 3,91 se destinan a gastos corrientes, y 1,47 millones a transferencias de capital. Para Sastre, «estas previsiones permitirán desarrollar el impulsar los compromisos y objetivos del CEI». Según fuentes de la Universidad, parte de ese dinero corresponde a los 7,5 millones concedidos por el Ministerio junto al Campus de Excelencia, y parte a los 3 millones logrados en la última convocatoria del programa «Innocampus» del Ministerio de Ciencia.

En su discurso de ayer, Gotor afirmó que a la Universidad le toca «vivir un tiempo de asfixia económica que recuerda a décadas pasadas». «Haremos todo lo posible para garantizar el máximo nivel de nuestro servicio con los recursos que se nos asignan», aseguró el rector, «pero quiero dejar claro que aceptar una situación no significa comprenderla, ni compartirla, ni asumirla sin más. Que no sea beligerante no quiere decir que sea sumiso», sentenció después Gotor, «porque a la Universidad se le pide cada día más, pero recibe cada vez menos».

El personal de las escuelas de bebés acepta la oferta municipal y suspende sus protestas

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Gijón, el concejal de Hacienda y Coordinación Administrativa Santiago Martínez Argüelles, deberá enfrentarse a las próximas semanas a un nuevo reto que tiene que ver con las ajustadas cuentas municipales. La asamblea de trabajadores de las escuelas de bebés de la ciudad dio luz verde a la propuesta presentada el miércoles por el gobierno municipal para su integración en la plantilla municipal. La decisión viene impuesta tras una sentencia judicial que les reconoce el amparo a un convenio colectivo que rige el trabajo del resto de empleados municipales.

Los 134 trabajadores de las escuelas infantiles reunidos ayer en el centro municipal de La Arena aprobaron por mayoría el acuerdo para su incorporación gradual como personal laboral del Ayuntamiento, logrando así el nivel 15, con incrementos salariales progresivos en 2011, 2012 y 2013. La propuesta recibió el aval de 73 trabajadores frente a los 40 que apostaban por la ejecución de la sentencia, que contemplaba, además, pago de los atrasos.

La retribución actual de estos trabajadores era de 1.209 euros brutos. A partir del 1 de enero de 2011 pasarán a cobrar 1.547 euros mensuales brutos; 1.614,30 en 2012 y llegarán al nivel máximo a partir del 1 de enero de 2013 cuando comiencen a ingresar 1.682,13 euros.

La valoración de los representantes sindicales de Comisiones Obreras y UGT es positiva, pero con matices. Tras un «vivo debate» y una «dura negociación» se ratificó el acuerdo que «ellos mismos entendieron que era bueno», subrayaron los portavoces sindicales. «No era el límite al que se pretendía llegar pero sí se mejoraron sustancialmente sus retribuciones», manifestaron desde UGT. El acuerdo queda a expensas de que los servicios jurídicos de ambos sindicatos revisen el documento para confirmar que no existe ningún punto de nulidad. «Los trabajadores han dado su voto de confianza al Ayuntamiento», valoraron desde CC OO. No obstante, advierten de que las condiciones económicas «se acercan a lo que se pretendía pero seguiremos vigilantes. Hay una serie de compromisos que al Ayuntamiento le va a costar cumplir».

El rechazo inicial a la oferta del Ayuntamiento llegó acompañado de movilizaciones a principios de esta semana. Tras el acuerdo de ayer se da por suspendida cualquier acción de protesta. El personal de las escuelas infantiles de la ciudad -mayoritariamente mujeres, pues en la asamblea de ayer eran 133 féminas frente a un solo varón-, no verá cumplidas las condiciones salariales que reclamaban desde el principio hasta 2013. La intención inicial era cobrar las mejoras solicitadas a partir del 1 de enero de 2011. «Se ha ratificado lo que los propios trabajadores entendieron que era bueno», concluyeron los representantes sindicales.

UPyD de Gijón se solidariza con los comerciantes de la calle Los Moros.

“Entendemos que las obras siempre causan molestias a los vecinos y comerciantes afectados pero desde las administraciones se tiene la obligación de  intentar minimizarlas, máxime cuando interfieren en la actividad comercial, y por tanto económica, de la ciudad”, afirma Armando Fernández Bartolomé, candidato de UPyD a la Alcaldía de Gijón

Unión Progreso y Democracia cree que el Ayuntamiento debe hacer una mejor planificación de sus obras puesto que también tememos retrasos en las obras de la avenida de Castilla y de El Parchís.

Para Armando Fernández Bartolmé “es lamentable que a falta de unos días para el inicio de la campaña navideña, importantes ejes comerciales de nuestra ciudad como la calle de Los Moros se encuentren todavía en obras y con grandes incertidumbres sobre los plazos de su finalización lo que está causando importantes perjuicios económicos y gran preocupación a los comerciantes locales. Y tal vez aboque a algún comerciante al cierre, sumándose a ese 4% de comercios que han cerrado en Gijón en lo que va de año”

Para Unión Progreso y Democracia  se trata de un ejemplo más de la mala gestión del Ayuntamiento en la ejecución y planificación de sus obras así como su falta de sensibilidad hacia el comercio local. Además se espera que las próximas remodelaciones de avenidas en la ciudad, tan necesarias por otra parte, se ejecuten íntegramente en los períodos de menor actividad comercial.

El Consistorio reserva 500.000 euros al año para indemnizaciones

Las contrataciones externas de abogados reportan un gasto anual de unos 70.000 euros 

El Ayuntamiento dispone de un presupuesto anual de 500.000 euros para hacer frente a posibles indemnizaciones en los pleitos judiciales que tiene abiertos. Así lo explicó ayer en el programa 'La Lupa' Ignacio Villaverde, director de la asesoría jurídica del Consistorio gijonés. El jurista también expuso que las contrataciones externas de abogados reportan unos gastos anuales que oscilan entre los 60.000 y 70.000 euros. Se recurre a la externalización por la especialidad de la materia o por su complejidad, como sucedió en los recursos de casación de las 31 sentencias anulatorias del PGO de 2005 dictadas por el Tribunal Superior de justicia de Asturias (TSJA). La defensa en la mayoría de los litigios recae en cinco letrados asesores de la casa.

Villaverde explicó que el 90% de los asuntos litigiosos que afectan a la Administración local son por recursos contencioso-administrativos, entre los que se incluyen los casos de responsabilidad patrimonial. El Ayuntamiento afronta entre 280 y 300 pleitos al año por esta vía, a los que hay que sumar medio centenar de asuntos penales y, en mucha menor cuantía, asuntos civiles y de jurisdicción social.

El experto aseguró en el programa de Canal 10 que las estadísticas gijonesas no suponen «una media excesiva» en comparación con otros ayuntamientos de su tamaño y entidad, que prácticamente le doblan en litigiosidad en este momento.

En cuanto a los asuntos estrella que motivan el mayor número de demandas enumeró los contenciosos por responsabilidad patrimonial (el 28% del total), las sanciones de tráfico recurridas (el 18%), los casos de disciplina urbanística (en torno al 8%) y las cuestiones de personal (otro 8%).

El director de los servicios jurídicos municipales también precisó que la tasa de éxito judicial en pleitos municipales se sitúa en este momento en el 70%, «un porcentaje parejo» a las resoluciones favorables que consigue de los tribunales en multas de tráfico recurridas por infractores. Según Ignacio Villaverde, esto último es achacable «al buen trabajo policial, con unos atestados bien hechos que facilitan la labor administrativa».

El curso pasado hubo 43 denuncias por agresiones y acoso en los centros docentes

Los centros escolares asturianos registraron un total de 43 denuncias por violencia o acoso escolar a lo largo del curso 2009-2010, según los datos del Servicio de Inspección de la Consejería de Educación y Ciencia, una cifra que supone el doble de la registrada en el curso anterior.

Estos datos fueron dados a conocer ayer, en el Pleno de la Junta General del Principado, por el consejero de Educación y Ciencia, Herminio Sastre , en respuesta a una pregunta planteada por el diputado del PP Emilio Pérez Cueva.

Sastre explicó que de las 43 denuncias sólo ocho fueron casos de acoso que tuvieron que ser estudiados posteriormente. Respecto a la procedencia de las mismas, 15 procedían de las familias; 10, de los propios centros educativos; 18, de la Comisión Escolar, y una, de otros medios.

Asimismo apuntó que, como viene siendo habitual, la mayor parte de las denuncias -dos tercios- corresponden a alumnas y manifestó que en el 60% de los casos las denuncias se referían a agresiones verbales.

La anémica sociedad civil en Asturias

La Sociedad Civil se defne como el conjunto de individuos, organizaciones, instituciones y colectivos cívicos, voluntarios y sociales, que obran como mediación entre los Ciudadanos y el Estado, desarrollando su acción sin coacción y sobre la base de propósitos, intereses y valores  compartidos. Dicho de otro forma, se corresponde con todos los agentes de un país menos los actores políticos.
En Asturias la sociedad civil está domesticada por los partidos políticos, especialmente el PSOE, a base de subvenciones que fomentan una "perpetua minoría de edad" o o por la infiltración directa de los partidos en el propio tejido social.  Partitocracia expansiva que vampiriza la sociedad civil  y toma al asalto al estado

Los 16 grandes retos de España

Defnición de una identidad productiva singular para el país
Refuerzo de la Sociedad del Talento global
Mejora de la productividad total de los factores
Sofsticación de la oferta en bienes y servicios
Defnición de un modelo de Estado del Bienestar responsable (equilibrado y sostenible)
Sofsticación sostenible de la demanda
Acercamiento al Ciudadano y personalización del modelo de bienestar
Sostenibilidad económico-fnanciera
Sostenibilidad social
Sostenibilidad medioambiental
Posicionamiento-país positivo, singular y creíble
Capitalización del posicionamiento geoestratégico del país
Exposición y movilidad globales
Representatividad, equilibrio e independencia de Poderes
Fiabilidad y adaptabilidad de las instituciones
Corresponsabilidad (ciudadana y administrativa) entre derechos y deberes

El estatuto del aprendiz

JUAN JOSÉ DEL CAMPO GOROSTIDI DOCTOR INGENIERO DE MINAS Considero que el sistema de relaciones laborales ha de servir a dos fines primordiales: el progreso del hombre mediante el trabajo y la competitividad de la empresa. Sin convenimos en ello, la conclusión es clara. Nuestro sistema no cumple ni un fin ni otro. Lideramos el paro y ocupamos la posición 33.ª en el ranking de competitividad mundial.

Probablemente sea cierto que nunca en España dispusimos de una juventud mejor preparada ni que nunca antes fueron tantos los medios aplicados a la formación continua. Sin embargo, abundan los parados y faltan profesionales. ¿Qué estamos haciendo para resolver esta paradoja? A la vista de los resultados, nada efectivo.

Es necesario incentivar y mejorar el proceso de incorporación de los jóvenes al trabajo. Ni la formación profesional ni la universitaria pueden concluir con unas efímeras prácticas o un proyecto fin de carrera. El joven ha de completar su formación en la empresa, como aprendiz, antes de recibir el título que le acredita como profesional.

Considero adecuado para ello un período de dos años. A lo largo del mismo, el aprendiz se especializa en un oficio o función, desarrollando un itinerario profesional guiado por un monitor de taller o titulado senior de la empresa, contando además con el referente académico del profesor tutor del centro en el que cursa sus estudios. El alumno es evaluado, de forma continuada, con controles periódicos bien definidos, recibiendo al término de los dos años el certificado de aptitud profesional o/y título.

El aprendiz recibiría durante su formación el salario equivalente al contrato en prácticas, estando exento del IRPF, al tiempo que a la empresa se la eximiría de las cargas sociales asociadas al contrato. Llegado a término el contrato de aprendizaje, aquellas empresas que incorporaran a su plantilla, en los términos que regule el convenio colectivo, aprendices titulados de segundo año y crearan empleo neto en términos anuales serían beneficiarias de una rebaja en las cotizaciones sociales cada año que la situación se mantuviera. Ello permitiría incorporar y formar a muchos jóvenes, al tiempo que aparecerían empresas ejemplares en la aplicación del estatuto del aprendiz, que servirían de guía y modelo a muchas otras. El sistema podría aplicarse tanto en una gran corporación como en una micropyme, lo que añade interés a la propuesta.

Es lamentable que no le demos a nuestra juventud la oportunidad de conocer la empresa, de completar su formación y de descubrir que el trabajo no es una condena sino el medio que procura a la persona su desarrollo. Invertir en educación y formación sin facilitar la incorporación de los jóvenes al mundo laboral es formar parados.

UPyD Asturias: Programa marco de educación

lPara garantizar  la viabilidad económica en el medio y largo plazo de los 3 servicios públicos fundamentales que prestan las CCAA  -sanidad, educación y servicios sociales-, será necesario acometer una serie de medidas de reforma de distinto carácter y alcance:

P.  31.- Medidas  comunes para mejorar la equidad interterritorial y paliar los inconvenientes de la descentralización:

31.1 - Normativa básica del personal de los cuerpos nacionales que permita acceder al empleo público  a    todos los ciudadanos españoles en todas las CCAA en igualdad de condiciones, evitando  los  agravios comparativos,  las  espirales salariales,  y facilitando  la movilidad entre CCAA.

31.2  - Aprovechamiento de economías de escala derivadas de la gestión centralizada que no merme la autonomía en la gestión, como  por ejemplo negociación conjunta de precios y condiciones con la industria farmacéutica.

31.3 - Coordinación de inversiones de interés nacional ejecutadas por varias CCAA.

32.2.-  Para conseguir  un sistema educativo nacional y democrático, y  mientras las competencias en Educación no sean recuperadas por el Estado, proponemos:

32.2.1- Armonización del currículum entre las diferentes CC.AA. y medidas para facilitar la movilidad del alumnado, los titulados y el profesorado en todo el territorio nacional en igualdad de condiciones y oportunidades, limitando la endogamia del sistema.

32.2.2 - La exigencia de conocimiento de lenguas distintas al español debe limitarse a los puestos de trabajo en las que éstas sean realmente necesarias para su desempeño.

32.2.3-  En las CC.AA. con dos lenguas cooficiales, escolarización en la lengua de elección y aprendizaje adecuado de ambas lenguas.

 32.2.4  -  Apoyo a la enseñanza de los valores democráticos, la Constitución y los Derechos Humanos.

32.2.5 - Eliminación del currículum de tópicos adoctrinadores nacionalistas, regionalistas o localistas.

32.2.6 - Laicidad de los centros públicos.

32.3. – Para mejorar la calidad educativa, proponemos la evaluación continua del sistema, de los centros y del profesorado a  todos  los niveles, mediante  la realización de pruebas externas por parte de alumnos y titulados, en lugar de los métodos actuales, ineficaces e insufriblemente burocráticos.

32.3.1  - Refuerzo de la Inspección, con funciones de apoyo y evaluación y no sólo de fiscalización.

32.3.2  -  Implantación de  la competencia  entre las universidades, mediante sistemas de financiación con incentivos para mejorar sus niveles de calidad y eficiencia.

32.3.3 - Fomento del refuerzo y la diversificación como alternativas a la repetición y el abandono.

32.3.4  -  Reconocimiento de los profesores como los verdaderos expertos en materia educativa.

32.3.5 - Valoración del esfuerzo, el aprendizaje, la excelencia y la responsabilidad.

32.3.6 - Dar prioridad a los objetivos de instrucción.

32.3.7 - Impulso decidido al aprendizaje de lenguas extranjeras, especialmente del inglés, fomentando la enseñanza bilingüe (o trilingüe en las CC.AA. con dos lenguas cooficiales).

32.3.8 - Impulso y dignificación de la Formación Profesional.

32.3.9  -  Refuerzo de la disciplina, reconocimiento del profesorado como autoridad pública y adopción de medidas eficaces contra el acoso escolar, especialmente el padecido por el alumnado especialmente vulnerable por su orientación sexual, origen étnico, lengua materna o cualquier otra condición.

32.3 - Igualdad de oportunidades en la educación mediante el fortalecimiento de la red pública (incluida la de educación infantil) y el control riguroso de los criterios de admisión en todos los centros  concertados  -sostenidos por fondos públicos-  para evitar la segregación por sexo, extracción social, origen étnico o cualquier otra condición, con exigencia de gratuidad real en todos los centros sostenidos con fondos públicos.

 

32.3.1- Apoyo a los alumnos con necesidades educativas especiales siguiendo un modelo flexible que se adecue a sus necesidades,  adoptando como opción preferente  su integración en los mismos centros y grupos que el resto de alumnos.

32.3.2 - Reducción de la brecha digital facilitando el acceso en condiciones de igualdad a las  nuevas tecnologías de la información y la comunicación (pero sin despilfarrar recursos en grandes proyectos populistas de escasa rentabilidad educativa).

32.4.2  -  Incentivación de la colaboración entre las universidades y las empresas en el ámbito de la investigación, sin detrimento de la investigación básica.

32.5  –  Financiación y racionalización  de la  inversión  en educación,  equivalente a la de los países más avanzados y garantizada por ley.

 

32.5.1 - Mejora de la eficiencia de la organización y gestión del servicio educativo, que debe estar presidida por los valores de exigencia, iniciativa, transparencia de resultados, autonomía y competencia entre centros.

32.5.2  -  Racionalización del número de universidades públicas mediante fusiones en función de la proximidad geográfica o la complementariedad académica.

Radiografía del profesorado asturiano: femenino, quemado, envejecido y urbanita

El sector, con unos 14.000 profesionales en la región, afronta el próximo 2 de diciembre sus elecciones sindicales

Mujer, cercana a los 50 años, con una docena de cursos de experiencia profesional, maestra de un colegio de zona urbana y dentro de la red pública. Éste podría ser el principal perfil de los docentes asturianos.

Hay otros, pero todos responden a patrones que condicionan para bien y para mal el sector. La enseñanza asturiana se feminiza, envejece (también gana en experiencia) y se concentra en las ciudades. Y además pierde poder adquisitivo. Y, por lo que cuentan muchos docentes, se quema.

Eran 14.200 en el año 2008, de los que 11.398 pertenecían a la red pública y 2.802, a la privada. Del número total, hay 4.628 hombres y 9.572 mujeres, es decir, más del doble. En las últimas oposiciones de Secundaria, la mayoría femenina supera el 60%, y en las anteriores de Primaria la proporción fue de 8 a 2.

Son los docentes que están llamados a las urnas el 2 de diciembre para elegir a sus representantes sindicales y formar una Junta de Personal que será la llamada a negociar asuntos de calado en los próximos cuatro años. Un colectivo que ayuda, y mucho, a que Asturias logre los mejores resultados académicos en comparación con otras comunidades autónomas, pero al que no se le ayuda en el reto de afrontar un relevo generacional lo suficientemente eficaz.

El 46,6% de los maestros asturianos de Primaria tiene más de 50 años, quince puntos más que la media nacional. Lo mismo ocurre con el 37,4% de los profesores de Secundaria en el Principado, ocho puntos más que la media española.

Asturias tiene en términos generales la plantilla docente pública más envejecida del Estado. Sólo el 2 por ciento de los profesores de Secundaria de la región tiene menos de 30 años. En Primaria ese porcentaje sube algo, hasta los 4,5 puntos, pero a considerable distancia de la media en España, que se cifra en el 14,2%, según cifras que salen del informe del Consejo Escolar en España.

Asturias tiene unos dos mil interinos trabajando. Las listas de interinos a la espera de destino profesional suma varios miles más. Otros tres mil jóvenes están matriculados en Enseñanza Superior con la vista puesta en la profesión docente, más un número indeterminado que accederá desde las diversas licenciaturas universitarias y tras el máster de formación del profesorado.

Hay cantera, pero se mueve poco. Los más de cuatrocientos puestos de Primaria en las oposiciones del pasado año han sido una excepción en las convocatorias más bien modestas en los últimos años. La tasa de interinidad se mueve ahora en torno al 14% sobre el total del profesorado.

Asturias lleva dos cursos con un ligero aumento de alumnos, en torno a los 140.000 contando todas las enseñanzas no universitarias. Se rompía así una tendencia a la baja que llevaba más de una década desalojando las aulas y cerrando escuelas rurales. El colectivo de profesores no ha variado apenas en los últimos ejercicios, aunque los sindicatos auguran que ese número total sufrirá recortes a causa de la crisis.

Los niños se mantienen, pero las necesidades educativas aumentan. La ratio profesor/alumnos es en Asturias de las más bajas de España, un par de puntos por debajo de la media nacional. Hay discrepancias de ratio entre sindicatos y Administración (entre 8 y 9,5 niños por profesor, según las fuentes), pero las estadísticas nos favorecen en ambos casos respecto a lo que ocurre en otras comunidades -algunas por encima de los 12 alumnos por docente.

Ratios más bajas y sueldos también más bajos que la media, aunque la horquilla en las nóminas se ha extrechado en los últimos dos años. Tradicionalmente los docentes asturianos, tanto en la red pública como en la privada concertada, se situaban en el furgón de cola salarial junto a los de Galicia y Extremadura. Pero salvo el País Vasco, que va por libre, las diferencias son escasas. Un profesor de Secundaria en Madrid gana, por término medio, entre un 10 y un 15% más que uno en Asturias, pero ¿cuánto cuesta trabajar y vivir en Madrid?

El profesorado asturiano se carga de años y no acaba de arrancar en materia de estabilidad. Los planes para que el número de interinos no sobrepasase el 8% del total del profesorado siguen aparcados y lejos de esas cifras. Hay otro problema, y es que más de un treinta por ciento de las contrataciones de interinos tienen carácter de media jornada. Para muchos, menos es nada.

Cabreados pero eficaces, los resultados de las pruebas de diagnóstico por parte del Ministerio de Educación son clarificadores.

En este estado de cosas llegan las elecciones sindicales que renovarán la Junta de Personal y en medio de una ruptura profunda de relaciones entre los sindicatos con representación en el sector. Dos de ellos, ANPE y FETE-UGT, firmaron el acuerdo con la Administración para poner en marcha la ley de Evaluación. Los otros tres, CC OO, SUATEA y CSIF, dijeron no. Habrá que ver a quién le sale bien la jugada y a quién no.

La cultura sin cultura

Los males que acucian hoy a la cultura universal son el consumismo, su conversión en mercancía. El poder de la inteligencia ha sido sustituido por el de los medios de comunicación. Todo es espectáculo

CÉSAR ANTONIO MOLINA
EL PAÍS  -  Opinión - 25-11-2010 Cuando se acaba de leer La cultura-mundo, de Gilles Lipovetsky y Jean Serroy (Anagrama 2010, traducción de Promoteo-Moya), la desazón es terrible. Y lo es no por lo que se cuenta, ya sabido, sino por la constatación documental y fehaciente de los males que acucian hoy a la cultura. No a la cultura de uno u otro país, sino a la cultura universal invadida por la industria y el consumismo y cada vez más ajena a su función secular de explicar y entender el mundo. Una cultura sometida a los gustos del público y destinada al éxito inmediato, al consumo como una mercancía más. El lector transformado en consumidor mientras, el creador, el escritor o el artista, en simple productor de servicios.
El desencanto de la vida intelectual es cada vez mayor, se nos dice. El valor de la cultura ha sufrido en las últimas décadas una depreciación irrecuperable, los grandes maestros han desaparecido (Foucault ya lo avisó), las grandes obras están solo en el pasado y un amplio sector de la vida intelectual se ha entregado al funcionariado universitario y a la comercialización. Hoy en día, la pérdida del peso que tenían las obras literarias, artísticas o filosóficas en la esfera pública es una triste realidad. El poder de la inteligencia ha sido sustituido por el poder de los medios de comunicación que fabrican más celebridades que los círculos de eruditos e intelectuales. Celebridades que opinan desde su incultura como si fueran sabios. Hoy se escucha más a un cantante, a un deportista, o a una estrella del star-system que a un intelectual. Así lo explican los autores, Lipovetsky y Serroy: "Desacralización del mundo de las ideas, eclipse de los guías del espíritu humano, desaparición del poder intelectual". El consumidor no ha gozado jamás de tanta libertad y tanta oferta para consumir productos efímeros, y si antes la cultura proporcionaba conocimientos imperecederos, hoy día la "incertidumbre" y la "desorientación" son los sentimientos que invaden nuestro mundo democrático en una transformación de dimensiones jamás sospechadas: familia, identidad sexual, educación, moda, tecnologías, alimentación. La cultura humanista está hoy abandonada por jóvenes entregados al becerro de oro de las redes de comunicación. Cualquier respuesta la obtienen -o creen obtenerla- allí, en el poder cada vez mayor de la información sobre el conocimiento. O, si se prefiere, en el poder cada vez mayor de la economía sobre la cultura. Las industrias de lo imaginario, del entretenimiento, se alzan sobre los valores del espíritu, la meditación, la reflexión. Lo útil sobre lo inútil. La cultura se convierte en industria, en la forma de un complejo mediático-comercial que es el motor del crecimiento de las naciones desarrolladas. Las exportaciones de la industria cinematográfica, audiovisual, editorial, los beneficios derivados de la enseñanza de las grandes lenguas, producen hoy tantos ingresos como cualquier otra industria. Y esos beneficios también conllevan mutaciones en la cultura. Al prestigio se le opone la rentabilidad; a la reflexión, la facilidad. El peso económico en la cultura la distorsiona, la infantiliza, la empobrece. El mundo hipermoderno, tal como lo estudian estos dos autores, está organizado alrededor de cuatro polos estructuradores que configuran la fisonomía de los nuevos tiempos: hipercapitalismo, hipertecnificación, hiperindividualismo y el hiperconsumo. Es decir, la fuerza motriz de la globalización económica, la universalización técnica, la respuesta del individuo frente a la masificación y universalización y, finalmente, el hedonismo comercial como felicidad. En medio de esta cultura sin fronteras se alza la sociedad universal de consumidores, cada vez más anónimos, más satisfechos, más alienados. La cultura va perdiendo batallas y también la política. De ello se deriva el escepticismo y desconfianza hacia los políticos, el descenso de la militancia y la confusión de las identidades ideológicas. Internet es un peligro para el vínculo social, añaden los autores de La cultura-mundo, en la medida en que, en el ciberespacio, los individuos se comunican continuamente, pero se ven cada vez menos. En esta era digital los individuos llevan una vida abstracta e informatizada, en vez de tener experiencias juntos quedan enclaustrados por las nuevas tecnologías. Al mismo tiempo, mientras el cuerpo deja de ser el asidero real de la vida, se forma un universo descorporeizado, desensualizado, desrealizado: el de las pantallas y los contactos informáticos. Lipovetsky y Serroy, por cierto, con dos años de anticipación, resumían perfectamente la espeluznante película de David Fincher La red social, basada en la invención de Facebook, un fenómeno social tan revolucionario como inquietante. Fue la Escuela de Fráncfort la primera que habló, hace más de medio siglo, de industria cultural, refiriéndose a la reproducibilidad de las obras de arte destinadas a un mercado de mayor consumo. Adorno y Horkheimer ya nos previnieron de los males de la cultura masificada, aunque no se imaginaron los extremos sin retorno a los que llegaríamos. Aquella alarma se ha convertido hoy en una gran amenaza y, cada vez más, la cultura revolucionaria de creación que desprecia el mercado está siendo devorada inmisericorde por la cultura industrial, menos exigente, más accesible, menos elitista, más divertida, evasiva y conformista. En una civilización así, ¿qué queda de los ideales humanistas sobre los que se levantó la cultura occidental? ¿Qué clase de ser humano producirá esta nueva civilización? El homo sapiens se ha transformado en pantalicus, absorbido por la televisión, por las pantallas de los ordenadores. El mundo existe por las imágenes que aparecen en la pantalla y los individuos lo conocen tal como se deja ver. La televisión cambia el mundo: el mundo político, la publicidad, el ocio, el mundo de la cultura. Hoy no existe más que lo que se ve en televisión, lo que ve la masa, lo que todos comparten. Es el triunfo de la sociedad de la imagen y sus poderes. Frente a la oralidad, frente a la escritura, frente al pensamiento, la imagen aparece como un tótem absoluto. Y, mientras tanto, los escritores, los intelectuales, los artistas negociando sus derechos de autor a través de los agentes -exactamente como en la industria del espectáculo- y empujándose para estar en las listas de los más vendidos, que ya no son por fuerza los mejores. Un libro vendido equivale a un votante. Éxito, superventas, récords, firmas masivas: lo que no se vende ya no puede ser bueno. Las obras de arte acaban en las subastas, en el mercado más escandaloso, vulgar. Todo es ya espectáculo. Los museos-espectáculo, elevados al rango de objeto turístico de masas, semejan tan solo hipermercados apenas más refinados. Los museos, antes lugares de recogimiento, son hoy espacios para el bullicio y el aturdido turismo cultural. Las obras de los museos no se contemplan, se consumen. Hay un dato interesante aportado en La cultura-mundo: según una encuesta, un visitante medio pasa entre 15 y 40 segundos mirando El rapto de las sabinas de David; entre cinco y nueve segundos, La gran odalisca de Ingres. ¿Cuántos ante Las meninas o El Guernica? Y ante esa visión relámpago ¿qué conocimiento obtendrán? Sin embargo, los museos hoy solo son relevantes por el merchandising adquirido en sus tiendas. ¿Cómo salvarnos? Estoy absolutamente de acuerdo con la solución que dan los dos filósofos: solo la educación está a la altura del problema. Pero escuela y universidad no funcionan. ¿Es aún una tarea posible? La cultura, como valor espiritual, según aprendimos de Valéry, está en vías de extinción, destronada por la industria, el consumo y la mal llamada cultura mediática. Hoy, la lectura, y lo sé por mi propia experiencia docente, no está entre las preferencias de los estudiantes, si bien en el ordenador no paran caóticamente de leer y escribir. El mismo desinterés cunde en otras actividades culturales antaño masivas: teatro, cine, conciertos de música clásica y recitales. Como Lipovetsky y Serroy comentan, el capitalismo y el placer consumista han derribado a la cultura literaria y artística del pedestal en que estaba: en ese espectro ambiental "lo insignificante tiene ya valor cultural" y las jerarquías que no hace mucho distinguían la cultura noble de la cultura de masas han desaparecido. Este es el mar de las tinieblas en que navegamos. Siempre habrá náufragos que mantengan la memoria del origen, siempre alguien se librará y cuando eso suceda, la verdadera cultura permanecerá como tabla de salvación. El libro de Lipovetsky y Serroy es una llamada de atención desesperada, una muestra nada exagerada de que nuestra civilización sufre una crisis de valores de grandes proporciones.

«No quiero la Semana Negra en el campus. No la quiero», insiste el rector

El rector de la Universidad de Oviedo, Vicente Gotor, dejó ayer clara su postura por enésima ocasión sobre la posible ubicación de la Semana Negra en una parcela de 61.000 metros cuadrados colindante con las instalaciones universitarias de Gijón. «No quiero la Semana Negra en el campus. No la quiero», insistió en una entrevista concedida a la TPA.

Con esta contundencia, el rector mantuvo firme la posición de la comunidad universitaria ante la reciente reanudación de los trabajos de acondicionamiento de los polémicos terrenos y es que aseguró que la actividad académica en el campus gijonés no termina hasta el 31 de julio, con lo que chocaría plenamente con la celebración de la Semana Negra, que tradicionalmente tiene lugar en la primera quincena de ese mes.

Estas declaraciones del rector se producen sólo un día después de que la alcaldesa de Gijón, Paz Fernández Felgueroso, se reafirmara en la «buena relación» existente entre el Ayuntamiento y la Universidad de Oviedo. Sin duda, en ello habría tenido mucho que ver la decisión del rector de suspender los procesos judiciales abiertos meses atrás desde el ámbito universitario para evitar la futura instalación de la Semana Negra en la explanada multiusos ahora en ejecución.

La regidora no había querido aventurar no sólo si la próxima edición del certamen literario se celebraría en los referidos terrenos, sino tampoco cuándo está prevista la finalización de las obras de construcción de la explanada, ya que apuntó que podrían terminar «este verano o dentro de tres meses».

Pero esta explanada no sólo tiene la oposición de los responsables universitarios, sino que los propios estudiantes se han posicionado en contra de las intenciones municipales y solicitan que se entreguen los terrenos a la Universidad de Oviedo para que se destinen a fines relacionados con la actividad académica.

Un polideportivo

Lo único cierto hasta el momento es que los 61.000 metros cuadrados afectados por esta actuación urbanística están destinados a albergar actividades de muy diversa índole. La intención del Ayuntamiento de Gijón es que pueda acoger actividades organizadas en la ciudad, entre las que estaría la propia Semana Negra, pero tampoco se descarta la posibilidad de construir una instalación polideportiva que también daría servicio al campus gijonés.

El tira y afloja entre ambas instituciones se mantiene y la incertidumbre tardará en ser despejada. Más aún después de que el propio concejal de Festejos, José Manuel Sariego, reiterara recientemente el carácter «multiusos» de la explanada.

Los problemas se le acumulan al Ayuntamiento de Gijón con la ubicación de la Semana Negra, ya que una sentencia judicial motivó el traslado del festival de El Molinón a la playa de Poniente. Un posterior acuerdo con los vecinos ocasionó un nuevo traslado a la playa de El Arbeyal. Ahora, los vecinos de La Calzada rechazan la continuación de la Semana Negra en ese lugar y aún no se sabe dónde ubicarlo.

Educación en tiempo de espera

Desde la Fundación Entreculturas y el Servicio Jesuita a Refugiados (SJR o JRS en sus siglas en inglés) se ha querido publicar este informe titulado Educación en tiempo de espera. Un derecho vulnerado para millones de personas refugiadas y desplazadas, con el objetivo de dar voz a las poblaciones refugiadas y aproximarnos a las experiencias que viven. La Fundación Entreculturas tiene como misión optar por la solidaridad hacia los más desfavorecidos y promover la educación como instrumento de cambio social y promoción de la justicia. Desde sus inicios ha tomado conciencia de la vulnerabilidad de las poblaciones desplazadas y ha asumido el trabajo del SJR como referencia en los servicios de asistencia a estas poblaciones. Año: 2010

Un grupo de vecinos interpone una demanda contra las futuras torres del área de Roces

El colectivo sostiene ante el Tribunal Superior de Justicia que «no está justificado» el cambio que permite edificios de 26 plantas donde estaban previstos de diez

La protesta vecinal contra las cuatro torres previstas en el área residencial de Roces ha llegado a los juzgados. Futuros residentes de este nuevo barrio gijonés, que se han constituido en plataforma para defender sus intereses, acaban de interponer una demanda formal ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Argumentan que el proyecto «no está justificado ni técnica ni jurídicamente».

La llamada Plataforma Roces Residencial Sostenible da así un paso más en la protesta que emprendió hace dos años, cuando se dio a conocer la iniciativa. Las torres introducen un cambio en el diseño de la urbanización de 3.700 viviendas que se está desarrollando al otro lado de la Ronda Sur. La entrada y la salida de esta nueva zona residencial aparecían enmarcadas, en los planos aprobados inicialmente, por sendos edificios de diez plantas, los dos con forma de arco. En su lugar, se levantarán cuatro bloques de 26 plantas cada uno.

Los vecinos que se sienten afectados por esta modificación urbanística acuden a los tribunales después de haber denunciado el asunto por vía administrativa ante diferentes instituciones. La plataforma incluso puso en marcha una campaña de recogida de firmas para tratar de recabar apoyos. Cuando la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) autorizó la construcción de las cuatro torres, el colectivo presentó un recurso contra su resolución.

La pasada semana, los argumentos de ese recurso se trasladaban al Tribunal Superior de Justicia de Asturias ya como demanda. El pleito enfrenta a la plataforma de Roces con la CUOTA y, por extensión, con la concejalía de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras. Pero también con el Ayuntamiento de Gijón; Sogepsa, la sociedad mixta que ha gestionado la creación del área residencial de Roces, y las tres empresas constructoras que promueven las polémicas torres.

Su proyecto se presentó públicamente en la Universidad Laboral con la presencia de autoridades locales y autonómicas. Justifican la nueva propuesta edificatoria alegando que «las puertas» previstas en el diseño original generan problemas de sombras.

Los hechos 

-Hace dos años, el Ayuntamiento y el Principado empiezan a tramitar un cambio de diseño en el área de Roces que implica construir cuatro torres de 26 plantas donde estaban previstos dos edificios de diez. Las constructores que lo solicitan alegan problemas de sombras.

-Los futuros vecinos del área residencial se constituyen en plataforma para evitar esta modificación urbanística. Su lucha llegaba la semana pasada al Tribunal Superior de Justicia de Asturias en forma de demanda. Aseguran que se les va a entregar un barrio distinto al que les vendieron inicialmente.

 

Los integrantes de la Plataforma Roces Residencial Sostenible advierten de que «se nos va a entregar un barrio muy distinto del que nos vendieron». Diferencia que atribuyen únicamente a las torres previstas en los extremos de la urbanización. «Nos sentimos engañados», señalan los futuros vecinos de un barrio que «nos presentaron como espacio de transición entre la ciudad y la zona rural».

Las futuras torres de Roces levantarán 97 metros del suelo, lo que en opinión de la plataforma causará «un gran impacto» en el entorno. «Meterán cuatro edificios como el de Bankunión en la zona rural», lamentan. Los promotores de los edificios, sin embargo, aseguran que su diseño será de vanguardia y convertirá el área de Roces en un hito arquitectónico de la ciudad. Para mostrarlo, organizaron una presentación pública en la Universidad Laboral a la que asistieron autoridades autonómicas y locales.

«Esta modificación no la mueve el general, sino el interés privado de unos constructores que no quieren sombras en sus pisos», reprocha la plataforma. El Principado y el Ayuntamiento, a través de Sogepsa, impulsaron la operación de Roces para poner en el mercado vivienda asequible. El 82 por ciento de los pisos, de hecho, está acogido a algún tipo de protección. Las torres figuran entre las pocas edificaciones que saldrán al mercado a precio libre y su sus solares -lotes 1 y 12- se ubican, además, en los puntos más estratégicos de la urbanización.

El falso estirón del Patronato

En tiempos de restas y signos negativos, el presupuesto del Patronato Deportivo Municipal para el año que viene se coloca a la cabeza del ranking presupuestario de empresas y entidades municipales, con una asignación de 10,68 millones de euros, que supone un incremento del 16,72% con respecto a los dineros que ahora mismo maneja la entidad que preside el concejal socialista José Ramón Tuero. Todo un estirón cuantitativo cuando el resto de sus hermanas y hermanos del entramado municipal tienen que ajustarse el cinturón y asumir rebajas que rondan, incluso, el 30% del presupuesto en vigor.

Pero la subida tiene truco. No se trata de un dinero para afrontar nuevos equipamientos, más subvenciones a clubes o ampliaciones en los programas de fomento deportivo. Son, simplemente, ajustes contables en el capítulo IV (transferencias corrientes) del presupuesto. Entre estos ajustes está el hecho de que ahora computan en las cuentas del Patronato una serie de subvenciones nominativas a entidades deportivas que hasta el momento venían reflejadas en el presupuesto municipal. Además, y ante la previsión de que se acaba el año en curso con el presupuesto muy ajustado, ya se han cuantificado más de 300.000 euros para premios en el Concurso de Saltos Internacional Oficial. Otros años, ese dinero se sumaba a posteriori a través de una modificación que incorporaba al presupuesto inicial los remanentes del año anterior. Otro poquito de esa subida tiene que ver con la obligación del Patronato de hacerse cargo del mantenimiento de dos nuevos equipamientos: la piscina de La Camocha y el pabellón de Ceares.

Suerte, aunque mucha menos, han tenido también los responsables del teatro Jovellanos y la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano (Emulsa), que han visto cómo sus presupuestos suben, respectivamente, un 1,04 y un 0,90%.

Ni frío ni calor en la Fundación de Servicios Sociales que repite presupuesto. Sus cambios no están en la cifra final -13,69 millones- sino en el reparto interno de ese dinero. La entidad ha reducido al máximo sus gastos de personal para trasladar ese dinero a programas que tienen una incidencia directa sobre las familias gijonesas a través de ayudas y subvenciones.

El resto de los presidentes de los consejos de administración de las empresas municipales han visto como un signo negativo se colocaba delante de la partida económica con la que moverse el año que viene. Casi todas las reducciones están vinculadas al capítulo de inversiones para poder garantizar a través del presupuesto corriente el mantenimiento de la estructura de cada entidad. Por debajo del 2% están las reducciones de los presupuestos del Centro de Transportes, la Empresa de Aguas y la Empresa de Transportes, y por debajo del 10% se computan los descensos en el Jardín Botánico, la Fundación de Cultura y el Centro de Empresas. ¿Quién se lleva la peor parte? La Sociedad de Turismo (-11,50%), Cementerios de Gijón (-12,39) y la Empresa de la Vivienda (-27%). Una rebaja que tiene que ver con el descenso inversor de la entidad una vez terminada su labor de promoción de vivienda con la construcción de un bloque en La Camocha. La empresa de Francisco Santianes centra en el reparto de subvenciones al alquiler de vivienda su estrategia política y social para el año que viene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andalucía como Síntoma

Andalucía como Síntoma

Francisco Sosa Wagner

16.11.2010

Debemos aprovechar la ocasión que brinda la manifestación que ha tenido lugar en Andalucía de miles de funcionarios pidiendo una Administración neutral y apolítica para recordar principios básicos que parecen eclipsarse. Lo de Andalucía no es además un fenómeno aislado. Antes al contrario, a mí me llegan desde todos los rincones de España denuncias graves que ponen de relieve hasta qué punto se está desmoronando nuestra función pública. La alegría -y la ignorancia- con la que algunos empiezan a defender el fin de la inamovilidad de los funcionarios públicos produce escalofríos. Era lo único que nos faltaba. Pero más alarma produce defenderla y luego escamotearla a través de la creación de sociedades, fundaciones, organismos y otras miasmas que convierten al personal de las Administraciones en rehén de quienes ostentan el poder político. Ha sido muy difícil históricamente llegar a disponer de personal técnicamente cualificado. De la venta de oficios, propia del Antiguo Régimen, se pasó a un sistema de elección en los comienzos de la revolución liberal. Los empleos municipales fueron precisamente un ejemplo de ello a partir de la obra de los doceañistas. El esfuerzo de algunas mentes lúcidas, ya en el siglo XIX, fue construyendo el camino hacia la profesionalidad entre los servidores del Estado. Nombres como los de José Posada Herrera, quien se lamentaba de que el ministro tuviera que vivir aherrojado “entre el expediente y el pretendiente”, o el de Juan Bravo Murillo han de ser inscritos entre los defensores de una Administración pública edificada sobre la neutralidad de la técnica y la imparcialidad de los conocimientos. Aunque pocos logros consiguieron. Ya en el siglo XX es Antonio Maura quien instaura prácticas tímidas destinadas a obstaculizar el recurso al “cese” fulminante cuando había un cambio político. En la inolvidable novela de Pérez Galdós “Miau” se hace un retrato demoledor de esa sociedad en la que el empleado público vivía atemorizado por los vaivenes de la política, por pequeños que estos fueran. La II República, que algunos tanto añoran en la actualidad, apenas si se ocupó de la función pública y fueron precisamente los secretarios e interventores quienes sufrieron sucesivas y gravísimas “depuraciones” al hilo de las mudanzas que propiciaron, primero las elecciones de 1933 (con un Partido Radical ávido de cargos en pueblos y villas) y luego las de febrero de 1936 (con un Frente popular dispuesto a la revancha sin contemplaciones). En mi libro “Juristas en la Segunda República” (2009) he tratado de probar estas afirmaciones. En la dictadura de Franco se pasa de la politización extrema (depuraciones y fusilamientos) a lo que se ha llamado el “enfriamiento tecnocrático”, esto es, un intento de despolitización y profesionalización, en parte logrado. La democracia no ha sabido dar con su propio modelo, llenos como estaban algunos partidos políticos y no digamos los sindicatos de prejuicios hacia los funcionarios. Se abre entonces la vía -pronto generalizada- de la laboralización que permitió contratar sin pruebas públicas a miles de empleados. Tenemos un Estatuto aprobado por ley y se nos ha amenazado con 17 leyes de funcionarios, una por Comunidad autónoma. Mayor festín legal es imposible. Pero la perversión más peligrosa viene ahora por el camino de los entes instrumentales al servicio de las Administraciones y al servicio del clientelismo descarado que se practica desde la esfera política. La bandera a levantar es muy clara y está fijada en la Constitución: principio de mérito y capacidad. Reglados los ingresos, los ascensos, las retribuciones... Cuanto menor sea la discrecionalidad en este ámbito, mejor. Y la igualdad de los ciudadanos a la hora de acceder a un puesto público en el frontispicio. No hay nada que inventar. Todo consiste en ser consecuente con los principios constitucionales. Algo tan simple pero, a lo que se ve, tan difícil...

Elecciones municipales

Tiene que rectificar Juventino Montes en el artículo publicado hoy en El Comercio (pinchar). En UPyD hay elecciones primarias para designar candidatos a las elecciones. Se puede presentar a ellas cualquier afiliado sin necesidad de avales ni cuotas; sólo con que se esté al corriente de pago y se tenga una antiguedad de seis meses. Y así ha sido ( y es ) en los diferentes procesos que se están celebrando por toda España. para las autonómicas y municipales del 2011.

Inversiones a dieta

R. VALLE
La Empresa Municipal de Aguas (EMA), con una partida que supera los ocho millones de euros, tiene una más que destacada incidencia dentro del menguado presupuesto inversor municipal para el año que viene. Ayuntamiento, organismos autónomos y empresas municipales aúnan un total de 29,5 millones en su suma de inversiones y transferencias de capital para el año que viene. La misma suma dio un resultado de 71 millones en el ejercicio presupuestario del año 2009. La situación de crisis ya se notó en este 2010 con una capacidad inversora municipal de poco más de 53 millones de euros, que se logró estirar hasta 87 millones gracias a las aportaciones extraordinarias de los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y de Vicente Álvarez Areces en sus, respectivamente, planes «E» y «A» contra la crisis. Para el año que viene no hay fondos extraordinarios ni milagros. Simplemente, poco dinero para invertir y un presupuesto a dieta de mantenimiento para afrontar un año electoral.

Así las cosas, la fuerza inversora del entramado municipal se traslada a las empresas municipales. Y eso que también bajan. La EMA salta de los 10,2 millones de este año a los 8,3 del año que viene. Un dinero que se irá, en sus partidas más importantes, a las anualidades correspondientes del desdoblamiento del interceptor del río Piles, las obras de abastecimiento y saneamiento en Güerces, el saneamiento de Veriña, la mejora de la toma de Cadasa con la estación de tratamiento de La Perdiz y la renovación de la red de agua en La Calzada y Nuevo Gijón.

El final de las obras de construcción de sus pisos en La Camocha es la razón de que la Empresa Municipal de la Vivienda tenga una reducida cuenta inversora de poco menos de medio millón de euros cuando este año contaba con 2,4 millones. También pierde dos millones de inversión la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano. Emulsa cubrirá su 2011 con 2,6 millones de euros que le dan para comprar maquinaria de limpieza urbana (400.000 euros) y de jardines (414.000 euros) y un plan de gestión de residuos (1,2 millones). Las inversiones en la Empresa Municipal de Transportes (Emtusa) se mantienen. El presupuesto de 1,5 millones de euros va casi en su integridad a comprar tres nuevos autobuses articulados.

¿Qué inversiones hay en el presupuesto estrictamente municipal? Las justas. Frente a los casi 35 millones del documento de 2010 ahora se contabilizan menos de 12 millones de euros en el anexo de inversiones del Ayuntamiento para el próximo año. Pocos son los epígrafes millonarios de esa partida. De hecho, casi sobran los dedos de una mano para contarlos. Los proyectos urbanizadores, que incluyen el remate de las actuales avenidas en proceso de remodelación, se llevan 1.087.400 euros y la primera fase de la segunda anualidad de la construcción del complejo asistencial de El Natahoyo -donde irán el Albergue Covadonga, Proyecto Hombre y Calor y Café- tiene una consignación de dos millones de euros. Otra pizquita millonaria se encuentra en el programa de acción social donde el Programa Innovador de Mejora de la Empleabilidad (PIME) tiene una consignación inversora de 2,4 millones de euros.

El siguiente escalafón económico incluye, por ejemplo, una reserva de medio millón de euros para rematar la remodelación de El Molinón, otro tanto para mantener las escuelas taller y 600.000 euros para poner en marcha el único proyecto novedoso en el papel, aunque no en la planificación: la escuela de bebés de Roces.

Mucho menos rimbombantes son las reservas económicas para proyectos con nombre y apellidos en los barrios como los jardines de La Arena, los puentes de Moreda, el centro de mayores de Contrueces, la cubierta del Colegio de Tremañes, el mobiliario de la piscina de La Camocha o el albergue de animales de Serín. A ello se une que el programa de distritos ha quedado reducido a 600.000 euros a repartir entre los seis consejos que gobierna esa ciudad. Ese programa nació al inicio de esta legislatura con una dotación de un millón de euros por consejo de distrito para apoyar la participación vecinal en la elaboración de los presupuestos y la autonomía de los vecinos a la hora de elegir el destino de esos dineros.

Y, como todo baja, también lo hace la dotación para los programas que subvencionan el arreglo de fachadas y la colocación de ascensores: cuatro millones.

Volvemos a «Inilandia»

Los ingresos de cuarenta de cada cien asturianos provienen de las arcas públicas, según un estudio de la patronal. La hucha está exhausta. Toca estancamiento para rato. En este escenario, esta dependencia resulta suicida: ¿de dónde va a salir el dinero?, ¿hasta cuándo podremos mantener una situación semejante? Para acabar con los desequilibrios necesitamos austeridad, reformas... pero, por encima de todo, más actividad que aumente el empleo y, por ende, la recaudación de las administraciones para entrar en un círculo virtuoso. Eso sólo será factible facilitando las cosas para que los habitantes de esta región se conviertan en emprendedores y puedan exhibir aquí la misma capacidad de iniciativa que demuestran lejos de su entorno.

A finales de septiembre el número de trabajadores públicos de Asturias, 74.443, superó al de empresarios y autónomos, 73.558. El Principado recorta su Presupuesto y pese a ello, sin que los sindicatos lo hubieran reivindicado, está dispuesto a hacer fijos a casi 3.000 contratados temporales, cargando de por vida con ese coste. Puede entenderse la descompensación laboral entre lo público y lo privado consustancial a las crisis por el retraimiento de los empresarios. Puede que aunque todas las autonomías estén engordando plantillas de manera irresponsable hasta esos nuevos funcionarios sean necesarios; pero aferrarse a la capacidad empleadora de la Administración para sortear la galerna es un engaño temerario.

Los recursos de cuatrocientos mil asturianos, entre trabajadores, jubilados, parados y subsidiados varios, dependen de la caja común, estatal o autonómica, según un análisis de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) desvelado el pasado domingo por LA NUEVA ESPAÑA. Esta abultada nómina sólo puede admitirse como una emergencia transitoria. Para no hipotecar más Asturias hay que revertir pronto la situación. Pronto resultará inabordable. En funcionarios, parados y subsidiados el Principado tiene porcentajes similares al resto del país. En pensionados se destaca con muchísima diferencia, consecuencia lógica de una población envejecida como ninguna otra y de un voluminoso sector industrial laminado sin traumas a base de prejubilaciones. Buena parte del nivel de vida de Asturias reposa en la renta de este colectivo, que ya equivale al 15% del PIB regional. Pagamos la última factura de la reconversión. El tiempo apremia. Las prejubilaciones masivas no son la alternativa ideal, lo estamos comprobando. Prolongarlas adormece el riesgo individual y convierte en improductivos a operarios en su madurez laboral.

Seamos realistas, no hay para todo. La era del ladrillo tal como la conocimos se acabó, y con ella el espejismo de un desarrollo a toda mecha y las recalificaciones como instrumento rápido e indoloro de acopiar fondos. En cuanto a disponibilidad dineraria se refiere, la cosa sólo puede ir a peor, con Cataluña y su porcentaje de inversión estatal garantizado llueva o truene, con las comunidades forales engrosando su financiación privilegiada, con una Andalucía, granero electoral, mimada con esmero y con pujas inmorales, como la de estos días, para aprobar el Presupuesto. El País Vasco es la región con menos paro de España. Por prestar sus votos nacionalistas para salvar a Zapatero recibirá sólo para promoción de empleo tanto dinero como el Principado en infraestructuras.

Depender del erario público siempre acaba resultando un mal negocio. Bien lo experimentó Asturias, a la que le costó un potosí sacudirse del efecto pernicioso de las empresas estatales, imprescindibles durante una época para el despegue de España y ruinosas más tarde por estar volcadas en sectores ineficientes. No podemos caer ahora en la trampa de convertirnos por una vía alternativa otra vez en «Inilandia», aquellos años en los que el bienestar de 60.000 familias de esta tierra se cocinaba en la sede madrileña del Instituto Nacional de Industria (INI).
Si las administraciones no normalizan pronto su recaudación, no hay Presupuesto social, ni subsidios de paro, ni pensiones, ni salarios básicos, ni inversiones que valgan. El aumento de ingresos y la disponibilidad de recursos, la sostenibilidad del sistema, en definitiva, sólo llegará con el crecimiento económico. La tasa de actividad de Asturias, el porcentaje de ciudadanos que están en edad de trabajar respecto a la población total, es la más baja de España. La tasa de empleo, el porcentaje de personas ocupadas sobre la población activa, es la menor del país, tras Extremadura. Ahí es donde hay que remangarse, no en perseguir momios.

Para crecer, para crear empleo, no necesitamos al Estado o a la comunidad autónoma como contratistas: necesitamos emprendedores. Cuantos más, mejor. Cualquier opción basada en el paternalismo, el proteccionismo y la subvención no los fomenta. Los empresarios tienen que recuperar un papel protagonista en la economía asturiana por su obra, no convertirse en cabezas de turco. Los expertos calculan que hay que promover 100.000 nuevos puestos de trabajo para que Asturias empiece a volar. A ver quién de una vez da un giro radical a la política económica y se atreve a prometerlos.

¿Qué Asturias queremos? Después de entregarlo todo para salvar bancos y haciendas, la columna vertebral, los gobiernos mundiales están virando. Dan mayor responsabilidad al individuo que a las instituciones, proponen menos ayudas y más mercado. Por ahí hay que avanzar.
La industrialización llegó en el siglo XIX de la mano de ilustres apellidos extranjeros que perviven en la memoria. Las empresas estatales, de todos los tamaños y colores, recogieron el testigo en el XX, primero por razones estratégicas, luego sociales. Con apenas una década transcurrida del XXI repetir el error y retornar a la casilla de salida de la que tanto luchó la región por alejarse es una forma tan estúpida como segura de fracasar. Los asturianos necesitan tomar de una vez las riendas de su destino económico.